Calígula, de Albert Camus

 

Pongámosle nombre al niño, dice un refrán popular, pues no hay duda de que a partir del salinismo se apoderó del sistema una creciente corrupción en todas sus manifestaciones. Del mismísimo Carlos Salinas de Gortari, Luis Téllez y Miguel de la Madrid, con más o menos palabras, dijeron que se llevó la bolsa de la partida secreta. Esa pavorosa corrupción se desbordó en el abuso del poder, homicidios ordenados desde los pasillos del poder y principalmente del poder presidencial, sin descartar a los desgobernadores y presidentes municipales; devino en el saqueo de los dineros públicos para enriquecimiento ilícito; y en el mal gobierno y total desnacionalización que hizo presa al Estado, aprovechando los cargos de representación (la democracia indirecta ya como “democracia sin el pueblo”, como fundamenta Mauricio Duverger en su espléndido ensayo La democracia sin el pueblo, editorial Ariel) y los cargos por nombramiento administrativo (en las administraciones federal, estatales y municipales; en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Petróleos Mexicanos, etcétera).

 

Tras el homicidio de Luis Donaldo Colosio (como unos años antes el asesinato de Luis Carlos Galán, en Colombia) por los Pablo Escobar al servicio de los hombres del poder político, en nuestro país irrumpieron en la escena de todo el país, simultáneamente, delincuentes en calidad de narcos, secuestradores, sicarios, y los Chapo Guzmán con sus mafias llamadas cárteles, quienes empezaron como aprendices de brujos colombianos hasta superarlos. Colombianizaron a México y la inseguridad tiene a los mexicanos entre la espada de las amenazas y la pared de los miles de homicidios y desapariciones, haciendo justicia por su propia mano para imponerse como otro poder “sin límites que se utiliza sin límites”. A la par, en los gobiernos e instituciones, en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la federación y sus descentralizaciones municipales y estatales, los políticos, los legisladores y los jueces están siendo desplazados para que sus lugares sean ocupados por rateros. Y rateros con impunidad en un 99 por ciento.

 

Saqueadores de los dineros públicos, esos ladrones se han apoderado de los cargos públicos, de las instituciones, de las empresas paraestatales; en suma, de los tres poderes y roban. Son rateros en serie, puesto que hacen del hurto casi su única principal actividad en cuanto obtienen, suponiendo sin conceder, una representación, un nombramiento y/o la designación judicial, legislativa o administrativa. Lo hacen en complicidad y por relevos, para que los que se van y los que entran se encubran, y es rara avis al que, cuando mucho, exhiben sin que sean llevados al Ministerio Público y muchos a los tribunales y quienes, con sus abogados (sin que éstos tengan nada que ver y su función es, precisamente defenderlos con todos los recursos legales, empezando por el amparo), logran su libertad condicional para andar sueltos, para irse becados, por ejemplo, a España, como Humberto Moreira; los enfermen, como a Granier; anden fugitivos, como Fidel Herrera, Ulises Ruiz, Reynoso Femat, Leonel Godoy…, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México, que robar no tiene más ideología que robar.

 

Con el factor común de la criminalidad, las diferentes delincuencias atacan y atracan sangrientamente por todo el territorio. Y la delincuencia de los ladrones se multiplica como una peste por todo el sistema de las instituciones del Estado, como estructura jurídica de los órganos del gobierno legislativo, judicial y administrativo. Y dentro de sus demás órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos. Excepcionalmente, tal vez el 1 por ciento de los ocupantes en los poderes estatales sean políticos, el resto son delincuentes que roban, asesinan, abusan, cobran impuestos por los servicios y bienes para llevarse ese dinero en cajas repletas de billetes, depósitos bancarios estadunidenses o comprando inmuebles y repartiendo el botín entre sus cómplices y familiares.

 

Esos ladrones entran en la clasificación de los delincuentes de cuello blanco (ensayo de Marshall B Clinard, en la Enciclopedia de las ciencias sociales; Aguilar Ediciones, Tomo III). Pero de todos modos son los rateros incrustados en las cúpulas del gobierno quienes utilizan como escudo al Estado, donde la inmunidad e impunidad los pone a salvo y sin correr riesgos saquean, apoderándose de los dineros públicos. Muy rara vez son exhibidos como rateros. Es el caso de Salinas de Gortari, a quien Luis Téllez le imputó verbalmente haberse llevado los miles de millones de la partida secreta instituida para los presidentes, desde Venustiano Carranza hasta Ernesto Zedillo. Así que llevamos, al menos, 24 años que los políticos han sido sustituidos por ladrones que roban a la sociedad. El Estado, pues, en manos de rateros.

 

*Periodista

 

 

 

Fuente: Contralínea 346 / agosto 2013