La presidencia de Diódoro Siller al frente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decidió “suspender temporalmente” a cuatro altos funcionarios de esa dependencia, entre los que se encuentra el coordinador general de Administración, Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien ya había presentado su renuncia 15 días antes. Los funcionarios suspendidos señalan que se les han fabricado procedimientos por negarse a participar en hechos supuestamente corruptos. Informan que son 11 servidores públicos de la dependencia los que enfrentan acusaciones infundadas: “Una campaña de persecución y desprestigio por no ser afines a los intereses personales, oscuros y corruptos” de Siller, dicen. Argumentan que la actual presidencia de la Junta promueve los intereses de los patrones en detrimento de los trabajadores. Ante Función Pública y PGR, denuncias administrativas y penales
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje suspendió temporalmente de su función a cuatro altos mandos, informó el órgano de impartición de justicia laboral a través de un comunicado fechado el 14 de diciembre y dado a conocer en medios de comunicación el 15 de diciembre de 2014.
De acuerdo con el escrito, enfrentan procedimientos el coordinador general de Administración, Carlos Mauricio Salazar Douglas; el secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales, Federico Gabriel Acevedo Flores; el secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, Ricardo Quevedo Astudillo; y la secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales, Adriana Llaca Sánchez.
Sin proporcionar mayores detalles la Junta Federal, presidida por Diódoro Siller Argüello, señala que las suspensiones se derivan de diversas quejas y denuncias administrativas que promovieron trabajadores, patrones y funcionarios de la propia Junta Federal.
El comunicado habría sido emitido 15 días después de que a los funcionarios se les sacara por la fuerza de las oficinas, denuncian Carlos Mauricio Salazar Douglas, Federico Gabriel Acevedo Flores, Ricardo Quevedo Astudillo y Adriana Llaca Sánchez.
El viernes 28 de noviembre de 2014, a las 14:30 horas, un grupo de alrededor de 20 personas tomó las oficinas de los servidores públicos, sin que se les permitiera sacar sus objetos personales. Las instalaciones fueron selladas, denuncian.
Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien se desempeñaba como coordinador general de Administración desde el 1 de marzo de 2014, niega que exista un procedimiento administrativo en su contra.
Nombrado por Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Salazar Douglas presentó su renuncia el 1 de diciembre de 2014 “por decisión personal y ante las diferencias en criterios con Diódoro Siller Argüello por la arbitrariedad, irresponsabilidad y falta de probidad con la que se conduce como presidente de la Junta Federal.
“Al día de hoy no tengo conocimiento sobre procedimiento administrativo ni notificación alguna en mi contra y, en consecuencia, suspensión decretada por ese motivo, además de que resultaría imposible suspenderme al haber presentado mi renuncia previamente. De existir algo, por supuesto estaría viciado de origen y sería irregular al no habérseme notificado en tiempo y forma como lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.”
Tanto Adriana Llaca Sánchez, como Ricardo Quevedo Astudillo y Federico Gabriel Acevedo Flores, en uso a su derecho de réplica, califican el comunicado oficial, emitido por la Junta Federal, como parcial, deforme y omiso.
“Fui suspendida por no concordar y acceder a los intereses personales, oscuros y corruptos del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, afirma Llaca Sánchez en el escrito.
El 1 de diciembre, Adriana Llaca fue notificada de la suspensión temporal por causas, dice, no justificadas como graves para imponer una suspensión de funciones.
Con 24 años de servicio en la dependencia, Llaca Sánchez enfrenta tres procedimientos administrativos bajo el expediente QU/704/2014. En concordancia con el Acuerdo de Suspensión Temporal –al que Contralínea tuvo acceso– 48 servidores de la Junta habrían promovido la queja por presuntas irregularidades administrativas “consistentes en tomar decisiones arbitrarias, negligentes y caprichosas; realizar destituciones de presidentes de Junta Especial y de personal jurídico del Tribunal Federal Laboral; llevar a cabo cambios de adscripción e imposición de secretarios auxiliares, presidentes de Junta Especial, funcionarios conciliadores, secretarios de Acuerdos, actuarios, etcétera, neófitos en materia laboral […]. Y, además era del conocimiento general del personal de la Junta el historial que tenía la presunta responsable, respecto a su conducta abusiva, de discriminación y prepotencia con la cual se conduce con todo el personal; y que para lo anterior, ha utilizado amenazas, miedo y terrorismo laboral, obedeciendo a intereses particulares y no de esta Junta Federal”.
