Los días 3, 4 y 5 de junio pasado se celebró en el pueblo mágico de Todos Santos, Baja California Sur, el Primer Congreso Ciudadano sobre Megaminería, Megadesarrollos y Derechos Humanos, diseñado bajo los propósitos de informar, organizar y articular a la sociedad sudcaliforniana sobre la situación prevaleciente en cuanto a las diversas formas de despojo que enfrentan varias comunidades rurales y urbanas del estado. Despojos que se llevan a cabo desde hace décadas bajo las falsas banderas del “desarrollo” y la “legalidad”, pero que en los últimos años se han multiplicado alarmantemente.

La reunión ciudadana se organizó en mesas de trabajo con temas como: megaminería, corrupción e impunidad; minería tóxica, contaminación y salud pública; mega desarrollos, despojo del patrimonio y de recursos naturales; megadesarrollos, crecimiento y rezago social; empoderamiento ciudadano y derecho a la información; modelo extractivista y crisis de derechos humanos; miedo, violencia y control social; y paquete de reformas estatales como instrumento para la imposición del modelo extractivista. Participaron más de 60 ponentes de todo el estado.

Desde el día de la inauguración y a la par de la realización de las mesas de trabajo, se presentaron diversas personalidades académicas y luchadores sociales reconocidos por su labor en los temas centrales del congreso. El 3 de junio, y después de la inauguración del evento y la exposición de motivos por los cuales la ciudadanía de diversas partes del estado organizó el evento, se presentó Roberto Robles Maloof, de la cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura-Universidad Nacional Autónoma de México (UNESCO-UNAM), miembro de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz. Impartió una conferencia sobre miedo, violencia y control social. El 4 de junio se presentó el padre Alejandro Solalinde Guerra, quien además de sus títulos académicos y su larga carrera sacerdotal, ha desarrollado desde hace varios años una ardua labor en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, principalmente de los migrantes. Su plática fue la que causó más expectativa y la que congregó al mayor número de asistentes al teatro Manuel Márquez de León a un costado de la plaza pública del pequeño poblado. Por su parte, el 5 de junio se presentó Ernesto Villanueva, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y columnista en la revista Proceso.

Durante los 3 días del congreso se presentaron más investigadores y activistas involucrados en la entidad en la lucha contra la megaminería, los desarrollos inmobiliarios y en defensa de los derechos humanos, así como otros de diversas partes del país. Se contó con la presencia del Carlos Mancilla, Juan Ángel Trasviña, Charlenne Ramos, Manuel Trasviña, Ramsés Orozco y Jorge Antonio Sánchez Cordero. Asimismo, a lo largo del evento se realizaron diversos talleres para niños, exposiciones artísticas, así como la presentación de varios cantautores, en un festival cultural que logró la convivencia de los pobladores de Todos Santos y la gente que vino de fuera para participar en el congreso ciudadano.

Sin duda, es relevante que el congreso se realizara con los propósitos de informar, organizar y articular a la sociedad sudcaliforniana entorno a las diversas problemáticas de despojo que afectan la entidad y que devienen en la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Sobre todo, de aquellos ciudadanos que se han organizado y que le han hecho frente a la mercantilización que los gobiernos estatales y federales –del partido en turno que gobierne– están haciendo de su tierra y su agua. Es importante resaltar que el congreso se gestó en una época en que las protestas de la población en contra de las diferentes modalidades de explotación minera, instalación de megadesarrollos inmobiliarios y privatización de playas y carreteras se suceden en todo el estado (https://contralinea.com.mx/2015/10/07/escalada-del-conflicto-social-en-baja-california-sur/), casi a la par que los grupos de la sociedad organizada y consciente de la importancia de su participación en la política pública, denuncian una nueva concesión para una mina, nuevos y no siempre legales permisos otorgados para la venta o concesión de predios inmediatos a la costa, tomas de agua clandestinas, etcétera. Ha sido completamente documentado el caso del desarrollo inmobiliario de Tres Santos, emplazado en las playas de Todos Santos. Despojo de la playa de los pescadores de la comunidad, mismo que ha sido en gran medida el detonador para la organización del congreso ciudadano.

La ciudadanía, consciente ante el embate del gobierno en contubernio con empresas nacionales y transnacionales, además de algunos empresarios y oportunistas sudcalifornianos, decidió organizarse para realizar un evento político apartidista. Un sector importante de la sociedad sudcaliforniana, integrado por gente de muy diverso origen social e ideológico, harta y alarmada de ver cómo pedazo a pedazo venden o empeñan su estado, hizo un llamado para organizar a más ciudadanos en una lucha contra el poder económico y político que está desvencijando su tierra y sus comunidades. Llevaron este congreso –festival intelectual, artístico y de resistencia– al centro de uno de los más álgidos conflictos sociales del estado, pues en Todos Santos se vive el caso más reciente y notorio de conflicto social generado por los desarrolladores inmobiliarios. Esos que son genéricos en su proceder, sólo cambian las caras, los prestanombres, las empresas nacionales y transnacionales, etcétera. Esos que llegan a una comunidad apacible y paradisiaca –como lo era Todos Santos antes de que Tres Santos de MIRA Companies perteneciente a Black Creek Group, de Denver, Estados Unidos, y la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, llegaran a implantarse (https://contralinea.com.mx/2016/01/12/tres-santos-despojo-y-corrupcion-en-baja-california-sur/). Como es sabido, primero mediante falsas promesas de desarrollo y luego, ante la resistencia de la comunidad, dividiéndola y usando la intimidacin y la fuerza. cimientos monetarios a lideres de la comunidad y finalmente mediante la intimidacifalsas promesas de desarrollo yón y la fuerza. El gobierno estatal envió el 2 de febrero pasado a la policía a desalojar el plantón de pescadores emplazado desde el 29 de octubre de 2015 en oposición a la ilegalidad del desarrollo inmobiliario. Plantón que se reinstaló el 14 de mayo del presente, después de 3 meses del levantamiento y ante la ruptura de la mesa de diálogo que se había instalado entre las partes en conflicto.

