Los tres principales partidos políticos en México preparan un “gran acuerdo nacional”, en el que empleo, seguridad y justicia serían los ejes básicos. Desde luego, los acuerdos son indispensables para superar conflictos, pero deben partir de puntos de convergencia que, por ahora, son inexistentes. Y no ya entre los propios partidos, sino en la sociedad, tan dividida por una lucha de clases cada vez más violenta por las ambiciones de los sectores más privilegiados, y favorecida por una política económica deshumanizada y ajena a los intereses fundamentales de todo el país.
En conferencia de prensa, Pedro Joaquín Coldwell, exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y actual secretario de Energía, dijo: “La lectura que hacemos los priístas es que la sociedad quiere que nos pongamos de acuerdo en temas fundamentales (…)”. Lo que en realidad quiere la sociedad es que los políticos dejen de actuar como individuos carentes de principios, ética, sentido de patria y convicciones democráticas. ¿Qué acuerdo por México pueden concretar quienes no tienen una mínima disponibilidad de sacrificar unos pocos de sus privilegios? Para que fuera creíble, tal acuerdo tendría que partir de un elemental respeto a la sociedad, lo que no se mira por ningún lado.
Dice Manlio Fabio Beltrones: “Los mexicanos estamos cansados de tantas riñas y, sobre todo, de las riñas entre políticos; lo que queremos es que acuerden, que concilien, que lleguen a la concordia, construyan y nos garanticen progreso”. Le asiste la razón, sin embargo, no se vislumbran cambios que pongan fin a la inmadurez proverbial de los políticos mexicanos, con alguna que otra excepción. Tampoco existen condiciones para conciliar discrepancias históricas.
Es un hecho incuestionable que la clase política mexicana padece la enfermedad infantil de sentirse superior al resto de la sociedad. Tal actitud no es exclusiva de la derecha, pues también entre la izquierda política se ha visto una proclividad a tomar actitudes de soberbia inexplicable. Se entiende que entre los priístas haya quienes hacen gala de tal comportamiento, luego de 7 décadas de estar encaramados en posiciones de poder. Lo mismo podría decirse de los conservadores del Partido Acción Nacional, cuya mentalidad aristocrática es inherente. Pero no hay justificación alguna para que también políticos de izquierda se dejen llevar por la inercia de los privilegios y la impunidad.
No se observan condiciones para que los priístas, de nuevo en el poder, vayan a actuar con el ejemplo; no, desde luego, porque quien encabeza el gobierno federal desde el 1 de diciembre carece de sensibilidad social, como lo delata su biografía. Es muy difícil que de la noche a la mañana la gente cambie radicalmente, así que en vez de acuerdos surgidos mediante la negociación y el entendimiento, lo que veremos en los próximos meses será la típica manera de proceder del político mexicano con poder: ejercerlo según sus particulares conveniencias.
Los acuerdos entre la clase política son parte sustantiva de una democracia, pero los mexicanos estamos muy lejos de vivir en un verdadero sistema democrático. El pueblo sigue siendo un ente invisible que nadie toma en cuenta a la hora de las decisiones fundamentales para el Estado. Sus “representantes” se olvidan de cumplir su responsabilidad en cuanto pisan la cámaras de Diputados y de Senadores y demás cargos de representación, y comienzan a verse a sí mismos como miembros de una casta privilegiada que está muy por encima de sus “representados”, con alguna que otra excepción a la regla, como los casos paradigmáticos en la legislatura pasada de Fernández Noroña y Jaime Cárdenas, entre algunos otros.
Para que los acuerdos entre diferentes fuerzas sociales y políticas funcionen, deben partir de una base mínima de igualdad y de respeto, otra cosa inexistente en nuestro país. En realidad, lo que está proponiendo el Partido Revolucionario Institucional a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática es que acepten secundar sus iniciativas en el Congreso de la Unión, ponerse de acuerdo en lo oscurito sobre los mecanismos para sacar adelante reformas y leyes que convengan a la derecha en el poder (o a la clase política en general). De hecho, para los panistas no es ningún sacrificio apoyar a los priístas, sino un favor que se les presta y por el cual deben ser recíprocos. La sentida traición proviene de la “izquierda”, porque facilita el trabajo sucio a los enemigos naturales de las clases populares.
Así lo entiende claramente Martí Batres, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al afirmar que “la ruta por la que avanza tal consenso (el acuerdo priísta) implica afectar a la población”. Tal afectación sería terrorífica si se empeñan en sacar adelante las famosas reformas estructurales: privatizar Petróleos Mexicanos y resarcir la pérdida presupuestal con un aumento al impuesto al valor agregado, extendido a medicinas y alimentos. Así se estaría abriendo la puerta a una injusticia de muy graves repercusiones sociales, que la oligarquía justificaría al decir que se trata de un acuerdo al que se sumó la “izquierda”. Por eso la izquierda verdadera, no traidora, es necesaria en un sistema político como el nuestro.
*Periodista
Fuente: Contralínea 315 / diciembre de 2012
