Horrorizados, terminaron los relatores internacionales David Kaye y Edison Lanza tras escuchar testimonios de periodistas mexicanos, “en los que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado: el acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda”.
Al concluir su misión oficial de 1 semana para examinar la libertad de expresión en México, Kaye y Lanza –relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente– señalaron que este país debe dar pasos audaces para abordar la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo.
Para los expertos, “la violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de 1 década y a pesar de la creación por parte del gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”.
Por ello, instaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer de protección y transparencia. México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas.
Los relatores consideraron que esta necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, por los procesos electorales.
Recordaron que garantizar la seguridad de los periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público. Los relatores se dijeron inspirados por la pasión que les mostraron los periodistas con quienes se reunieron, así como su compromiso con su papel de informar a la sociedad mexicana y su anhelo de investigar sobre corrupción, crimen organizado y otros asuntos de interés público, sin importar los riesgos que saben que podrían enfrentar.
Respecto del espionaje gubernamental contra comunicadores, documentado en este mismo año, los relatores pidieron al gobierno federal que lleve a cabo una investigación independiente, además de manifestar su preocupación por el hecho de que la vigilancia parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales.
Nancy Flores
Según un comunicado de la ONU, durante su misión –del 27 de noviembre al 4 de diciembre– los relatores especiales se reunieron con más de 250 periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil de 21 estados de la República Mexicana, y autoridades federales y estatales, en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
