Dice John Dos Passos en su novela La primera catástrofe (1919): “Un orador hablando desde la Cámara de una república perdida que nunca había existido”.     

Nostálgico del sistema presidencialista fuerte, omnímodo, desde la máxima tribuna de la llamada república, un orador evoca la rehabilitación de la potestad rectora del Estado perdida durante la pesadilla teocrática panista, abyectamente entregada al vasallaje y la rapiña de los grupos de poder internos y externos, en particular de los oligárquicos, a cambio de su fallido respaldo para tratar de mantenerse en el gobierno, cuidándose, desde luego, de señalar que su debilitamiento no fue iniciado por los panistas. Ellos sólo continuaron el proceso de socavamiento iniciado por la triada priísta gobernante antecesora, en especial por el socialmente despreciable Carlos Salinas de Gortari, cuya tenebrosa sombra se proyecta sobre Enrique Peña Nieto. En justicia, empero, debe añadirse, que alternándose, priístas y panistas actuaron e intervienen al alimón.

 

El tribuno restaurador y sus pactistas invocan la Constitución y tallan su articulado en sus propuestas de reformas estructurales neoliberales: el 25 (el Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará y fomentará la actividad económica); el 27 (corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional; dicho dominio es inalienable e imprescriptible y la explotación y el aprovechamiento de los bienes de la nación sólo podrán realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, según las leyes establecidas); el 28 (en caso de interés general, el Estado, sujetándose a las leyes, podrá concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación); o el 134 (los recursos económicos del Estado deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez).

 

En el caso de las telecomunicaciones, además, se invocó el artículo 4 de la ley en la materia: “la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social”.

 

Los alegres pactistas festejaban anticipadamente su curiosa democratización del sector y el tañer de las campanas que supuestamente doblarán a duelo por la muerte de los monopolios de Televisa, Tv Azteca y Telmex, al aprobar una ley que aún mantendrá su hegemonía oligopólica, y cuyo ocaso en el tiempo es incierto. Que en el mejor de los casos, sólo atemperaría su omnipotencia, dada las llamadas “barreras a la entrada” (restricciones que enfrenta toda empresa al ingresar, adaptarse y competir en un sector productivo y un mercado monopolizados: montos de inversión; escala y costos de producción, laborales, administrativos y de venta; tipos de productos; canales de distribución y gastos para captar clientes, entre otras). Que mejorará la calidad de la televisión a través de la competencia “democratizadora” y desnacionalizadora de dos cadenas oligopólicas más que disputarán rabiosamente el control de la industria y el mercado como lo hacen Televisa y Tv Azteca en contra de Telmex y demás corporaciones, y perpetuará la marginalidad de la pública y las sociales que puedan construirse.

 

Pero como agrega Dos Passos, “el porvenir de la democracia reformada, pintado con todos los colores del arcoíris, reventó como una pompa de jabón con un alfilerazo”.

 

 

En un juego de lactantes, un simple pinchazo oligárquico hizo estallar la pompa del glamoroso encanto. Un discreto manotazo en la mesa evidenció dónde está el poder económico-político, el cual obligó a la casta política a someterse apresuradamente a las exigencias del Dominus y retrasar el inicio de la última fase del proceso de transición de las transmisiones analógicas a las digitales.

 

Fue suficiente que Emilio Azcárraga Jean enseñara sus ofídicos colmillos. Ordenara a su fámulo Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Televisa, colocar un inocente cintillo en las pantallas locales de sus empresas (Gala Tv, los canales 5, 12 y de las Estrellas), parte del cual remitía al “ayuntamiento de Tijuana” a los afectados por el “apagón” de la televisión analógica, aun cuando sabía que en ese lugar nada se resolvería porque nada tenía que ver en el asunto, y que se generaría un irrelevante tumulto artificial, el cual amplificaron mediáticamente en su beneficios. Y soltara su jauría: Alejandro Puente, presidente de los cableros, que calificó el “apagón” como “desastre analógico”, o Federico J González Luna, asesor de los cableros y telediputado de la Comisión de Radio y Televisión, y sus hordas de desinformadores, para que descalificaran el proceso y lincharan a los burócratas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en especial a su presidente Mony de Swaan, en nombre del nebuloso “interés público”, de los miserables “jodidos” que quedarían marginados de la digitalización, su telebasura o los viscerales lavados de cerebro de los Loret de Mola, López Dóriga, Gómez Leyva y demás fauna.

 

La petición de la cabeza del indefendible De Swaan, patiño del Herodes Juan Molinar, no es nueva. En 2012 otro palafrenero de Azcárraga, Manlio Fabio Beltrones, ya la exigía, luego de su fracasado intento por imponer en el Congreso la llamada “ley Televisa”. Beltrones acusaba al panismo de “capturar” transexenalmente a la Cofetel con De Swaan. Lo mismo dijo Luis Téllez cuando Héctor Osuna, el empleado de los cableros, ocupaba ese puesto. ¿Se desgarrarán las vestiduras ahora que Peña hará lo mismo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones?

 

Su propósito apenas ocultado era descarrilar la tersa transición a la era de la televisión digital y no dudaron en manipular siniestramente a “esa clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida”, según se refería con desprecio Emilio Azcárraga Milmo, y que consideraba que “para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil”. El objetivo es obvio: retrasar lo más que se pueda los cambios –¿por qué no incluso pensar en su aborto?– para evitar la competencia y mantener los privilegios monopólicos de Televisa o Tv Azteca, la fuente de sus ganancias y su poder político.

