Una juez resolvió ordenar respeto a los derechos humanos de 25 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP). En particular respetar el derecho al trato digno, al agua y a condiciones adecuadas de internamiento de los comuneros y ejidatarios recluidos desde enero en el Centro Regional de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco.
Del 3 al 6 de abril se desarrollaron las audiencias en donde los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, defensores de los detenidos, señalaron violaciones a sus derechos humanos, como la restricción de la visita familiar y de abogados, la falta de atención a la salud y a la alimentación adecuada, la restricción de la comunicación con el exterior y aislamiento injustificado.
A pesar del recurso de nulidad impuesto por las autoridades estatales y del Cereso, según el cual las alegaciones no se hicieron conforme a la ley, la jueza Isis Peralta Salvador continuó las audiencias para verificar los casos urgentes de afectaciones a la salud, vida y dignidad de los detenidos.
En el caso de Marco Antonio Suástegui, líder de la CECOP recluido junto con su hermano Vicente en una celda oscura sin posibilidad de salir al exterior, la jueza ordenó su reubicación en una celda con condiciones dignas y acceso a espacios de esparcimiento. En el caso de otros 23 detenidos de la organización, recluidos en condiciones de hacinamiento y sin acceso al agua, resolvió ordenar al Cereso generar condiciones dignas de internamiento.
Los abogados de Tlachinollan enfatizaron casos graves como la falta de atención médica a un adulto mayor con diabetes crónica y a quienes fueron torturados durante su detención, razón por la cuál están en peligro de perder la vista.
os 25 detenidos de la CECOP permanecen recluidos desde el 7 de enero de este año, día en que en un operativo conjunto policías estatales, ministeriales, federales y efectivos del Ejército entraron a La Concepción, Guerrero, y ejecutaron a tres miembros de la CECOP y policías comunitarios. El operativo se desarrolló luego de que en la madrugada de aquel día un enfrentamiento cobrara la vida de ocho personas.
Dese 2003, en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota confluyen más de 20 comunidades que serán afectadas por el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica en los ríos Papagayo y Omitlán. La construcción de la presa afectaría cinco municipios del estado, provocaría el desplazamiento forzado de comunidades enteras y afectaciones ecológicas graves.
La supervisión de los derechos de los presos y de las circunstancias de su internamiento es posible, señala el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, debido al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y a la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo que es fundamental que los jueces de ejecución mantengan su imparcialidad e independencia del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos.
Alba Olea
