Centro de Colaboraciones Solidarias

En Bruselas, Bélgica, se negocia el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta hace poco, en secreto. En realidad, una patente de corso para grandes empresas y corporaciones, gran banca y fondos de inversión. El sueño de Al Capone: conseguir beneficios sin norma, regla ni control. Son muchos los daños y males que sufriría la ciudadanía con ese Tratado, pero citamos dos: extensión del fracking y resolución de controversias entre inversores y Estados.

El Tratado busca horadar el suelo sin cortapisas ni molestas normas de protección del medio ambiente y la salud ciudadana. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Se perfora un pozo vertical y se inyecta a presión agua con arena y productos químicos para fracturar las rocas subterráneas que contienen gas o petróleo y favorecer su salida. Pero los productos usados son tóxicos y cancerígenos, además de dejar el subsuelo en condiciones irrecuperables y contaminar las aguas subterráneas. Con el Tratado, el fracking se extendería como una plaga por toda Europa.

Y la resolución de conflictos entre inversor y Estado da todas las ventajas a las grandes empresas e inhabilita de hecho las leyes europeas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. Con tribunales de arbitraje privados, que no son verdaderos tribunales, corporaciones y grandes empresas podrán demandar compensaciones multimillonarias por pretendidas pérdidas al aplicarse leyes nacionales o europeas. La empresa Vattenffal demandó al gobierno alemán por 3 mil 700 millones de euros cuando éste decidió desmantelar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima, Japón. Y Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por 2 mil millones de dólares por su campaña antitabaco, alegando violación del tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. ¿Violación? Uruguay había logrado reducir el consumo de tabaco en el país por lo que recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero Philip Morris dijo que eso perjudicaba sus intereses y demandó al Estado uruguayo.

Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoce que la resolución de conflictos entre inversor y Estado limita gravemente la capacidad de los Estados y debilita a los gobiernos para decidir lo necesario para los países. Pero se negocia.

Por otra parte, el Tratado se vende como solución a la crisis, pues dicen que aumentará el producto interno bruto en 1 por ciento y se crearán millones de puestos de trabajo. Falso. Un estudio de la Comisión Europea calcula que el crecimiento europeo sólo será de 0.1 por ciento, y la competencia estadunidense perjudicará al sector agrícola, cárnico, de fertilizantes, azúcar y metal. Y se destruirán millones de puestos de trabajo.

Susan George ha denunciado que el Tratado elimina los controles de regulación social y medioambiental; las normas que protegen a trabajadores y trabajadoras, a consumidores y a la naturaleza (normas que las grandes corporaciones consideran obstáculos a eliminar, porque se interponen en el aumento de sus beneficios).

Pero el Tratado no perjudica sólo a la ciudadanía europea. Richard Trumka, presidente de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, el sindicato más poderoso de ese país, ha denunciado que “esos acuerdos de comercio dejan en manos de las grandes empresas la política económica de Estados Unidos y buscan rebajar salarios al trasladar los empleos al extranjero”. Trumka asegura que el Tratado con la Unión Europea sigue el modelo erróneo del que firmaron Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN). “Tras 20 años del TLCAN, sabemos que sus consecuencias son muy negativas”. Y, según Susan George, “el TLCAN provocó la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, considerables bajadas salariales en Estados Unidos y trabajo semiesclavo en México. Pero enormes beneficios para las elites empresariales”.

Trumka denuncia también que lo que busca este Tratado no son acuerdos comerciales, sino rebajar la protección del trabajador y del consumidor, así como reducir la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Priman los intereses privados sobre el bien común. Pero se ha constituido en Europa una respuesta: el Mandato de Comercio Alternativo, una alianza de más de 50 organizaciones de consumidores, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de comercio justo, agricultores, sindicatos y agencias de desarrollo. Se trata de una alternativa al Tratado donde las personas y el medio ambiente estén siempre por encima de los beneficios e intereses de las grandes corporaciones.

No es fácil, pero hay que detener este Tratado y establecer el Mandato de Comercio Alternativo. Por el bien de todos.

*Periodista y escritor

 Contralínea 381 del 14 al 20 de abril de 2014