Pocos cambios podemos esperar en materia de seguridad en la siguiente administración pública federal, que comenzará el 1 de diciembre. Si Enrique Peña Nieto mantiene la plataforma de seguridad que mencionó en su campaña por la Presidencia de la República, lo que tendríamos sería una política cercana a la que inició Ernesto Zedillo durante su administración, de 1994-2000, la última priísta antes de los 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional.
De acuerdo con su Estrategia Nacional para Reducir la Violencia, la política de seguridad de Peña Nieto mantendría el uso de las Fuerzas Armadas para afrontar los problemas de seguridad pública, tal y como lo han venido haciendo los gobiernos federales, estatales y locales de todos los partidos políticos en los últimos 18 años. En ese sentido no habría ningún cambio.Aún no sabemos, sin embargo, con qué intensidad usaría Peña Nieto a los militares, pero podemos decir con seguridad que eso no depende totalmente del presidente en turno, sino de los límites presupuestales, de la inercia institucional y de los proyectos propios que siguen cada una de las Fuerzas Armadas.
Peña Nieto dijo en campaña que seguiría usando a los militares en tareas de seguridad pública en tanto no hubiera policías capacitados para el combate a la delincuencia organizada, pero mencionó dos elementos que, según el candidato, marcarían la diferencia con la política del gobierno actual: la estrategia sería construida en acuerdo con la sociedad civil organizada y con los diferentes niveles de gobierno; y segundo, estaría enfocada en reducir los secuestros, la extorsión, los homicidios y la trata de personas.
Ya veríamos efectivamente qué tanto consultaría el siguiente gobierno a la sociedad civil organizada y qué peso específico tendría ésta en la definición de las políticas de seguridad, sin embargo la inclusión de voces de la sociedad civil no fue extraña ni en el gobierno de Zedillo ni en el de Vicente Fox. Ambos gobiernos abrieron un espacio de diálogo en el que las organizaciones de derechos humanos tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista respecto de las políticas de seguridad y hacer propuestas. Sin embargo, los mecanismos de contacto entre sociedad civil y gobierno, que ya incluían a representantes militares, no tenían una vía clara para garantizar el impacto en las políticas públicas.
Común a los candidatos que sólo expresan ideas generales como frases de campaña, pero nunca explican cómo lo lograrían, Peña Nieto no mencionó en su discurso cómo aseguraría que la sociedad civil tenga una participación efectiva, más allá de la que experimentaron Zedillo y Fox con resultados magros.
El nombre de su estrategia apuntó al intento de enviar un mensaje a una sociedad que se sintió agraviada por la ola de violencia que desataron las políticas de seguridad del gobierno que está por concluir. Esa idea, la de reducción de la violencia, coincidía con el deseo de amplios sectores de la sociedad afectados por el homicidio, el secuestro y la extorsión. Sin embargo, la vaguedad de la propuesta no garantiza más que la de una frase de campaña sin intenciones ni planes realistas de cumplirla.
Los lineamientos generales de la plataforma de seguridad de Peña Nieto incluyeron al mismo tiempo un guiño a las Fuerzas Armadas, pues el candidato dijo que estaba en desacuerdo con las ideas de unificar a las Fuerzas Armadas, crear una secretaría única y nombrar a un civil como secretario de Defensa. Siguiendo la tradición priísta, esas afirmaciones de campaña nos indican que Peña Nieto tampoco está dispuesto a tocar las prerrogativas militares: no habrá cambios significativos a la organización ni distribución territorial militares, ni tampoco a los sistemas de administración de la justicia militar.
Al mismo tiempo, el candidato priísta no pudo evadir el lastre gubernamental de la falta de una reforma policial que devuelva a los policías las tareas de seguridad pública y a los militares sus tareas de defensa nacional. Peña Nieto rechazó la idea de crear una policía única que agrupe a las policías de todos los niveles de gobierno, pero dijo que duplicaría el número de efectivos de la Policía Federal y crearía un cuerpo militarizado de policía encargado de combatir a las bandas de la delincuencia organizada.
