Uno de los sectores más atrasados en la incorporación de las políticas que protegen y promueven los derechos humanos es el financiero. Más de la mitad de los bancos ni siquiera reconoce la existencia de tales derechos en sus normativas internas. Por ello, generalmente están involucrados, por medio de financiamiento, en el traslado forzoso de comunidades, el trabajo infantil, la apropiación de tierras con respaldo militar y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
Carey L Biron*/IPS
Sólo la mitad de los principales bancos internacionales aplican políticas de respeto de los derechos humanos, según una nueva investigación, a pesar de que así lo exige una serie de principios que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó para guiar las actividades de las empresas trasnacionales.
De los 32 bancos examinados, los investigadores encontraron que ninguno ha puesto en marcha públicamente un proceso que aborde las violaciones de los derechos humanos. Tampoco cuentan con mecanismos de reclamación para que las personas afectadas por los abusos puedan quejarse.
La investigación, publicada por BankTrack, una red internacional de organizaciones no gubernamentales que vigila las actividades bancarias, se conoce más de 3 años después de la adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Estos principios, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, especifican una serie de acciones y obligaciones para todas las empresas, incluidas las del sector financiero.
Algunos de “los bancos que abarca este informe […] financiaron empresas y proyectos que implicaron el traslado forzoso de comunidades, el trabajo infantil, la apropiación de tierras con respaldo militar y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”, denuncia la investigación, publicada el 2 de diciembre de 2014.
“Las políticas y procesos, abiertos al escrutinio público y respaldados por informes adecuados, son herramientas importantes para que los bancos se aseguren de que este tipo de abusos no se produzcan, y que cuando lo hacen, aquellos cuyos derechos fueron afectados tengan el derecho a un recurso efectivo”, señala.
“Si estas políticas y procedimientos han de tener sentido, entonces el financiamiento para este tipo de ‘negocios dudosos’ deberá, eventualmente, acabar”, añade.
Uno de los bancos estudiados, JPMorgan Chase, es uno de los principales financistas en Estados Unidos del aceite de palma, a través de préstamos e inversiones de capital. Aunque la institución tiene una política de derechos humanos, los investigadores de BankTrack hallaron que sólo la aplica a los préstamos y no a las inversiones.
“Cuando se trata de presentar informes sobre su aplicación, el banco no cumple, por lo que la política es poco más que decorativa”, afirmó Jeff Conant, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, una organización que investiga el financiamiento del aceite de palma.
La financiación privada en la actualidad facilita casi toda la gama de la actividad empresarial, pero Conant destaca que “las instituciones financieras no están obligadas a responder por sus actos”.
Conclusiones aleccionadoras
Pero el nuevo estudio indica que algunos bancos están bien encaminados para cumplir con los Principios Rectores. El banco mejor clasificado, el holandés Rabobank, recibió 8 de 12 puntos posibles, seguido de cerca por Credit Suisse y UBS.
Sin embargo, éstas son las excepciones. El puntaje promedio apenas llegó al 3, mientras que muchos recibieron una calificación de cero, entre ellos instituciones chinas, de la Unión Europea y Estados Unidos.
De hecho, Bank of America, una de las mayores instituciones financieras del mundo, recibió sólo 0.5 puntos de 12, y eso porque expresó algún tipo de compromiso para realizar investigaciones relacionadas con los derechos humanos.
“Las conclusiones de este informe son bastante aleccionadoras acerca de lo que puede esperarse de los principios de autorregulación”, observó el argentino Aldo Caliari, del Center of Concern, un centro de investigación con sede en Washington.
“Los Principios Rectores son el mínimo indispensable de cualquier marco de derechos humanos en el sector empresarial, un marco que tiene el consentimiento de las empresas. Así que el hecho de que haya tan escasa adhesión a una herramienta relativamente débil… Es muy revelador”, expresó.
A pesar de la diversidad de casos, el sector financiero en su conjunto tomó nota de los Principios Rectores.
En 2011, cuatro bancos europeos se reunieron para discutir las posibles consecuencias de los principios para el sector. Luego se sumaron tres bancos más a lo que ahora se conoce como el Grupo de Thun, y en octubre de 2013 la agrupación publicó un documento inicial sobre los resultados de estas discusiones, con recomendaciones para su cumplimiento.
Un conjunto ya existente de pautas voluntarias para el sector bancario, conocido como los Principios del Ecuador, también se actualizaron en 2013 para reflejar la existencia de los Principios Rectores. Hasta el momento, los Principios del Ecuador fueron ratificados por 80 instituciones financieras en 34 países.
“Hasta la fecha, los esfuerzos de los bancos para poner en práctica los Principios Rectores de la ONU giraron principalmente en torno a la producción de documentos de debate sobre el mejor camino a seguir”, indicó Ryan Brightwell, autor del nuevo informe.
“Tres años y medio después de la puesta en marcha de estos Principios, es hora de pasar a su aplicación”, exhortó.
Fortalecimiento de la rendición de cuentas
Las conclusiones sobre la escasa aplicación de los Principios Rectores fortalecerá la posición de aquellos que desean modificarlo o sustituirlos. Algunos sugieren un cambio de marco para que las instituciones financieras reciban un tratamiento distinto al de otros sectores.
El “sector financiero exige un tratamiento de excepción con respecto a la aplicación de los Principios Rectores”, escribió en 2013 Caliari.
“Las compañías financieras, más que otras empresas, tienen el potencial, con un cambio de conducta, de influir en la conducta de otros actores. Eso significa que también se debe esperar de ellas un mayor nivel de responsabilidad cuando no lo hacen”, explicó.
Caliari y otras personas integran un movimiento que busca ir más allá de los marcos voluntarios, del tipo de los Principios Rectores, para adoptar un mecanismo vinculante.
Este objetivo, que ya lleva décadas de trabajos, recibió un importante impulso en junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de permitir el inicio de negociaciones para un tratado vinculante en torno a las empresas trasnacionales y sus obligaciones de derechos humanos. En esa misma sesión también se aprobó otra resolución para fortalecer la ejecución de los Principios Rectores.
Los nuevos datos sobre la relativa falta de cumplimiento de los Principios Rectores por parte de los bancos son una de las razones por las que crece el número de adeptos a un tratado jurídicamente vinculante, según Caliari.
“Es cada vez más claro que los mecanismos que se basan en el consentimiento de las empresas no pueden ser la totalidad de los mecanismos de rendición de cuentas disponibles. Se necesita más”, subrayó el integrante del Center of Concern.
*Traducido por Álvaro Queiruga
Carey L Biron*/IPS
Contralínea 420 / del 18 al 24 de Enero 2015
