Los primeros 2 años en que se realizó el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) habían tenido preferencia los egresados de las normales públicas; sin embargo, la actual dirección del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), so pretexto de la jubilación masiva de trabajadores en servicio, calcula que en los próximos años los egresados de las escuelas formadoras de maestros no cubrirán la demanda requerida en el país; por lo cual, del 11 al 19 de julio de este año podría empezar a abrirse el examen de ingreso a la profesión docente a todas las universidades, que de cualquier modo está previsto para el ciclo escolar siguiente.

Cuando Sylvia Schmelkes, directora del INEE y exempleada de la consultora privada de políticas públicas Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dice que las carencias de formación serían cubiertas con “cursos”, está racionalizando más como una operaria del sector empresarial que como una académica que dirige una institución educativa. La formación pedagógica, didáctica, filosófica y ética de los profesores no se resuelve con cursos de capacitación técnica; la escuela no es una fábrica que funciona con obreros calificados produciendo mercancías de calidad, sino una entidad que trata con seres humanos.

Lo que se observa detrás de este discurso es la justificación para desaparecer a las normales, pero también a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) y los institutos de ciencias de la educación que todavía existen en algunas entidades. Esta amenaza se suma al cierre forzado de varias escuelas, unas veces de manera violenta, como en el caso del Mexe, Hidalgo, y otras por disposiciones administrativas que, de forma vertical, deciden no abrir más licenciaturas como en el caso del CAM-Distrito Federal. Para darnos una idea de lo que esto significa, hace 15 años había 655 normales en México, hoy sólo existen 484, de las cuales 210 ya son privadas.

La apertura del SPD a cualquier institución pública o privada tiene por objetivo hacer de la educación, así como de la preparación de los maestros y maestras, una actividad sumamente rentable; por ello han proliferado de modo incalculable las escuelas particulares ofertando cursos y simulacros del examen de ingreso al servicio docente, con un costo que oscila entre los 5 mil y los 10 mil pesos.

Estas mismas escuelas han abierto una nueva generación de licenciaturas que van más acorde con los lineamientos economicistas de la “reforma educativa”. Ahí la pedagogía abre su paso a la administración, gestión o liderazgo escolar; es decir, a la formación del maestro “calificado” en el manejo de la escuela-empresa, que pierde su ética y vocación en detrimento de la construcción de una identidad nacional y patriótica que antes había sido dada como tarea histórica al normalismo.

La medida prevista por el INEE –que podría resolverse aumentando la matrícula de las escuelas normales– pretende crear en el corto plazo un amplio mercado laboral alimentado por el ascenso descomunal de las escuelas privadas, que sobreoferte la carrera docente, creando así las condiciones para el abaratamiento del salario y desde luego la precarización e inestabilidad de su trabajo.

Los contratos de los nuevos profesores, desde que se creó el SPD, no han sido por más de 6 meses, ni tienen las prestaciones y derechos de un trabajador basificado; si bien podrán renovarse hasta por 2 años, esto dependerá de su desempeño, que será medido por primera vez en este bimestre (del 15 de junio al 3 de julio); y en el mismo periodo de fin de cursos en 2016 para quienes logren ingresar al servicio en esta ocasión.

Pese al discurso del INEE respecto de una evaluación integral, el examen será el único instrumento para definir si los mentores tienen experiencia, preparación académica, dominio de los contenidos curriculares, habilidades de planeación y desarrollo de sus clases, así como buena relación institucional y con sus alumnos. En el sentido común de cualquiera que tenga nociones básicas de pedagogía, esta pretensión con un instrumento tan parcial como un test de opciones múltiples, resulta francamente insostenible científicamente.

Este primer examen para la permanencia será para los nuevos maestros que fueron contratados después de febrero de 2013, cuando entró en vigor la nueva “reforma educativa”, y hasta el 16 de enero de 2015; para ellos no habrá segundas oportunidades. En realidad, les espera un futuro poco prometedor. La Ley General del Servicio Profesional Docente especifica que, de no ser favorable su desempeño, serán despedidos sin ninguna responsabilidad para la autoridad educativa.

De concretarse la reactivación del calendario del INEE, la exclusión de los egresados de las escuelas públicas formadoras de docentes y el despido de los trabajadores de la educación será un asunto gradual y selectivo, pero sistemático y continuo, situación que busca fragmentar estas medidas por años de antigüedad o funciones en el servicio, esperando contener brotes masivos de movilizaciones conjuntas del magisterio y los estudiantes en rechazo de las evaluaciones.

La primera evaluación magisterial para la permanencia, establecida para el periodo del 15 de junio al 3 julio del presente año, es apenas el inicio de la ruta del despido, que ya nos pone ante el peligro de un golpe laboral de dimensiones mayúsculas contra el sindicalismo, que podría superar cuantitativamente al que el Estado mexicano dio a los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fueron separados de su trabajo en octubre de 2009.

*Historiador y profesor; miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

[OPINIÓN]

 Contralínea 442 / del 22 al 28 de Junio 2015