 

 

Y el Ejecutivo y el Legislativo, ipso facto, cedieron a la presión y el chantaje.

¿Dónde quedó la dignidad del supuesto poder político arbitralmente restaurado y la rectoría estatal?

 

Sin embargo, no deja de llamar la atención, primero, la ausencia de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la ceremonia del apagón organizado con pompa y circunstancia por la Cofetel; y después, lerdos en los casos, Andrés Granier, la guardería ABC o de los desaparecidos, por ejemplo, el inmediato reculón, en cascada, de Peña Nieto, Ruiz, Lorenzo Córdova –al cabo, el padre, respetado militante de izquierda, no es responsable si falló la doctrina o la ética–, o Marco A Baños y Benito Nacif, del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, a quienes les tocó asumir el papel de bufones, encargados de construir el cómico argumento para justificar la postergación de la desconexión hasta después de las elecciones locales.

 

Todo funcionó como si se siguiera un guión previamente escrito. Como si la decisión hubiera sido negociada previamente en las catacumbas y a Azcárraga se le encomendara la tarea de fabricar la risible coartada escenográfica.

 

 

A menos que la debilidad de la elite política y la necesidad de los voluptuosos amores oligárquicos (dinero electoral, promoción de imágenes, relaciones públicas) de Azcárraga y Ricardo Salinas hayan sido razones más que suficientes para obligarlos a doblar humillantemente la testuz. ¿O fríamente aceptaron el chantaje, en espera de cobrar venganza con el ambiguo desmantelamiento de sus monopolios? La suspicacia se nutre.

 

La furia oligárquica radica en la eventual reducción de sus ganancias netas en el futuro (10 mil millones de pesos para Televisa en 2012; 2.3 mil millones para Tv Azteca). Azcárraga y Salinas Pliego eran felices cuando la meta final de la transición fue fijada en 2021, ya que les permitiría maximizar monopólicamente la ordeña del sector, con la posibilidad de diferir más adelante la fecha. Pero Felipe Calderón, que les dio todo lo que querían, los irritó al decretar el término en 2015. Para colmo, la nueva ley sectorial los obligará a compartir el pillaje con otros dos consorcios.

 

La coartada fue digna de lisiados mentales. Supuestamente se horrorizaron porque el 7 por ciento de la población tijuanense estuvo a punto de quedar excluida del servicio digital, pese a que se había aceptado el 90 por ciento como un nivel adecuado para continuar con el proceso. Se les “olvidó” que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 5.7 por ciento de los hogares del país no cuenta con un televisor. Que la misma Televisa, en su informe de 2012 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, lo calcula en 9 por ciento del total (unos 27 millones). Que sólo el 29.7 por ciento (8.3 millones) recibe el servicio de televisión restringida. Que apenas el 13.2 por ciento cuenta con un televisor de pantalla plana que puede recibir señales la transmisión digital. Que el porcentaje oscila en 19.5-26.2 por ciento en Baja California, Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León, y en 2.5-6.2 por ciento en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala y Durango. ¿Esos datos serán suficientes para justificar la postergación indefinida? ¿Por qué no propuso la manera de evitar que las elecciones interfieran en la transición?

 

Los peñistas mantienen la generosidad del sistema a sus hijos predilectos. Por ejemplo, a Televisa, quien sólo pagó 343 millones de pesos de los 3 mil 334 millones que adeudaba al fisco por concepto de créditos fiscales. También toleran que su filial Cablemás excluya de su programación a la televisora del gobierno del estado de Guerrero, según denunció el comunicólogo Gabriel Sosa Plata. Que Megacable, de la familia Bours, hiciera lo mismo con más de una decena de canales estatales en diferentes entidades de la República. Que exista una lista negra de televisoras estatales, públicas y universitarias, las cuales han sido expulsadas de unos 80 sistemas de televisión por cable (Tv UNAM, Once Tv, Televisión Mexiquense, Telemax de Sonora, Telemichoacán, Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, entre otras).

 

El escándalo de Tijuana fue una farsa. Un espectáculo hechizo, típico de la adulteración de la realidad ejercida por los medios. Recuérdese el papel de las televisoras privadas en Venezuela. Para ellas, primero, no existió el fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, en el cual participaron activamente. Luego falsearon las imágenes para endosar a los chavistas los asesinatos cometidos por los golpistas y, finalmente, abrieron sus pantallas e intentaron asaltar el Estado. O la actual estrategia de desestabilización que realizan en contra de la presidenta Cristina Fernández, en Argentina, quien, a diferencia de México, avanza en el desmantelamiento de los monopolios de las telecomunicaciones y en su democratización, al conceder un tercio del sector al Estado y otro a la sociedad.

 

El hecho rememora a Jean Baudrillard y su trabajo La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Según Baudrillard, el poder político-económico ha creado lo que llama un “espacio hiperreal”: las estrategias de simulación determinan la actual condición del mundo social y político, en la que los hechos, como si ocurrieran en un territorio casi fantasmal, mediatizado por los medios, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como simple espectáculo, donde la sociedad, manipulada por los medios de comunicación, es incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. La razón es bloqueada y blanqueada por la forma en que los medios cubren la realidad, a la que vacían de contenido, o la modelan de acuerdo con los intereses del estatu quo. La noticia se hace omnímoda y opaca al mismo tiempo.

 

*Economista