La administración del presidente Enrique Peña Nieto entra en su recta final, en sentido opuesto por el ascenso de la violencia e inseguridad, en una espiral que parece desbordar los esfuerzos gubernamentales y cobra miles de víctimas en México.

Para muestra las estadísticas mensuales del Sistema de Seguridad Pública situaron a octubre como el mes más violento desde enero de 1997 con 2 mil 371 homicidios.

Y cuando 2017 aún no termina, ya resulta el año con mayor número de asesinatos en la gestión del actual mandatario que inició en 2013. Desde entonces suman 20 mil 878 asesinatos.

Pero los datos aún no superan el récord de 2011, el peor año en materia de seguridad con 22 mil 885 muertes violentas.

Terminaba entonces su mandato el presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, quien había declarado la guerra a los cárteles de la droga y puso al frente del combate al Ejército y la Marina Armada de México, que aún continúan en esa trinchera.

Diversos especialistas consideran que el tráfico de drogas y la pugna por las líneas de distribución y mercado entre los grupos criminales son las principales causas de la ola de violencia de los últimos meses, incluso a contrapelo de la captura y muerte de importantes capos de esas agrupaciones.

Lo más preocupante es que no hay señales de que la marea baje. Los reportes diarios, y sobre todo los resúmenes de lo acontecido los fines de semana en diversos sitios del país –Acapulco, por ejemplo– dan cuenta de asesinatos a mansalva, decapitaciones, hallazgos de fosas clandestinas que resultan noticias macabras y cotidianas.

Según los registros, enero de este año sumó 1 mil 927 muertes intencionales; febrero, 1 mil 838; marzo, 2 mil 22; abril, 1 mil 959; mayo, 2 mil 192; junio, 2 mil 238; julio, 2 mil 30; agosto, 2 mil 116; septiembre, 2 mil 185, y octubre, 2 mil 371.

Lo anterior suma 20 mil 878 carpetas de investigación en los primeros 10 meses del año, contra las 20 mil 574 que se abrieron en 2016, 16 mil 909 en 2015, 15 mil 520 en 2014, 18 mil 106 en 2013 y 21 mil 459 en 2012.

En lo que va del año, Guerrero encabeza la lista con 1 mil 924 homicidios dolosos, seguido de Baja California, con 1 mil 733; Estado de México, 1 mil 664; Veracruz, 1 mil 382; Chihuahua, 1 mil 288; Sinaloa, 1 mil 156; Jalisco, 1 mil 93 y Michoacán con 1 mil 18.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, consideró “preocupantes” las cifras de homicidio doloso reportadas en lo que va del año, puesto que son las más altas en la historia del país.

“En un contexto en el que al parecer la autoridad no sabe qué hacer, llevamos rato escuchando excusas alrededor de estas cifras y no estamos viendo que las cosas estén mejorando”, reprochó.

“Si hace algunos años la violencia se encontraba focalizada, hoy prácticamente está diluida en el territorio nacional. El otro aspecto también es que la comisión de estos delitos es mucho más variada. No podemos afirmar que el problema sólo sea de homicidios, sino que estamos hablando de que han crecido prácticamente todos los delitos”, puntualizó.

En reciente comparecencia ante el Senado, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio reconoció el tema aunque justificó que el sistema nacional de seguridad es obsoleto y debe ser cambiado. México enfrenta una situación “muy compleja” en materia de seguridad pública, dijo el alto funcionario federal, quien reconoció que el Ejército y la Marina han sido fundamentales para restablecer la seguridad en muchas comunidades.

Sin embargo, advirtió que su participación en el combate al crimen organizado no puede ni debe ser permanente. Y acotó: es fundamental que los gobiernos locales asuman a cabalidad su responsabilidad al respecto.

Abundó que la seguridad resulta “un desafío que no conoce fronteras territoriales ni ideológicas” y requiere reformar un modelo proveniente del siglo pasado, que ya no responde a la realidad actual.

Se requiere, subrayó, dejar de ser un país donde alrededor de 600 municipios no cuentan con una corporación policial y donde de más de 1 mil 800 corporaciones que existen, la mitad tiene menos de 20 elementos.

Explicó que el 40 por ciento de los integrantes de los cuerpos policiales ganan menos de 4 mil 600 pesos al mes, y en su mayoría no reciben el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales que requieren.

Por otro lado, el gobierno mexicano capturó en estos últimos 4 años a la mayoría de los integrantes de una lista de criminales más buscados que se propuso como parte de la estrategia para combatir la inseguridad.

Uno de ellos es Joaquín Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, quien fue extraditado, al igual que otros jefes de grupos criminales, a Estados Unidos.

Pero muchas veces la desarticulación de las cúpulas de estas organizaciones criminales desata luchas sangrientas por el poder, que se unen a los enfrentamientos entre cárteles.

Estas batallas incluyen las del control del narcomenudeo en ciudades y municipios, y vuelvo con Acapulco, uno de los balnearios más emblemáticos del turismo mexicano, y probablemente la ciudad con mayor índice de violencia del país pese al despliegue del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

No hay que olvidar en este asunto la vecindad de México con Estados Unidos, el mayor mercado de las drogas. Tampoco que los éxitos en Colombia contra los cárteles de la droga trasladó el problema a territorio mexicano, donde crecen los sembradíos de amapola y mariguana.

Lo cierto es que 2017, el penúltimo año de mandato de Peña Nieto, resultará histórico en homicidios, pero también marcara repunte de otros delitos como secuestro, robo, extorsiones, entre otros que incluyen el asesinato de profesionales de la prensa.

Orlando Oramas León/Prensa Latina

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