Un juez federal, Carlos López Cruz, absolvió el pasado 19 de julio a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos. Imposible desligar a Raúl de su hermano, el expresidente Carlos, y a ambos del brutal abuso de poder, del tráfico de influencias y del delito de peculado que cometieron a partir de que este último asumió la Presidencia de la República.
Han pasado 25 años desde que el priísta Carlos Salinas de Gortari arribó a Los Pinos y con él toda su familia, amigos, empleados, prestanombres y una buena parte de la alta burocracia de aquel entonces que se vieron beneficiados ilícitamente con dinero público, sin que nadie hasta ahora haya sido encarcelado por ese motivo.
Nada sorprende que ahora un juez federal falle en ese sentido, tal vez porque el Poder Judicial de la Federación nos ha acostumbrado a la evidente impunidad, en donde quien tiene capacidad de pago puede comprar la justicia o aplicar ésta de propia mano sin enfrentar las consecuencias.
El Consejo de la Judicatura sólo es un espectador más de la corrupción judicial, pues nada hace para impedirla y su actitud sólo la fomenta, a pesar de que en este mar de podredumbre nadan jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También es cierto que esa corrupción en la justicia empieza a veces desde el momento en que las denuncias llegan ante el Ministerio Público Federal, mucho antes de que pasen a los tribunales, en donde los agentes son sobornados para que integren mal las averiguaciones previas o simplemente cometan errores en el proceso para impedir que los jueces hagan cumplir la ley a los responsables.
Por eso, esta nueva absolución de Raúl Salinas de Gortari a pesar de las muchas evidencias de los delitos que cometió, es un obvio caso más de impunidad judicial. Ya anteriormente hemos conocido de otras absoluciones, como la del homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu o su involucramiento con el narcotráfico o el delito de lavado de dinero o su probada participación en el peculado por el dinero que recibió de la partida secreta que manejó impunemente su hermano Carlos desde la Presidencia de la República.
La Procuraduría General de la República, cuyo titular es Jesús Murillo Karam, ha dicho que se inconformará por la decisión de ese juez federal y el caso pasará a un tribunal colegiado, pero la verdad es que ante los ojos de todos los mexicanos, Raúl y Carlos Salinas de Gortari ya fueron juzgados y han sido encontrados culpables. La historia así lo sentencia y nadie podrá cambiar eso, ni aún aquellos plumíferos que fueron beneficiados en su momento y ahora escriben a favor de este par de hermanos abusivos y corruptos.
La nueva vida de Raúl
Raúl Salinas de Gortari viaja ahora en aerolíneas comerciales. Aparece seguido en las revistas de sociales. La cárcel y las acusaciones en su contra no le pudieron quitar seguir siendo un hombre del jet set. Todo iba bien hasta hace unos días, cuando su nombre reapareció en la prensa que se ocupa de asuntos políticos y policiacos, porque un juez federal ordenó descongelar las cuentas del llamado hermano incómodo.
Una de sus exoneraciones más polémicas fue aquella del delito de narcotráfico, a pesar de que una investigación y declaraciones de testigos vinculados con el comercio de sustancias ilícitas lo identificaron como el contacto que recibió millones de dólares a cambio de protección durante la gestión de su hermano Carlos Salinas de Gortari.
Fue el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal quien determinó que Raúl Salinas de Gortari no es responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
Raúl Salinas de Gortari no sólo se verá beneficiado por el dinero depositado en sus cuentas, sino que recuperará la propiedad de edificios, departamentos, casas y terrenos en Guerrero, Jalisco, Morelos, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Baja California y Puebla.
Durante las últimas 2 décadas, Raúl Salinas de Gortari ha sido absuelto y exonerado de cuanto delito se le imputó. Ahora sólo falta que el nuevo gobierno, también priísta, le pida perdón o hasta lo indemnice.
Paradójicamente en Suiza, Carla del Ponte, la fiscal de hierro que se hizo cargo del caso que permitió detectar en bancos europeos las transferencias de cientos de millones de dólares, estaba segura que dicha fortuna era dinero sucio producto del tráfico de drogas, de lavado y de enriquecimiento ilícito, lo cual representaba, para el sistema financiero helvético, una verdadera ofensa y desafío.
Pues todo ese trabajo de investigación judicial, que movilizó a corporaciones policiales y de inteligencia financiera de todo el mundo, se fue simplemente a la basura. Al menos allí lo envió la corrupta justicia mexicana.
También fue la investigación del senador estadunidense Carl Levin, sobre los escasos controles que aplicaba la banca estadunidense con operaciones en México, en especial Citibank, la que colocó en el ojo del huracán la fortuna de Raúl Salinas de Gortari.
Nunca fue una investigación de autoridades mexicanas la que develó la red financiera de la familia Salinas de Gortari, que hoy, con una sentencia absolutoria, tendría que suponerse una fortuna lícita. Pero no es así según un reporte de la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés), órgano de auditoría del Congreso estadunidense, bajo el título: Raul Salinas, Citibank, and alleged money laundering, donde se establecían las pruebas que, al menos desde la perspectiva de auditores y legisladores estadunidenses, configuraban el delito de lavado de dinero.
Así la presión del gobierno estadunidense sobre Citibank y sus operaciones de banca privada se convirtieron en el pivote de una investigación que tuvo, forzosamente, que involucrar a las autoridades mexicanas.
El senador Levin usó el caso de Raúl Salinas de Gortari para demostrar que en México, en el caso de grandes clientes y en especial de las llamadas personas políticamente expuestas, simplemente no se seguían los protocolos mínimos para verificar el origen ilícito de los recursos que se captaban.
Lo importante para Citibank en la década de 1990 era cerrar cuentas de mexicanos deseosos de salvaguardar millonarias inversiones y no enfrentarse a preguntas incómodas.
En octubre de 1998, el reporte de la GAO, que todavía se puede leer en el sitio virtual del máximo órgano de control del Congreso estadunidense, dio cuenta de los nombres, las identificaciones, de la simulación financiera en la que incurrió Raúl Salinas de Gortari y en la que involucró a Paulina Castañón, su exesposa. La intención clara de esas simulaciones era evitar preguntas sobre el origen de los recursos y Citibank, hoy propietario de Banamex, facilitó el camino. Todo queda entre banqueros.
Amy Elliot es el nombre de la ejecutiva del área de banca de inversión que Citibank asignó para la atención personalizada de Salinas de Gortari. Otro banquero de apellido Piña se ha escapado a los registros documentales del caso que asustó tanto al sistema financiero como el de HSBC, con su tímida revisión de las operaciones cambiarias que en México habrían estado vinculadas con el lavado de dinero.
Por cierto, fue Carl Levin el mismo legislador que varias décadas después puso el dedo en la llaga respecto de los escasos controles de ese banco de origen inglés.
En México, Citibank cometió grandes errores que pusieron al descubierto a uno de sus mejores clientes: al revisar los investigadores del Senado de Estados Unidos los documentos básicos que revelaran los famosos protocolos para cumplir con la regla de “conoce a tu cliente”, simplemente se encontraron que Amy Elliot y el empleado banquero Piña, en medio de la emoción, “olvidaron” llenar correctamente los formatos. Se trata de una anécdota que confirman exdirectivos de Citibank. Así que ahora Raúl Salinas de Gortari tendría que demandar a Citibank, al menos por las molestias y el encarcelamiento ocasionados durante las últimas 2 décadas.
*Periodista
Fuente: Contralínea 246 / agosto 2013
