El futbol no sólo es un lucrativo negocio para quienes compran jugadores y equipos, los patrocinan o hacen apuestas en su nombre, sino también para quienes, a través de estas vías, lavan dinero. La escasa vigilancia de los organismos que aglutinan a las escuadras nacionales y la limitada acción de las autoridades favorecen la intromisión de delincuentes que buscan legitimar ganancias provenientes de actividades ilícitas al amparo del deporte más popular del mundo. Cuando un propietario de un club es investigado o descubierto, la Femexfut rescata el negocio: compra el equipo. El despacho de Fernández de Cevallos, ligado a empresarios del futbol sospechosos de lavar dinero

Una demanda interpuesta por Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos, SA de CV –razón social del club Querétaro–, en contra de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), confirma que los directivos del balompié en México adquirieron ese equipo de la primera división el 26 de junio de 2004, cuando pesaban sobre sus dueños investigaciones por lavado de dinero.

Fuentes de la propia Femexfut, que solicitaron mantener bajo reserva sus nombres, señalan que la organización adquirió el equipo ante la posibilidad de que los propietarios del club fueran encontrados culpables.

El documento –del cual Contralínea posee copia– revela, además, que el despacho de abogados que defendió los intereses del equipo sospechoso de lavar dinero fue el del panista Diego Fernández de Cevallos, quien hasta el cierre de esta edición se encuentra “desaparecido”.

En 2004, el escándalo de los videos en los que Carlos Ahumada Kurtz aparece entregando dinero a funcionarios del gobierno del Distrito Federal puso al empresario argentino en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR) por la posible utilización de sus equipos de futbol, León y Santos Laguna, para lavar dinero.

Las pesquisas de la PGR se extendieron a otros equipos, entre ellos el club Querétaro, cuyo propietario, Jorge Vázquez Mellado Zolezzi, fue señalado por tener vínculos con el narcotráfico colombiano, de acuerdo con un reportaje del semanario Proceso del 16 de octubre de 2008.

“Bajo la sospecha de que el narcotráfico había extendido sus redes” a los clubes Querétaro e Irapuato, la Femexfut “decretó la desaparición de ambas franquicias”, refiere el texto de Raúl Ochoa y Francisco Castellanos. Varios medios de comunicación consignaron que el organismo, entonces presidido por Alberto de la Torre Bouvet, había obligado a los dueños de dichos clubes a venderle sus equipos.

La demanda interpuesta por Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos, SA de CV, en contra de la Femexfut por incumplimiento en el pago de los derechos cedidos, confirma que dicha transacción se llevó a cabo el 26 de junio de 2004.

Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga al club Indios de Ciudad Juárez, por sus nexos con el narcotráfico y su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ése sería otro caso que ha generado sospecha a las autoridades federales.

De Colombia a Querétaro

A Jorge Vázquez Mellado se le vinculó con el colombiano Geovani Morantes de Ávila, quien bajo el nombre de Paul Solórzano Lozano se dedicaba a promover futbolistas de su natal Colombia. Uno de ellos fue el exjugador del club Necaxa, Carlos Álvarez Maya, detenido en julio de 2003 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba salir del país rumbo a Bogotá con más de 1 millón de pesos de contrabando.

Morantes de Ávila era investigado por la PGR y la Policía Nacional de Colombia por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pues se le asociaba con el capo colombiano Jorge Mario Ríos Laverde, detenido un año atrás en la capital mexicana.

De acuerdo con una nota del diario El Siglo de Durango, del 29 de julio de 2004, Morantes de Ávila habría sido el encargado de liquidar a los jugadores despedidos del equipo queretano cuando éste fue adquirido por Vázquez Mellado. La nota refiere que incluso una persona de nombre Thelma Herrera, quien supuestamente representaba a algunos de los jugadores, señaló que fueron los hermanos Jorge y Alejandro Vázquez Mellado quienes la presentaron con el colombiano durante una reunión para arreglar la situación del equipo.

Esa conexión fue la que guió las pesquisas de la PGR hacia el club Querétaro, antes de que la Femexfut, entonces presidida por Alberto de la Torre Bouvet, decidiera su desaparición de la Primera División, junto con la del club Irapuato, cuyo accionista mayoritario presuntamente era Tito Uribe Boeta, operador financiero de Ahumada Kurtz, de acuerdo con la investigación de Proceso.

Como consta en el expediente 374/2009 del Juzgado 56 Civil del Distrito Federal –del cual Contralínea posee copia–, Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos, SA de CV, era presidida por Jorge Vázquez Mellado Zolezzi al momento de la cesión de derechos de afiliación a la Femexfut.

