A unas horas de que los diputados establezcan una terna para elegir al próximo auditor superior de la Federación, el candidato que mayor respaldo ha recibido es Gregorio Guerrero Pozas, actual contralor interno en el Instituto Nacional Electoral (INE).
El probable sucesor de Juan Manuel Portal ya había encabezado, entre 1998 y 2001, la Contaduría Mayor de Hacienda, institución que antecedió a la ahora Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No obstante que ese cargo era por 8 años, fue removido por los diputados de la Legislatura LVIII, refiere su perfil elaborado por órganos de inteligencia. El documento –al que Contralínea tuvo acceso– refiere que Guerrero Pozas promovió un amparo contra su remoción, pero le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agrega que la principal promotora de su salida fue Beatriz Paredes, entonces coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, “con quien Guerrero Pozas tiene diferencias políticas e incluso personales”.
Eterno contralor del INE
Desde abril de 2008, este aspirante a auditor superior se desempeña como contralor interno del ahora INE, pues en mayo de 2014 fue reelecto en el cargo por 6 años más, refiere el perfil.
Con total autonomía, el contador público tiene el encargo de revisar, controlar, fiscalizar, investigar, inspeccionar y vigilar los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del Instituto.
Pese a ello, en febrero y julio de 2017 fue la propia Auditoría Superior de la Federación la que habría corregido la plana al contralor, al detectar que el Instituto incurrió en diversas irregularidades por más de 27 millones de pesos.
Al presentar los resultados de la Cuenta Pública 2015, en febrero, la ASF señaló que las anomalías por poco más de 25 millones de pesos se observaron en comprobantes de gastos, pagos a prestadores de servicios por honorarios, arrendamientos de edificios, entre otros rubros.
Y en julio pasado reveló que el proyecto de la nueva sede del Instituto habría incurrido en irregularidades por más de 2.5 millones de pesos, pues entre otras cosas detectó adjudicaciones directas injustificadas, falta de comprobación de pagos y de revisión de precios unitarios.
Ese proyecto de por sí había sido cuestionado, pues la construcción de dos torres de 14 pisos costaría más de 1 mil millones de pesos, por lo que el plan fue cancelado.
