Desde el 2014, dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adscritos a la región de Morelos, enfrentan órdenes de aprehensión por falsificar documentos federales y simular invasiones al derecho de vía con el propósito de extorsionar a propietarios de predios cercanos a una carretera federal en ese estado.

Héctor Manuel Méndez Murguía, residente general de Conservación de Carreteras del Centro SCT Morelos y Jorge Cruz Cerrillo Pacheco, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Morelos, acusaron a principios de 2001 a la señora Dolores Miralles Ostos de invadir el derecho de vía de una carretera federal libre de peaje. Ambos funcionarios reportaban a Jorge Cruz Carillo, responsable de la Subdirección de Obras de la SCT Moreles, quien desde hace más de una década trabaja en esta dependencia.

José Luis Alarcón Ezeta, quien acaba de ser destituidos después de que la obra del Paso Express se colapsó por un socavón, era jefe de Jorge Cruz Carillo.

Dolores Miralles, propietaria de un predio ubicado dentro de la zona Urbana del municipio de Tetecala, Morelos, específicamente en la Avenida Lic. Benito Juárez, considerada vía primara en esa entidad, recibió la notificación del Centro SCT Morelos de que su predio invadía la carretera federal Alpuyeca Grutas.

Miralles revisó su dirección, revisó sus escrituras, y pensó, en una primera instancia, que se trataba de un lamentable error. Así que buscó aclarar la situación ante el Centro Morelos SCT.

La sorpresa, sin embargo, fue que los funcionarios de la SCT Morelos insistieron en señalarla como invasora del derecho de vía que correspondía a la carretera federal. Aún más, exhibieron documentos en los que se establecía que era propietaria de un predio que invadía el derecho de vía en el kilómetro 23+739 y hasta el kilómetro 23 + 857.65 de la carretera federal Alpuyeca-Grutas.

Dolores Miralles, por lo tanto, fue acusada de invasión de un terreno federal en un proceso administrativo que, en una primera etapa, la sancionó con una multa de 300 salarios mínimos. Pero la amenaza clara era la expropiación de una parte de su predio.

La mujer de 75 años cuya propiedad se encuentra frente a un hospital del ISSSTE y en una avenida central del poblado de Tetecala, y no en una carretera federal, no entendía por qué Méndez Murguía y Cruz Cerrillo Pacheco, procedían de esa manera.

Su abogado, Héctor Carranza, quien logró que se libraran órdenes de aprehensión contra estos dos funcionarios después de un juicio de amparo, tiene una explicación a la decisión de estos dos servidores de usar sus cargos públicos para simular irregularidades en terrenos cercanos a carreteras federales.

“El objetivo es hacer crecer la carretera para después extorsionar a los dueños de los predios”, indicó Carranza. “Lo que intentaron hacer con nosotros fue darnos una lección para que otros no protestaran”, agrega.

Carranza, abogado constitucionalista, es hijo de Dolores Miralles. Héctor Carranza decidió llevar el caso y la defensa de su madre para defender el patrimonio de su familia y demostrar que sufrieron daño moral al ser acusados por delitos que fueron resultado de una simulación.

Según el litigantes, se incurrió en la falsificación de documentos federales. “Eso es muy grave y así quedó demostrado en el plan de peritaje de invasión al derecho de vía”, indicó.

En entrevista, Carranza explica que en 2011, Héctor Manuel Méndez Murguía, residente federal de Conservación de Carreteras del Centro SCT Morelos así como Jorge Cruz Carrillo Pacheco, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Morelos, reportaban a Jorge Cruz Carrillo, director de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro Morelos hace más de una década y Subdirector de Obras en esa dependencia en la actualidad.

En el organigrama del Centro SCT Morelos consta que Jorge Cruz Carrillo le reportaba directamente a José Luis Alarcón Ezeta, quien hasta el pasado 13 de julio era el director del Centro SCT Morelos.

Alarcón Ezeta fue destituido luego del socavón que colapsó al Paso Express de Cuernavaca.

Carranza aclara que ni el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro Morelos ni su ex titular firmaron documentos.

“Todos los documentos los firmaron, falsificaron y presentaron Méndez Murguía y Cerrillo Pacheco”, dice Carranza quien lamenta que el socavón en el Paso Express, bajo la responsabilidad del Centro Morelos, le haya costado la vida a dos personas.

Ahora, según Carranza, dos funcionarios que trabajaron en el Centro SCT Morelos enfrentan la ejecución de ordenes de aprensión y permanecen bajo proceso penal a pesar de que la SCT interpuso todos los recursos legales y económicos para su defensa a pesar de que en varios juicios ya se demostró su culpabilidad.

Ahora Carranza demanda al Estado mexicano la reparación de daños y perjuicios así como el daño moral resultado de esta simulación y prácticas de corrupción, según el abogado.