El gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, apeló la resolución judicial que detiene la siembra de maíz transgénico en territorio nacional. La acción, aseguran expertos, demuestra la parcialidad con la que actúan las autoridades
Los pasados 9 y 10 de octubre, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apelaron la medida precautoria que suspende los permisos de liberación al ambiente de maíz transgénico en el campo mexicano.
La resolución judicial –dictada por el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Guillermo Campos Osorio– que ahora apela el gobierno federal, es resultado de la demanda colectiva presentada el pasado 5 de julio por 53 organizaciones de la sociedad civil, científicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas y campesinos.
El lunes 28 de octubre, el Segundo Tribunal Unitario en materia Civil y Administrativa del Primer Circuito notificó a la colectividad del recurso interpuesto por las dependencias federales.
“Las apelaciones gubernamentales carecen de sustento jurídico, puesto que la Sagarpa arguye que debió notificársele antes de suspender la siembra de transgénicos; que les hubieran consultado la medida precautoria antes de ordenarla. Si hubieran actuado como una autoridad imparcial en términos de la Ley de Bioseguridad, una medida suspensiva no tendría por qué afectar. Con esto reconocen que iban a otorgar los permisos”, aseguró en conferencia de prensa René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, organización que funge como representante legal en el juicio.
Explicó que la Ley de Acciones Colectivas, dentro del Código de Procedimientos Civiles, establece cuatro tipos de medidas precautorias, entre ellas la que autoriza al juez a dictar las medidas pertinentes para proteger los derechos colectivos: “El Código establece que se podrán dictar medidas precautorias para mantener las cosas en el estado en que se encuentran sin audiencia de parte. Si es necesario, el juez puede ordenar que se suspendan las actividades sin notificar”.
El jurista Bernardo Bátiz dijo que la apelación de la Semarnat pretende ilegalmente discutir el fondo de la demanda en una etapa preliminar: “La impugnación de la Secretaría de Medio Ambiente pide al tribunal de apelación pronunciarse sobre la presencia de maíz transgénico en lugares no autorizados, quién es responsable, qué efectos ocasionaría y que esta definición judicial se tome desde la primera etapa del juicio colectivo; esto sin pruebas, sin peritajes, sin análisis”.
A decir de Adelita San Vicente Tello, de la Fundación Semillas de Vida, la Sagarpa está litigando a favor de Monsanto: “Hace el trabajo sucio de Pioneer, Dupont, Dow y Monsanto”. Agregó que mientras las empresas se niegan a recibir las notificaciones, Sagarpa presenta apelaciones prácticamente a nombre de las empresas.
Además de Sagarpa y Semarnat, la trasnacional Syngenta también apeló la resolución. René Sánchez sostuvo que hasta el momento es la única empresa que ha sido notificada de la resolución judicial, mientras que el resto se negaron a recibir la notificación, no obstante Agrobio, que representa a la industria, se ha pronunciado al respecto.
—¿Es fuerte la apelación? –Se le pregunta a René Sánchez
—No. Las partes tienen mecanismos de defensa. Están haciendo valer el que ellos creen que procede. Nosotros a su vez tenemos argumentos jurídicos… Pero la vemos ilógica y que demuestra la parcialidad de la autoridad. Estamos convencidos de que la vamos a ganar.
—¿De proceder, qué es lo que seguiría?
—Nos vamos al amparo. De no proceder, queda firme la medida cautelar, y ya ellos tendrán que decidir qué medidas toman.
—Mientras tanto siguen detenidas las autorizaciones…
—Por supuesto, y nosotros garantizamos, en la medida en que un abogado puede garantizar, que van a seguir detenidos durante todo el juicio.
La actriz Jesusa Rodríguez convocó a una fiesta por los maíces nativos en el Zócalo capitalino el próximo 30 de noviembre de 2013 a las 12 del día. Adelita San Vicente anunció también que el 30 de noviembre desde el Zócalo, en su calidad de representante común de la colectividad demandante, y de conformidad con la Ley, rendirá su primer informe semestral a la colectividad.
