En un hecho inédito, cinco relatores especiales y dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) piden al Estado mexicano que rechace el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado.
Dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos, advirtieron los relatores especiales Joe Cannataci (sobre el derecho a la privacidad), Michel Forst (sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Agnès Callamard (sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias), Pablo de Greiff (sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición), y David Kaye, (sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), así como los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y sobre la Detención Arbitraria.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron.
En una declaración conjunta, advirtieron que “el Proyecto carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
Por ejemplo, dijeron, “no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de seguridad nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
Para los expertos internacionales, “el creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”.
