Cártel en los partidos políticos para acumular privilegios y reforzamiento de la superioridad social-económica de uno de sus grupos […] en América Latina los cárteles son organizaciones ilícitas delincuenciales

Dieter Nohlan y Rainer-Olaf Schultze, Diccionario de ciencia política

En nuestro país padecemos la barbarie sangrienta de los cárteles del narcotráfico y demás delincuencias, ahora con o sin autodefensas disfrazados de “policía rural” en lugar de guardias nacionales, como dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 35, fracción IV: “Para la defensa de la República y de sus instituciones”. También tenemos los cárteles de la corrupción política, integrados por desgobernadores, expresidentes no solamente municipales sino también de los encargados del Poder Ejecutivo federal; cárteles de funcionarios: policías, militares, servidores públicos de las administraciones estatales y federal, etcétera. Y todos ellos tras el botín de los moches de panistas, cuyo jefe es el recién reelecto presidente del Partido Acción Nacional: Gustavito Madero; la antítesis de los mártires de la Revolución de 1910: Gustavo y Francisco. Mientras los neopanistas maderistas y calderonistas andan en la contrarrevolución, apurados por echar abajo la Expropiación Petrolera de 1938 como venganza de los reaccionarios y conservadores de Acción Nacional, creados por los Gómez Morín para enfrentar a Lázaro Cárdenas y al nacionalismo-patriótico de la nación integrada, entonces y ahora, por la mayoría del pueblo que hoy repudia la contrarreforma energética del peñismo proestadunidense, para cumplir la profecía de López Velarde: “El petróleo que nos escrituró el diablo”. Los cárteles económicos nacieron en Alemania y se consolidaron con el nazismo (Charles Bettelheim, La economía alemana bajo el nazismo, editorial Fundamentos).

Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que iban a recibir su pago por las complicidades electorales que favorecieron a Calderón y a Peña, ante el cual se arrodillaron servilmente, aceptaron las gestiones del consejero jurídico de Los Pinos y del director de la oficina de Peña, defendiendo la corrupción para que el “bono”, que se llamaría “haber por retiro”, fuera parte de su ya de por sí millonaria jubilación. Y cuando la información provocó el levantamiento de la opinión pública, a la que se sumaron las protestas del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, entonces los magistrados se sintieron “ofendidos” y, con la “dignidad” de su corrupción jurídica, política, económica y administrativa, dieron la cara para rechazar, de dientes para fuera, el dinero que estuvieron a punto de recibir por sus transas electoreras. Y con Monex y Soriana, esos asquerosos magistrados, por la suciedad de sus corrupciones, integran el cártel electorero.

Y con ellos el cártel del Pedro Joaquín Coldwell y su familia. El titular de la Secretaría de Energía controla a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad, a sabiendas de que tiene intereses de vendedor de productos petroleros. Y sin haber dado a conocer sus gasolineras y otros comercios en su primera declaración patrimonial (aparecida en el periódico Reforma, 17 de enero de 2013) aceptó el cargo. Obviamente Peña sabía del patrimonio secreto de Coldwell. Y aún así lo nombró, que al fin y al cabo de lo que se trata es de todos coludos, para que mutuamente se encubran. Esto hasta que la senadora del Partido de la Revolución Democrática Dolores Padierna, y otros representantes del mismo partido en el Senado, se atrevió a denunciar la incompatibilidad entre corrupción y ser secretario de Energía. Conminó a Coldwell a renunciar y le propuso a Peña removerlo, tras las declaraciones del corrupto con su cártel de que lo había nombrado el presidente y estaría en el cargo hasta que Peña lo quitara.

Coldwell es el octavo magistrado de los cárteles TEPJF-Pemex, donde no se pone el sol de la corrupción, como en los dominios de aquel rey (de cuya monarquía se desprendieron los sistemas presidencialistas, con sus más o menos dosis autocráticos-autoritarios, a partir de la tradición que prevalece: “La opinión relativamente más extendida es la que, en la monarquía, la voluntad o poder supremo del Estado corresponde a un solo hombre, a un órgano único […] la voluntad que en la monarquía es la de un solo hombre ha de ser jurídicamente suprema, no derivada de ninguna otra”, Hans Kelsen, Teoría general del Estado, capítulo “Monarquía y República”). Ese rey-presidente en democracias elementales, como todavía la nuestra, nombró a Coldwell el jeque petrolero, dueño de gasolineras y estaciones surtidoras, como se ha divulgado develando lo que el funcionario guardaba en secreto y que no exhibió en su declaración patrimonial. Así que el gasolinero que controla los productos de Pemex y que tiene, con su familia, tanques donde almacena más gasolina, está al frente de su cártel como otra modalidad de la delincuencia organizada, pero con la impunidad que da estar a la sombra del poder peñista del “nuevo” priísmo (¡Coldwell vive del antiguo PRI desde 1970!; y es salinista a toda prueba, con quien se reúne a escondidas).

Los dos cárteles, el de los magistrados del TEPJF y el de Coldwell, tienen un factor común: la corrupción y caras duras, que no renuncian a pesar de ser exhibidos como tales.

*Periodista

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 Contralínea 392 / 29 de Junio al 05 de Julio