Secretaría de Gobernación, CNDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigan violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista Contralínea. El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido proceso: a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio millón de pesos
El Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco condenó a la revista Contralínea y a trabajadores de este medio a pagar una multa por 500 mil pesos. El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó a espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información.En el caso ya interviene la Secretaría de Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH). Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicita al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, se investigue “la presunta violación a los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.
En el documento oficial se hace referencia a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en las que se documentó la violación al debido proceso en que incurrió el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de Gobernación solicita al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”.
En su comunicación, la Secretaría de Gobernación le recuerda al Poder Judicial del Estado de Jalisco –representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.
La CNDH, por su parte, también ha abierto un expediente en el que documenta los más recientes agravios en contra de la revista Contralínea y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech Rodríguez, dio entrada a la queja presentada por Contralínea.
En el documento se establece que los periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su contra, como tampoco de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009, en el que se les permitiera “conocer las acciones en su contra y emprender la defensa adecuada”.
Asimismo, en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha abierto un expediente con el que se han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades en los ataques sistemáticos a un medio de comunicación.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, ha tomado conocimiento del caso y estudia el tipo de acción a emitir al respecto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Jalisco sólo escuchó la relatoríade la queja de los periodistas, pero no se comprometió a nada y dijo que en 5 días hábiles darán una respuesta si admite o no la queja.
Grupo Zeta consiguió del Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco una sentencia condenatoria contra la revista Contralínea. Sin que se hubiera notificado al medio de comunicación ni a los periodistas involucrados, el proceso avanzó sigilosamente y concluyó en una condena a pagar una multa por supuesto daño moral por 500 mil pesos. La disposición también dicta el remate de la casa familiar del director de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la condena.
En junio de 2009, Grupo Zeta Gas, de la familia Zaragoza, inició el juicio. La sentencia definitiva –sin que se notificara a los periodistas– se dictó el 29 de agosto de 2011. La sentencia interlocutoria, donde se determinó el pago de 500 mil pesos se desarrolló de manera furtiva el 3 de febrero de 2012. El remate del inmueble está citado para el 9 de diciembre de 2013.
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