La nueva ley antilavado, que entrará en vigor en junio próximo, llegó con 12 años de retraso. Hasta ahora, la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que libra el gobierno federal carece de marco normativo para combatir el ilícito que mantiene en auge a la industria criminal
En junio próximo entrará en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012.
En el International narcotics control strategy report 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que “bajo esas nuevas reglas, los casinos, notarios, abogados, contadores, joyeros, agentes inmobiliarios, organizaciones sin fines de lucro, empresas de transporte de automóviles blindados, servicios de blindaje, empresas de construcción, comerciantes de arte y las instituciones no bancarias que ofrecen tarjetas de crédito de prepago, servicios de tarjetas o cheques de viajero estarán sujetos a los requisitos de conocimiento del cliente”.
La doctora Mireille Roccatti, profesora emérita del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, explica que en 2000, al firmar la Convención de Palermo, México se comprometió en el seno de la Organización de las Naciones Unidas a combatir el lavado de dinero. No obstante, indica, “nos tardamos 12 años en poder promulgar la ley. Entonces queremos que se aplique y que realmente se combatan estas acciones delictivas”.
En efecto, fue hasta el final del sexenio de la “guerra contra el narcotráfico” cuando se publicó la ley antilavado, que ni siquiera entró en vigor de inmediato.
“La ley aprobada es fundamentalmente restrictiva: de lo que se trata es de limitar la acción de los agentes económicos con la finalidad de regular con mayor precisión a las entidades más susceptibles de ser utilizadas como conductos de legitimación de dinero de procedencia ilícita. [Pero] todavía no podemos apreciar el grado de efectividad en cuanto al combate”, opina el maestro en ingeniería financiera Jorge Retana Yarto.
Para José Luis Marmolejo, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se debe dar mucha difusión la nueva ley, además de capacitar al personal que la va a aplicar.
“Estamos partiendo de que la Procuraduría [General de la República] que le dejaron al señor procurador [Jesús Murillo Karam] está totalmente desmembrada y sobre todo el área que se encarga de ver delincuencia organizada. El reflejo es que hasta ahora no tiene un titular designado y obviamente no puede quedar acéfala por tanto tiempo: es un área trascendental para la Procuraduría, independientemente de la mala actuación que haya tenido en el sexenio que terminó.”
⇒ Parte III: Ley antilavado: 12 años de retraso
Fuente: Contralínea 329 / marzo 2013
