De construirse, la presa El Zapotillo y el Acueducto Zapotillo-León afectarían a más de 600 mil personas: 1 mil 500 de forma directa, pues sus comunidades –Temacapulín, Acasico y Palmarejo– serían totalmente inundadas, y 600 mil de forma indirecta.
Y es que agricultores, ganaderos y productores de la Región de los Altos de Jalisco, que suman más de 600 mil, se quedarían sin agua para producir alimentos, denuncian el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo de Abogadxs y los Comités de Hijxs Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey, Watsonvill y Los Ángeles California.
A través de un comunicado, indican que el proyecto es impulsado por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, y tiene por objetivo “abastecer de agua potable a León, Guanajuato; al Área Metropolitana de Guadalajara y a 14 municipios de los Altos de Jalisco”.
Aunque la obra está detenida desde 2013, los afectados y las organizaciones que los acompañan denuncian que, en un intento por continuar las obras, el 29 de junio pasado el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presentó los resultados del estudio “Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente.
Dicho análisis, que costó 4.6 millones de dólares al erario, avala la construcción de la presa. “Las comunidades afectadas consideramos que el estudio hídrico presentado por la UNOPS-ONU fue tendencioso, ya que sólo consideró variables en relación a la presa, y no contempló otras alternativas para el abastecimiento del agua”, advierten los inconformes.
Agregan que el estudio “propuso cinco escenarios, cuatro que validan la construcción de la presa con una cortina de 105 metros y sólo uno consideró la construcción de la cortina a 80 metros, lo que evitaría que la comunidad de Temacapulín quedara inundada”.
Para las organizaciones, la opinión de la UNOPS-ONU es deficiente, a modo, no respeta los derechos humanos de los afectados y criminaliza su lucha. “Por eso, rechazamos el dictamen de la UNOPS, porque ya estaba tomada la decisión de antemano, tal como lo venimos denunciando desde el momento en que se contrató a dicha agencia”.
Agregan que “es inaceptable que el estudio y la decisión del gobernador se presenten como algo definitivo”, y les sorprende “que usen a organismos de Naciones Unidas para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado y suspendido por infinidad de irregularidades legales”.
Según los afectados, “El Zapotillo comenzó a promoverse desde 2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción, a cargo de la empresa española FCC Construcción (Fomento de Construcciones y Contratas), junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, empresas mexicanas. En septiembre de 2011, la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León, Guanajuato, se adjudicó a la empresa española Abengoa”.
En su comunicado, señalan que al inundar unas 4 mil 500 hectáreas, se sepultarían tierras fértiles, situación que traería como “consecuencia la pérdida de riqueza ambiental, producción agrícola y, particularmente, la inundación de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico. Además generaría un estrés de producción y de abastecimiento de alimentos, al dejar sin agua a los productores de los Altos, debido a que en esta región de Jalisco se produce el 88 por ciento del huevo y el 22 por ciento de la proteína animal producida en México, afectando el tejido social y la economía de la región”.
Nancy Flores
