La ética periodística dicta que el reportero debe informar con veracidad sobre acontecimientos sociales que le interesen a la población y ello incluye buscar la versión de los distintos actores involucrados en un acontecimiento, más aún cuando se trata de los afectados directamente por la información a publicar, lo que reduce el riesgo de que el periodista sufra agresiones o enfrente demandas ante tribunales, pues permite a todos los involucrados dar su versión de los hechos en el mismo espacio y momento de la publicación.

Cuando los reporteros actúan con responsabilidad al contrastar y confrontar la información, para que los involucrados tengan el mismo derecho y puedan dar su versión sobre el acontecimiento de que se trate, prácticamente se le da al afectado el derecho de réplica al mismo momento que se publica la noticia y no uno o varios días después como actualmente ocurre.

Mientras la prensa tradicional –escrita, radio, televisión e internet–, que cree ser poseedora única de la verdad, insista en mantener cerrados los espacios al legítimo derecho de réplica que tiene la sociedad, se mantendrá un paso (agigantado) atrás de las redes sociales, en donde la población se ha volcado a escribir lo que piensa, lo que siente y lo que quiere, ubicando esos espacios de comunicación abierta como una de las mayores libertades de expresión que se tenga memoria, aún con los excesos que allí se cometen todos los días. Porque es preferible la máxima libertad de expresión a la censura y represión de cualquier autoridad.

Llama la atención esta discusión respecto a la posible resolución que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará en los próximos días sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas torpemente a finales de 2015 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre nuevas disposiciones de la ley reglamentaria que regula el Derecho de Réplica.

En un anteproyecto de sentencia, que el ministro Alberto Pérez Dayán someterá a discusión del pleno en días próximos y cuyo documento fue dado a conocer la semana pasada por la reportera Diana Lastiri en El Universal, “se prevé eliminar del artículo tercero de la ley los requisitos de ‘información inexacta o falsa’ para hacer valer el derecho de réplica ante el medio y los tribunales”.

Actualmente dicho artículo señala: “Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio”.

Es decir, los ministros de la Corte discutirán si eliminan las palabras “información inexacta o falsa” de dicha ley para que cualquier ciudadano que se sienta agraviado pueda exigir el derecho de réplica y también demandar ante tribunales al periodista y al medio de comunicación, lo cual de ser aprobado por la Corte, no importará si la información publicada es verdadera y está soportada con evidencias suficientes, pues de cualquier modo los interesados en el caso podrán exigir derecho de réplica y exigir a tribunales sanciones en contra de los periodistas, y será entonces el juez el que determine si la información aunque sea veraz causó algún agravio.

Por ello la Corte no debe confundir lo que mañosamente pretenden Morena y el PRD por conducto del proyecto del ministro Pérez Dayán, al revolver el legítimo derecho de réplica con los procedimientos judiciales para sancionar a los periodistas sin importar que éstos hayan actuado con diligencia y veracidad en su trabajo. La Corte no debe abrirle la puerta a todos aquellos que ven en las demandas judiciales en contra de la prensa como un subterfugio para presionar a los reporteros y evitar que sean sujetos de investigación periodística, pues esto hace peligrar las libertades de expresión y de prensa en momentos en que el país enfrenta una ola de violencia y los periodistas son sujetos de agresiones que van desde los asesinatos hasta las amenazas y procesos judiciales para amedrentarlos.

El espíritu del derecho de réplica es necesario en cualquier sociedad democrática y a él están obligados todos los medios de comunicación como un principio de abrir el diálogo con la sociedad que se inconforme por lo que se escribe o se dice, pero eso no implica que cuando los periodistas escriben con fundamento y aportan pruebas suficientes de los hechos, aun así podrán ser sometidos a tribunales.

Pero de aprobar la Corte dicho proyecto de ley, los reporteros que escriban con diligencia y veracidad sus trabajos periodísticos, en donde se aporten pruebas suficientes de la responsabilidad de diversos actores públicos o privados, aun así podrán ser llevados a tribunales si alguno de los actores involucrados considera que la información publicada, aunque ésta sea cierta, lo agravia y le causa daño, y el juez podrá decidir que aún con información veraz sí se causó alguna afectación y el periodista será entonces sancionado por decir la verdad.

Es cierto también que pretender creer que los medios de comunicación son los dueños de la verdad absoluta es una falacia tan grande como querer negar el derecho de la población a quejarse y criticar el trabajo de los periodistas.

La defensa que hacen algunos medios para negar el derecho de réplica es sostenida fundamentalmente por los empresarios y dueños de periódicos y concesionarios de radio y televisión, quienes sistemáticamente se niegan a abrir los espacios a las críticas y opiniones de los afectados por la información publicada, circunstancia que aumenta las demandas en contra de los periodistas, pero para los reporteros, que por su función primordial son el corazón y el alma de la redacción, es una obligación ética y moral (además de legal) que se otorgue el derecho de réplica a la sociedad.

Al reportero que realiza con profesionalismo y responsabilidad su trabajo no debe preocuparle esta discusión, pues a él más que a nadie le interesa que los medios-empresa de comunicación respeten el derecho de réplica, porque ésta es una extensión de la libertad de expresión de la población y de respeto hacia aquellos que son afectados por información falsa o manipulada, porque al fin de cuentas lo que busca el periodismo es la verdad y mientras más se manifiesten los actores involucrados en algún acontecimiento, la sociedad podrá estar mejor informada y tendrá un criterio más amplio sobre los sucesos que ocurren cotidianamente.

Hasta ahora sabemos que en la práctica el derecho de réplica es poco respetado en la prensa mexicana, más aún en medios electrónicos y cibernéticos sobre los escritos, la cual omite en gran parte de su información el contraste de las versiones sobre los hechos que escribe, con lo cual falta a la ética periodística, y más aún cuando posteriormente también se resiste a respetar el derecho de réplica.

Entonces no se debe confundir a la sociedad con una supuesta salvaguarda del derecho de réplica, cuando en el fondo el ministro citado pretende aumentar la judicialización de la práctica periodística y llevar a juicio a más reporteros que revelen las verdades que lastiman y encueran al poder. Será una maniobra más de la Corte en contra de la libertad de prensa.