Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en Occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y el Reino Unido. En 1932, en Estados Unidos, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63 por ciento. Y durante la Segunda Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90 por ciento de beneficios. Tras la victoria de los aliados, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63 por ciento. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba 17.5 por ciento de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.
La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En la década de 1980, Ronald Reagan y Margaret Thatcher perpetraron la nueva injusticia fiscal en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los superricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de Estados Unidos”.
¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces Paul Krugman, Premio Nóbel de Economía 2008, y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos y cómo se reparten, lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.
En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda y el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Y proporcionan datos de que en ese país el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84 por ciento de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del Estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o bien por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el extrabajador de un banco que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200 mil millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del producto interno bruto español.
Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así nos encontramos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero sólo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.
El gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado prever que aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales, ésos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación.
Porque lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita, como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.
Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal.
*Periodista y escritor