En ese mismo expediente figura como apoderado legal de la empresa Arturo Germán Rangel, miembro del despacho jurídico de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general, y del que también es socio Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial y exlegislador panista, que varias veces ha sido acusado de supuesto tráfico de influencias.

Germán Rangel, quien actualmente ostenta el cargo de subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR y que fue coordinador de las investigaciones en el caso Colosio, cuando Lozano Gracia estaba al frente de esa dependencia, también se vio envuelto en el escándalo de las grabaciones entre varios políticos para “gestionar” la liberación del empresario Fernando García Zaldivea, acusado de nexos con el cártel de Juárez (Contralínea 24).

Respecto de la investigación que llevó a cabo la PGR por la supuesta utilización de los equipos de futbol para lavar dinero, el extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Marmolejo García, dice que ésta concluyó pero “no en una responsabilidad para los clubes”. Asegura, además, que la salida de los equipos de Irapuato y Querétaro de la Femexfut no tuvo nada que ver con dicha investigación.

Cuestionado sobre la vulnerabilidad del futbol para servir como vehículo de blanqueo de capitales, Marmolejo García señala que la popularidad de dicho deporte lo hace un negocio “exageradamente lucrativo”, con lo que hay un riesgo latente de que todo el dinero que ingresa a los clubes sea “mal habido”.

Por ello, advierte que la responsabilidad de que recursos de procedencia ilícita lleguen a los equipos de futbol recae en sus dueños y accionistas, pues son ellos quienes “saben conscientemente de dónde está saliendo el dinero”.

Deporte vulnerable, negocio lucrativo

Si bien toda la industria del deporte resulta atractiva para el blanqueo de capitales, el amplio alcance de las transacciones monetarias relacionadas con el futbol y el aumento en la cantidad de personas involucradas en él obligan a prestarle mayor atención, advierte el informe Lavado de dinero en el sector del futbol, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Señala también que las diversas fuentes de afluencia de dinero involucran una gran variedad de transacciones financieras, lo que eleva el riesgo de la legitimación de activos en el ámbito futbolístico, toda vez que éstas escapan al control de las organizaciones locales y nacionales de futbol.

Capaz de convocar al 15 por ciento de la población mundial en el partido final de la Copa del Mundo 2006, el futbol profesional es un mercado que ha experimentado un significativo crecimiento desde la década de 1990. De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Futbol Asociación, existen 38 millones de jugadores agrupados en más de 300 mil clubes en todo el mundo, lo que lo convierte, por mucho, en “el deporte más grande del mundo”.

Amén de la circulación de elevadas sumas de dinero que se pagan por patrocinios, derechos de imagen o por la compra de jugadores –que llegan a ser “irracionales” de tan altas–, se encuentran los propietarios de clubes, promotores de jugadores, representantes y patrocinadores que componen una intrincada red de intereses “propicia para el ocultamiento de la actividad fraudulenta”, señala el informe del GAFI.

A ello se le suma la falta de transparencia respecto del financiamiento de los clubes de futbol, que lo mismo afecta a los niveles más bajos de ese deporte que a los clubes más importantes del mundo, y que ha provocado que la titularidad de éstos sea considerada una “zona de riesgo”.

Los jugadores están, además, sometidos a vulnerabilidades como su propia inexperiencia, que al estar mal asesorados podrían fácilmente ser objeto de negocios “turbulentos”, considera el GAFI.

Vigilancia insuficiente y limitada

El maestro Jorge Romo, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señala que la incursión del lavado de dinero en el ámbito del futbol se ve favorecida desde el marco legal, pues el Código Penal Federal contempla el delito con un matiz financiero, “pero las organizaciones delictivas, al ver que se ponen candados en el sector financiero, buscan otros sectores para poder lavar dinero”.

En su opinión, las instituciones de inteligencia financiera deberían contar con mayores facultades para poder recibir o centralizar información de cualquier sector al que se pueda vincular con el lavado de dinero, “y de esta manera ir creando estándares en otros sectores para que haya un control y una forma mejor de tratar de prevenir este ilícito”.

Marmolejo García señala que la autoridad no tiene injerencia para prevenir que se cometan este tipo de ilícitos al amparo de los jugadores o equipos de futbol, ya que se trata de una cuestión entre particulares.

“Es riesgoso, pero jurídicamente no lo puedes implementar, no te puedes meter en la esfera jurídica de un particular”, reconoce. La respuesta del otrora responsable de investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita es contundente: no se puede monitorear de forma alguna a este tipo de organizaciones.

CONTRALÍNEA 185 / 06 DE JUNIO DE 2010