En México, la norma es que las terribles violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad, y por ello mismo se reproduzcan cada vez con mayor violencia y peores repercusiones generando un número cada vez más amplío de víctimas.

Y es en este contexto en el cual 2018, año de elecciones de por sí convulsas, marcará un muy grave retroceso en esta materia y de ello dan cuenta ya dos graves sucesos, ocurridos en los primeros días de enero.

El primero y sin duda el más terrible fue el ataque que sufrió la Policía Comunitaria en Guerrero, la madrugada del 7; el segundo, la incursión militar en las comunidades indígenas que habitan la Reserva Montes Azules, en Chiapas, ocurrida 2 días después.

Ambos hechos se insertan en el contexto de la crisis humanitaria que inició en 2007, por decisiones tomadas desde la cúpula política y gubernamental entonces encabezada por el panista Felipe Calderón.

Crisis de la que son responsables hombres y mujeres que integran o han integrado los tres poderes en sus tres niveles en estos más de 10 años, pues ni el Poder Judicial ni el Legislativo han puesto fin a la política pública de “seguridad”, que con la mal llamada guerra contra el narcotráfico ha cobrado la vida de más de 400 mil civiles.

Recrudecimiento de la violencia

Lamentablemente, en este año electoral el recrudecimiento de la violencia y descomposición político-social podría tener dos o hasta tres clímax. Uno de ellos, sin duda, previo a las elecciones de julio; y otro hacia noviembre-diciembre, por el cambio de gobierno y el cierre de año, como ya ha sido de por sí la tendencia anual.

Y es en este mismo contexto en el cual resulta previsible que los derechos políticos no sean los únicos que se vulneren de forma sistemática, sino que se afecten todos los demás, incluidos los DESC (económicos, sociales y culturales).

Más aún, si tenemos en cuenta que a los políticos lo que menos les importa es el pueblo que sufre y paga con muertos, desaparecidos, desplazados, violadas y ultrajados lo que ellos llaman estrategias de seguridad nacional y seguridad pública, no podemos esperar nada más que tragedias.

Y tan no les importa la gente a la que le van a pedir el voto –sea por las buenas o por las malas–, que por eso los “representantes del pueblo” aprobaron a fines de 2017 la Ley de Seguridad Interior. Una legislación que, como ninguna otra, fue cuestionada y rechazada por mexicanos e instituciones y organizaciones internacionales.

Pero volvamos a los dos sucesos que vuelven a marcar esta ruta interminable de violaciones a los derechos humanos, pues estos nos demuestran que aún no vemos lo peor de esta violencia criminal e institucional.

Policía Comunitaria

El ataque a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fue la madrugada del 7 de enero cuando cinco policías comunitarios fueron ejecutados extrajudicialmente y más de 30, “detenidos” e incomunicados.

De acuerdo con la relatoría hecha por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, primero fue una emboscada que ocurrió cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción, como parte de los rondines de seguridad para resguardar una fiesta del pueblo. Ahí fueron asesinados dos policías comunitarios.

Luego, con más de 100 elementos de fuerzas de seguridad –acompañados por miembros del Ejército Mexicano–, el gobierno de Guerrero montó un operativo supuestamente para realizar el levantamiento de los cuerpos –incluidos los de seis agresores– e iniciar las primeras diligencias.

Sin embargo, dicho operativo se desplegó en las comunidades y derivó en el ilegal cateo de las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

Según Tlachinollan, un tercer momento se vivió mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía estatal accionó su arma, lo que desencadenó un tiroteo en el que fueron ejecutados otros tres policías comunitarios.

“En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios.”

Las violaciones a los derechos humanos no pararon ahí: las autoridades estatales se negaron a informar la situación jurídica de Suástegui Muñoz, mientras que la Fiscalía estatal condujo las investigaciones y diligencias en total opacidad, al mantener a los detenidos incomunicados y sin garantizarles un debido proceso.

Tlachinollan enlistó los derechos que fueron violados en tan poco tiempo por parte de las autoridades: a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso.

Y es que además de las ejecuciones extrajudiciales, las 30 detenciones fueron arbitrarias. Y en los hechos se dio un “uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos”.

Montes Azules

En el segundo caso, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, ubicada en Chiapas, el pasado martes 9 de enero, denuncian las organizaciones Movimiento Reddeldía de los Montes Azules Otros Mundos y Amigos de la Tierra México.

En un primer momento, dos aeronaves militares sobrevolaron, entre las 13:00 y las 16:00 horas, en la llamada zona Amador Hernández (conformada por los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria, en el municipio de Ocosingo).

Posteriormente, señalan las organizaciones, llegó un helicóptero militar que en un primer intento aterrizó cerca de una casa en el Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo, y después lo hizo a un costado de la pista de aterrizaje que usan en el ejido para transportarse en casos de emergencia.

De esa unidad bajaron nueve elementos del Ejército. La autoridad de la comunidad les preguntó el motivo por el cual estaban ahí, y ellos respondieron que buscaban una avioneta que se había caído en la zona. La autoridad local les explicó que no podían estar ahí, pues existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejército.

Al lugar acudieron alrededor de 300 personas de la comunidad, incluidas mujeres, que acompañaron pacíficamente a los militares hacia la carretera, con el fin de que regresaran al 38 Batallón de Infantería, ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo.

Sin embargo, las organizaciones denuncian que el piloto del helicóptero regresó a ese batallón en busca de refuerzos. La aeronave aterrizó en la entrada del ejido y bajaron otros nueve militares.

A pesar del miedo y la preocupación ante un nuevo intento del Ejército de invadir su territorio, los pobladores pidieron a los 18 soldados que se retiraran.

Para las organizaciones, la explicación que dieron los militares no justifica un despliegue tan importante de la milicia. “Sabemos que no es posible que elementos del Ejército no sepan dónde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la instrumentación de la Gendarmería Ambiental anunciada en 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de ‘garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas’ y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas”.

Las organizaciones y los pobladores no tienen duda: “Sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad”.

Por ello, condenan a través de un comunicado la agresión y exigen al gobierno mexicano que se respeten sus usos y costumbres. “Sabemos organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que somos destructores y no queremos ser víctimas de la política conservacionista del gobierno, que sólo sirve de herramienta para reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la Comisión de Áreas Naturales huyendo de los militares”.

Así inició el año y antes esta violencia institucional, sólo queda organizarse para resistir y cambiar.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 573 / del 14 al 20 de Enero 2018