El paso del huracán Patricia por México nos obliga a revisar el uso del multimillonario presupuesto que tiene el gobierno federal para enfrentar los desastres naturales. Lamentablemente para las víctimas, los recursos no siempre son manejados con transparencia, oportunidad y honestidad.

Para atender este tipo de contingencias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con dos fideicomisos: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Según el “Anexo XVIII” de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cierre del segundo trimestre de 2015 el primero reportó un saldo de 4 mil 34 millones 2 mil 898 pesos, y el segundo, de 5 mil 686 millones 615 mil 591.

El Fonden está encargado de “entregar recursos a las dependencias y entidades federales para las obras y acciones de reconstrucción que son responsabilidad del gobierno federal por la ocurrencia de desastres naturales”. Y el de Reconstrucción, de “otorgar apoyos financieros a los estados y al Distrito Federal cuyos municipios y demarcaciones territoriales hubieren sido afectados, a partir de enero de 2010, por desastres naturales incluidos en la correspondiente declaratoria que para tal efecto haya emitido la Secretaría de Gobernación”.

Pero lejos de atender con oportunidad las emergencias, los fideicomisos destinan millones de pesos del erario al pago de asesorías del Banco Mundial y trasnacionales como Cooper Gay y Aon Benfield.

Así, con la opacidad que les garantiza el secreto fiduciario, el manejo de los recursos no siempre es el mejor. Ejemplo de ello es la falta de transparencia en los seguros y bonos del Fonden. Este año, el seguro de patrimonio costó 1 mil 120.6 millones de pesos, pero los Informes obre la situación económica, de Hacienda, omiten los datos del asegurador y del proceso de contratación.

No obstante, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela que es Agrosemex la aseguradora contratada, al menos durante tres periodos. “Respecto a la contratación del seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos para la protección del patrimonio de dicho fideicomiso, se constató que el Comité Técnico aprobó las características del seguro que protegería el patrimonio del fideicomiso referido por el periodo del 5 de julio de 2013 al 5 de julio de 2014 presentadas por la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social [de Hacienda] con base en la propuesta de Agrosemex, SA, que es la aseguradora con la que se formalizaron los contratos de seguros 2011-2012 y 2012-2013”, detalla.

En 2013, el seguro costó 955 millones 406 mil 200 pesos, más impuestos. Al respecto, la Auditoría detectó que los recursos autorizados para el pago del IVA –por 152 millones 864 mil 900 pesos– no se registraron ni se reportaron en los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del cuarto trimestre de 2013 ni en la Cuenta Pública de ese año. “Por lo que la información que se reportó es imprecisa”, señaló.

[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”] El Fondo de Desastres Naturales ha gastado millones en asesorías del Banco Mundial y servicios de intermediación de empresas como Aon Benfield”[/blockquote]

Pero el gasto va más allá del seguro. El Informe de la ASF, presentado a inicios de 2015, revela que el Fonden también pagó asesorías externas: “para cubrir los costos y gastos derivados de la contratación del Banco Mundial como asesor financiero en la renovación del esquema de transferencia de riesgos catastróficos, el Comité Técnico instruyó al fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios a constituir una reserva financiera, con cargo en su patrimonio, por 1 mil 470 millones de pesos más el impuesto al valor agregado [IVA]”.

 Como límite para el esquema de transferencia de riesgos se estableció la cantidad de 104 millones de pesos, más IVA. También se ordenó considerar el pago de la prima anual del instrumento de transferencia de riesgos (bono catastrófico), con una vigencia de 3 años contados a partir de octubre de 2012.

Además del Banco Mundial, algunas empresas se benefician durante la contratación del seguro. El Informe de la ASF descubre que en la cobertura 2013-2014 se involucró a un consorcio de intermediarios de reaseguro, conformado por Aon Benfield México, Cooper Gay, Guy Carpenter México y Willis México.

Éste se encargó del diseño de un “esquema que permitiría a Agrosemex y al Comité Técnico del Fonden contar con información clara y concisa a fin de tener un panorama general de la situación respecto al seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos, de cada declaratoria de desastre y, en su caso, basar sus decisiones respecto al otorgamiento de recursos para la reconstrucción de la infraestructura dañada”.

La especulación en los mercados de capital es otro punto débil del fideicomiso: para supuestamente transferir el riesgo, el Fonden recurre a un bono catastrófico anual. No obstante, la ASF concluyó que “las coberturas contratadas no han sido acordes para los eventos de desastres naturales que han ocurrido en los últimos años en el país”. El gasto por este bono entre 2009 y 2013 ascendió a 2 mil 174 millones 894 mil pesos.

En el tema del ejercicio de los recursos para enfrentar catástrofes, la situación no es mejor. En 2013, la ASF fiscalizó el 83.5 por ciento del dinero autorizado (3 mil 622 millones 169 mil 900 pesos) para Guerrero, por sismos y lluvias severas, y encontró irregularidades que van desde el atraso en la entrega del apoyo hasta la contratación anómala de terceros.

Su dictamen, emitido el 12 de noviembre de 2014, determinó que las secretarías de Hacienda; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) incurrieron en irregularidades.

En el caso de la Conagua, detectó que el Comité Técnico del Fonden autorizó apoyos parciales inmediatos, para la atención de acciones emergentes y obras de carácter prioritario y urgente, por 289 millones 800 mil pesos, de los cuales no se ejercieron 99 millones 408 mil pesos (34.3 por ciento). La Conagua regularizó dicha situación ante el Comité Técnico 161 días naturales después del periodo establecido para su aplicación, el 5 de septiembre de 2014.

A la Sedatu se le autorizaron 50 millones 900 mil pesos; sin embargo, ésta no acreditó su ejercicio ni su regularización ante el Comité Técnico. Además, inició obras y acciones con atrasos entre 113 y 119 días naturales con relación a la fecha de aprobación de recursos, y comprometió contrataciones con terceros por 445 millones 403 mil pesos, cuando el presupuesto autorizado por el Fonden era mucho menor.

En el caso de la SCT, se le canalizaron 700 millones 87 mil 400 pesos, de los que no se ejercieron 4 millones 585 mil 400 pesos. No obstante, fue hasta octubre de 2014 cuando tramitó su cancelación.

Ahora, el huracán Patricia pone a prueba al Fonden, que se ha caracterizado por ser, en sí mismo, un desastre administrativo que nos ha costado varios miles de millones de pesos.

Nancy Flores*, @nancy_contra

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 461 / del 02 al 08 de Noviembre 2015