Luis Beatón/Prensa Latina
Caracas, Venezuela. A pocos días de su presunta celebración, el plebiscito convocado para el 16 de julio por sectores opositores al gobierno constitucional de Venezuela se perfila cada vez más como un desafío a la legitimidad y evidencia el desespero de esos grupos ante sus reiterados fracasos.
Así lo consideran analistas y figuras políticas que aprecian este intento como una provocación más de los que quieren llegar al gobierno a través de vías fraudulentas, ahora aderezadas con componentes de odio y violencia.
Entre los que opinan de esa forma se encuentra el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien estimó que la maniobra opositora carece de legitimidad y que la convocatoria de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es una violación a la Constitución de la República, y no un evento en defensa de Carga Magna como quieren hacer ver.
Según observadores sobre el terreno con el llamado a una consulta no prevista en la Constitución acerca de la continuidad del mandato del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la MUD reincide en la fijación de fechas para derrocar al gobierno constitucional, práctica que ya le costó el repudio y la frustración de sus seguidores.
Cuando se instaló la Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora apostaron todo el capital político a que en seis meses derrocarían al gobierno, y ¿qué paso? El fracaso, y detrás de este, la escogencia de la violencia, el sicariato, el odio, la guerra económica y mediática para lograr sus objetivos.
Aún los venezolanos recuerdan febrero de 2014, cuando la coalición opositora, encabezada por los movimientos de ultraderecha Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela, de Leopoldo López y María Corina Machado, impulsó La Salida, un plan de “calle sin retorno, hasta que se vayan quienes nos gobiernan”, según ellos.
Esa jugada, como ahora, se extendió por más de 2 meses con focos de violencia concentrados en municipios gobernados por alcaldes de derecha, que dejaron 43 personas asesinadas y más de 800 heridas.
En 2015, la campaña electoral de la MUD para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre se basó en la promesa de utilizar la AN para dar un golpe de Estado. Así lo reafirmó el 5 enero de 2016 el adeco Henry Ramos Allup, cuando al asumir la presidencia de ese foro reiteró los planes que ya evidenciaban su talante golpista.
“En un lapso de seis meses tenemos que conseguir un método para sacar este Gobierno”, afirmaba el diputado opositor, algo que al parecer intentan con esta movida ilegal de convocar al pueblo sin tener un asidero legal.
Fracaso tras fracaso caracterizaron la gestión opositora, entre estos la activación de un referendo revocatorio que pese a su legitimidad no pudo concretarse en 2016 por demoras en su convocatoria y malos manejos de los tiempos por sus impulsores, el intento de un juicio político al presidente, y otras tantos más.
Luego de un cambio de figura, entra en función otro presidente a la AN, el parlamentario Julio Borges, quien fue más arriesgado que su antecesor, Ramos Allup, cuando prometió en enero de 2017 la salida del presidente constitucional en “pocos días”, mediante maniobras como la declaratoria del abandono de cargo del jefe de Estado, quien se encuentra en ejercicio pleno de sus funciones constitucionales.
Luego de los sonados fracasos y una acción en el exterior calificada por muchos como “traición a la patria”, en marzo, Borges anunció una agenda de calle para crear un clima de ingobernabilidad y con ello justificar una intervención extranjera.
Ciertamente, la oposición está en una posición de desafío al gobierno, de entreguismo a intereses extranjeros con centro en Estados Unidos y en la Organización de Estados Americanos (OEA), y apelando a todos los medios de una guerra no convencional se apresta a dar una arremetida final con el plebiscito.
Para esos propósitos no importan el fallecimiento de 97 personas, de acuerdo con datos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, más de 1 mil 400 lesionados y cuantiosos daños a bienes públicos y privados.
Cómplices no faltan, y en ese barco de inmundicia está montado el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, quien recientemente expresó que el organismo de la iglesia Católica que representa “ha juzgado innecesaria e inconveniente la iniciativa presidencial de una Asamblea Nacional Constituyente”.
Durante la instalación de la 108 Asamblea Ordinaria Plenaria, monseñor Padrón manifestó su apoyo al llamado plebiscito convocado por la oposición venezolana para el venidero 16 de julio y lo calificó como “un acto simbólico donde la mayoría del pueblo venezolano mostrará su descontento con la Asamblea Nacional Constituyente”, algo que está por verse.
Para algunos analistas y académicos venezolanos como Juan Eduardo Romero, el plebiscito es parte de los mecanismos de la guerra no convencional que enfrenta Venezuela.
Según Romero entre enero de 2014 hasta fines de 2016, se asistió a una etapa de conflictividad, que tuvo dos características primordiales: 1) la elevación de la violencia simbólica en cada ámbito de la vida ciudadana y 2) el reforzamiento de un marco referencial, que señalaba la “incapacidad” del Gobierno encabezado por Nicolás Maduro para solucionar la crisis.
Ambos se conjugan para implantar la idea de un “Estado Fallido”, que es aquel incapaz de mantener el orden y asegurar la convivencia entre sus ciudadanos. La figura del Estado Fallido es clave, pues a través de él, se puede –empleando el derecho internacional humanitario – hablar de “injerencia humanitaria”, precisa.
Así, explica el denominado “derecho de injerencia”, que conlleva la violación de un principio esencial del derecho internacional: la soberanía. Sin embargo, el derecho de injerencia deja claramente establecido la posibilidad de violentar este principio en nombre de otro mayor: “la intervención humanitaria”, algo en lo que insisten los enemigos del proceso bolivariano.
Es por ello, que desde todo el año 2016 se observó la insistencia de la oposición venezolana en el sentido que el Gobierno de Maduro reconociera una situación de “crisis humanitaria”.
En términos generales, lo más que lograron fue acentuar la crisis en el país, generar un ambiente de rechazo a su violencia y gastar una gran parte de su capital político, ganado en unas elecciones caracterizadas por su limpieza. ¿Y entonces, por qué no esperaron hasta 2018?
Sencillamente porque no respetan la Constitución y temen que el chavismo con sus políticas y misiones de beneficio social les impida llegar por mucho tiempo al palacio de gobierno en Miraflores.
De ahí que surjan engendros como el Movimiento Libertadores, una presunta plataforma de acción cívica constituida por diferentes sectores de la sociedad, incluidos los más violentos, para impulsar el plebiscito, según anunció el diputado Freddy Guevara, uno de los cabecillas de las protestas, ataques contra bases e instalaciones militares, a quien se espera la justicia en algún momento lo llame a contar.
Este parlamentario es la cara visible de las acciones de protestas, la mayoría terminadas en actos de violencia, de ahí que no es de extrañar su llamado a “manifestar”, y según él a “continuar el camino para debilitar a Nicolás Maduro en función de que a partir del 16 de julio se active e inicie la Hora Cero a nivel nacional”, o lo que es lo mismo, insistir en el plan golpista.