Por lo que inició una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y denuncias administrativas y penales en la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.
Ricardo Quevedo Astudillo, designado secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias el 1 de julio de 2014, suspendido temporalmente acusado de la supuesta sustitución de un perito en grafoscopía y documentoscopía, expediente QU/713/2014, apunta: “No existió nunca tal sustitución y antes de verificar los datos que obran en el expediente de merito y ante la Junta Especial número 11, Daniel Ornelas Salazar emitió la suspensión pese a que no es un hecho grave”.
Federico Gabriel Acevedo, designado como secretario auxiliar para el Apoyo y Control Procesal a Juntas Especiales el 1 de julio de 2014, se encuentra también bajo proceso, expediente QU/714/2014. El área, acusa, resolvía dos casos de relevancia, uno de ellos relacionado con la trasnacional Unilever.
Según se lee en el Acuerdo de Suspensión Temporal, el expediente administrativo: “ se motiva por una queja promovida por David Orlando Piza Avilés, apoderado de Servicios Profesionales Unilever, S de RL de CV, y Unilever de México, S de RL de CV, contra Federico Gabriel Acevedo por presuntas irregularidades administrativas, consistentes en que de manera sorpresiva y sin fundamento legal alguno el expediente laboral 963/2011 ha estado desde hace aproximadamente 3 meses de manera inexplicable en el área de la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales y la Secretaría Auxiliar para el Apoyo y Control Procesal de Juntas Especiales, sin que las personas encargadas de dicha área den una causa justificada o legal, por lo que se tiene el temor de que dicho expediente pueda ser manipulado o resuelto de manera irregular”.
Para Federico Acevedo se trata de una maniobra para impedir que se dictamine a favor del trabajador afectado al que Unilever se vería obligado a pagar 90 millones de pesos. “La Junta Especial 16 [donde radica desde 2011 el expediente] pretende ahorrarle a la empresa 90 millones de pesos”, señala.
A decir de Acevedo Flores, el área a su cargo cuenta con las facultades para solicitar el expediente en cuestión además de que existen los mecanismos y protocolos para que la Secretaría Auxiliar solicite expedientes sin riesgo de ser manipulados, por lo que al igual que Llaca Sánchez y Ricardo Quevedo, inició queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y prepara su defensa legal en la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.
Durante la administración de Diódoro Siller, 11 funcionarios de alto nivel han sido suspendidos de su cargo “con procedimientos administrativos sin apego a derecho, arbitrarios y viciados”, y algunos de ellos, luego de ganar sus casos en otras instancias, han sido restituidos con el pago de salarios caídos e indemnizaciones “pagadas con el dinero de los contribuyentes causando daño patrimonial al erario federal”, acusan.
Agregan en su respuesta al comunicado oficial, en la que acusan a Siller Argüello de iniciar una campaña de persecución y desprestigio por no ser afines “a sus intereses personales, oscuros y corruptos”, que el índice de conciliación en la dependencia en 2013 era de apenas 22.4 por ciento y se resolvieron 19 mil 187 asuntos; y en 2014 de 19.1 por ciento y 12 mil 760 asuntos resueltos, respectivamente, por la vía de la conciliación, de un universo de 400 mil casos radicados en la Junta Federal y a la espera de ser resueltos.
Contralínea solicitó entrevista con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Diódoro Siller, por medio de su asesora Nancy Serratos. El director de Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, César Anzaldo, señaló a Contralínea que no es la imagen de Diódoro Siller la que está en juego sino la de la institución. Por ello la dependencia es “cuidadosa” y sus funcionarios no emitirán opiniones hasta que se resuelvan las investigaciones en curso.