El modelo de una entidad intermedia entre los militares y los policías ha sido ensayado con éxito en algunos países de América Latina, como Colombia o Chile. Sin embargo, esos países lo lograron tras salir de periodos de intensa violencia y empezar una reforma profunda a sus sistemas de seguridad tanto pública como nacional.
Peña Nieto no detalló su propuesta y sólo dijo que crearía una gendarmería nacional de origen militar, pero con mando civil. El antecedente más reciente a un cuerpo intermedio es el de la formación de la Policía Federal Preventiva con brigadas de la policía militar, dependientes de la administración militar, pero ubicadas en una cadena de mando encabezada por un civil, el secretario de Seguridad Pública.
Peña Nieto tendría que analizar con mucho detalle la experiencia de la Policía Federal Preventiva, pues la creación burocrática de una nueva entidad de seguridad, sin ser acompañada de una estrategia real ni de los recursos presupuestales necesarios, puede derivar en la deserción masiva, tal y como ocurrió con la mayoría de los miembros de origen militar de la Policía Federal Preventiva.
Además de la gendarmería nacional, Peña Nieto propuso otra entidad, un centro nacional de comando y control que coordinaría todos los recursos policiales y militares del país en tiempo real. Aunque una entidad así posibilitaría eficacia y rapidez en la administración de los recursos de fuerza del gobierno, su creación requeriría disminuir las rivalidades burocráticas que han detenido intentos similares en el pasado. El expresidente Vicente Fox intentó crear un sistema unificado de inteligencia a través del consejero de Seguridad Nacional, pero pronto abandonó la idea tras conocer la resistencia de las Fuerzas Armadas a compartir la información de inteligencia militar con otras agencias menos confiables.
Para que el nuevo gobierno monte una estrategia realmente efectiva y cercana a las aspiraciones de la sociedad, tendría que vencer primero esas rivalidades internas en los cuerpos de seguridad y trabajar en una disminución efectiva de las prerrogativas militares y navales, así como en la construcción de una estrategia de seguridad nacional, de la que se desprenderían entonces la estrategia militar y la policial, así como de las entidades mixtas y de coordinación interinstitucional.
Peña Nieto habló de mejorar las condiciones de vida de la población como parte de su política de seguridad. Pero eso también implicaría presentar una propuesta de presupuesto que privilegie las capacidades de desarrollo social y anticorrupción del gobierno, así como las de impartición de justicia, antes que seguir reforzando el presupuesto de entidades policiales y militares enfrascadas año con año en una pugna interinstitucional por los recursos públicos.
Sin esas transformaciones, la estrategia del nuevo gobierno quedaría prácticamente reducida a esfuerzos infructuosos que podrían ser aprovechados de nueva cuenta por los grandes grupos de la delincuencia organizada para realizar una redistribución nacional del poder criminal.
Disminuir la violencia que afecta a la sociedad civil implicaría afectar dramáticamente las capacidades que ya tiene la delincuencia organizada y sobre todo minar su voluntad de dañar tanto a las organizaciones criminales enemigas como a las fuerzas gubernamentales que se le oponen. Esa tarea no será posible sin una reforma profunda de todo el aparato de seguridad mexicano y sin una nueva jerarquización de prioridades en el combate a la delincuencia.
El Congreso mexicano, los partidos políticos, la sociedad civil, los gobiernos federal y estatales tendrían que trabajar conjuntamente para que una reforma así fuera posible. Hasta el momento, dados los enconos políticos que ha levantado la elección federal y las sospechas de fraude, ese trabajo apartidista unificado por el interés nacional se antoja difícil de empezar y prosperar. Ojalá hubiera motivos de optimismo. Lamentablemente no los hay.
Lo que tenemos por delante es la probabilidad de tener un arranque del nuevo gobierno lleno de medidas espectaculares, al estilo de Carlos Salinas de Gortari, realizadas por un gobierno ansioso de legitimidad, pero vacío de propuestas propias y de voluntad para realizarlas. No esperemos una mejoría sustancial de la seguridad en el próximo gobierno. Tengamos presente que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional hicieron una pausa de 12 años y ahora están dispuestos a seguir con las mismas políticas del pasado reciente.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington
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Fuente: Contralínea 295