El padre Solalinde se solidarizó con la lucha de resistencia civil de los pescadores y la comunidad de Todos Santos. Conminó a estar unidos en su histórica gesta y no descansar hasta preservar la playa y los recursos que les pertenecen. Dijo que lo que sucede en Todos Santos lo ha visto en todo el país, y solamente con la unión de las comunidades afectadas es que se puede hacer frente al despojo. Antes de despedirse, bendijo a los pescadores y a su lucha.

El congreso ciudadano se vio reducido a su mínima expresión en la mayoría de los medios de comunicación de la entidad. No así las notas referentes a una dudosa manifestación a favor de la empresa Tres Santos, que se llevó a cabo en las inmediaciones y las calles céntricas del poblado el 4 de junio. “Protesta” en cuyas mantas, perfectamente diseñadas e impresas se leía: “Ya basta de los intereses de algunos cuantos. Vamos por el progreso de Todos Santos”. Obviamente las notas a este respecto no se hicieron esperar en los medios de comunicación con la magnificación del número de participantes. Pero afortunadamente dicha “protesta”, que olió a manifestación prefabricada por pedido, no tuvo eco en la población, y el congreso ciudadano contra el despojo –la verdadera manifestación de la comunidad todosanteña y sudcaliforniana–transcurrió en calma hasta su cierre.

La calma en la que transcurrió el congreso sólo lo fue para los participantes de fuera. No así para algunos miembros de la comunidad. El padre del abogado John Moreno –defensor de los pescadores– se vio involucrado el 4 de junio en la playa en un incidente con trabajadores de la empresa de Tres Santos, quienes ante el reinstalado plantón de los pescadores en el acceso terrestre a Punta Lobos han estado transportando material en camionetas de doble tracción por varios kilómetros de playa –sobre una zona de anidación de tortuga–. ¿Empresa social y ambientalmente responsable? El incidente fue calificado por el abogado Moreno de “atentado”. Y, por otro lado, el 5 de junio Ricardo Madrazo, reportero local que ha dado puntual seguimiento al conflicto, recibió amenazas a través de la red. Mismas que se suman a las que ha recibido el abogado John Moreno y su familia. Intimidación que al menos en el mensaje se vincula directamente con la empresa Tres Santos. Asunto de suma gravedad, dentro de un conflicto que se ha prolongado por más de 8 meses. Amenazas que la autoridad debería investigar, lo que se ve poco probable, pues esta ha inclinado la balanza a favor de los desarrolladores inmobiliarios desde antes del inicio del conflicto y a lo largo de éste no ha sabido resolver.

La prolongación y crispamiento del conflicto en Todos Santos, los roces entre habitantes de la comunidad y trabajadores de la empresa, así como las amenazas en contra de aquellos que dan difusión al conflicto se dan a la par de que un importante sector de la sociedad sudcaliforniana se opone mediante iniciativas ciudadanas a la llamada “Ley Mendoza” (Ley de Asociaciones Público Privadas), que en opinión de integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), hace completamente legal del despojo territorial, que en sus diversas formas, se viene practicando en la entidad. Protestas ante las cuales el gobierno estatal ha llamado a la fuerza pública –policías y militares– para resguardar el Congreso del estado en la ciudad de La Paz. Afortunadamente la realización del Primer Congreso Ciudadano sobre Megaminería, Megadesarrollos y Derechos Humanos, en el área del conflicto, es una muestra clara, un mensaje directo a las autoridades estatales y federales, de que si ellos no saben resolver los conflictos sociales en beneficio de la comunidad, entonces serán superadas por la organización de la sociedad civil, que es en última instancia la que debe decidir si se realizan o no los establecimientos mineros o los desarrollos inmobiliarios. Mensaje que debe obligar a las autoridades, principalmente las estatales, a dar solución a todos y cada uno de los conflictos sociales causados por los establecimientos mineros y los desarrollos inmobiliarios. Como he venido advirtiendo en otros textos, en Baja California Sur se está viviendo una escalada del conflicto social en múltiples frentes, pero que está uniendo a la ciudadanía en la lucha por la defensa de su territorio y sus formas de vida.

Roberto E Galindo*

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional, licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico. Actualmente cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm.

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 493 / del 20 al 25 de Junio 2016