Madrid, España. Restaurada por el dictador Francisco Franco, la monarquía española vuelve a colocarse en el foco de todas las miradas a raíz de unos presuntos negocios turbios realizados por el rey emérito Juan Carlos I (1975-2014).

La tormenta se desató a principios de julio, cuando dos diarios digitales de corte conservador publicaron unas grabaciones de audio atribuidas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, a la que la prensa identifica como “amiga íntima” de Juan Carlos de Borbón.

En esas grabaciones, la aristócrata alemana reveló que el rey emérito tiene cuentas bancarias en Suiza y que en ocasiones la utilizó a ella como testaferro para ocultar su patrimonio en el exterior.

Entre los supuestos delitos perpetrados por el padre del actual monarca Felipe VI, estarían sucesivas acciones para blanquear dinero y bienes en el extranjero, según un comunicado difundido tras el escándalo por el partido Izquierda Unida (IU).

Detrás de los datos develados por “la amiga especial” del otrora jefe de Estado, figuran también que ocultó patrimonio y propiedades en países como Marruecos y supuestamente recibió comisiones por obras realizadas por empresas españolas en el exterior, indicó IU.

Precisamente, el grupo parlamentario Unidos Podemos –al cual pertenecen el partido antiausteridad Podemos e IU– instó al nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez a apoyar la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para indagar sobre esos hipotéticos ilícitos.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad en la sede de la soberanía nacional (en alusión al Parlamento)”, afirmó Rafael Mayoral, diputado de Podemos, ante periodistas.

“Nadie puede estar por encima de la ley. En los últimos días aparecieron informaciones sobre presunta corrupción que podrían afectar a la jefatura del Estado”, enfatizó el también responsable de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la tercera fuerza política en este país.

Advirtió al oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que será muy difícil asumir que, en pleno siglo XXI y con la sensibilidad existente contra la corrupción en esta nación europea, pueda haber un pacto de silencio ante hechos tan graves.

En esa línea, reclamó al PSOE que se pronuncie de manera clara sobre esa comisión de investigación y avisó que un escándalo de tal magnitud no puede taparse con una comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

El jefe del CNI pidió comparecer a puerta cerrada en la comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja para dar explicaciones sobre las revelaciones que afectan al rey emérito.

Sin embargo, la petición de Sanz Roldán no convenció a Unidos Podemos, que exige dilucidar el caso en una comisión ordinaria “con luz y taquígrafos”.

El líder de IU, Alberto Garzón, lamentó la actitud continuista del gobierno socialdemócrata de Sánchez a la hora de “proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta”, en alusión a la política mantenida por su antecesor, el conservador Mariano Rajoy.

 “Defender a la Casa Real no es defender a España, sobre todo cuando está involucrada en actividades que para cualquier otra persona están consideradas ilegales”, remarcó el también diputado y miembro del grupo parlamentario Unidos Podemos.

Juan Carlos I abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe VI, justamente debilitado por el “caso Corinna” y el escándalo de su yerno Iñaki Urdangarin, quien el 18 de junio ingresó en prisión para cumplir una condena de casi 6 años por malversación de fondos públicos.

Un oscuro comisario detrás de la trama

En el centro de esta trama se encuentra José Manuel Villarejo, un comisario jubilado detenido en noviembre de 2017 por crimen organizado, cohecho y blanqueo.

Villarejo es sospechoso de haber espiado durante años a empresarios, políticos y periodistas para reunir información comprometida y venderla o extorsionarlos.

Los investigadores que detuvieron al antiguo policía incautaron audios, videos y documentos recopilados durante 25 años.

Pero mientras se analizaba aún la veracidad y los datos que contienen esos materiales decomisados, a mediados de julio llegaron a la prensa unas grabaciones que apuntan contra la cima del Estado: el rey emérito Juan Carlos I.

En las grabaciones de la polémica se escucha presuntamente a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una princesa alemana bien conocida en la prensa como la examante de Juan Carlos I, en las que atribuye varias irregularidades al hoy rey emérito.

La mujer asegura que éste pagó comisiones ilegales, la usó de testaferro y puso a nombre de un primo una cuenta en Suiza, todo ello mientras era aún jefe de Estado, antes de abdicar el reino en su hijo.

El juez de la Audiencia Nacional a cargo del llamado caso Villarejo abrió una pieza separada para investigar las grabaciones entre el comisario y la princesa, según fuentes judiciales citadas en la prensa.

A juicio de analistas, lo más inquietante es que nadie sabe, a ciencia cierta, cuántas cartas esconde el oscuro comisario.

Cuando salieron a la luz los audios, la princesa de 53 años denunció “una campaña de descrédito” en su contra, y aseguró haber actuado “siempre correctamente”.

 “No puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe”, se defendió Corinna, quien, sin embargo, en ningún momento negó la autenticidad de las grabaciones.

Petición para investigar al antiguo monarca

Numerosos partidos registraron el 23 de julio en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión investigadora que aclare y depure responsabilidades por “una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constitución ofrece a su jefe de Estado”.

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, argumentó que “en la medida en que la institución monárquica tenga transparencia y pueda dilucidar todas las sombras que se han cernido sobre ella, podrá gozar de más apoyo del que tiene”.

Los promotores de la iniciativa coincidieron en que el conservador Partido Popular y el liberal Ciudadanos deberían ser los primeros interesados en avalar esta comisión y de no ser así –alertaron– los ciudadanos entenderán que la Casa Real es una institución oscura.

Instaron a esas dos formaciones, a las que calificaron de monárquicas, y al Ejecutivo de Sánchez a respaldar la propuesta para investigar los hipotéticos ilícitos cometidos por el octogenario soberano.

De acuerdo con la Constitución española, el rey no es una persona “inviolable” –intocable desde el punto de vista de la responsabilidad penal–, sino “aforada”, como los diputados o los ministros.

Eso quiere decir, en otras palabras, que el procedimiento para llevarle a juicio sería mucho más complicado, pero no imposible.

Gobierno defiende a la corona

En una comparecencia en el gubernamental Palacio de La Moncloa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado 3 de agosto que España cuenta con una monarquía “renovada y ejemplar” en la figura de Felipe VI.

El mandatario socialdemócrata salió en defensa de la corona al ser preguntado si mantiene la necesidad de acabar con el “principio de inviolabilidad” del rey, como reclamó en junio de 2014 antes de la aprobación de la ley orgánica de abdicación.

Sánchez expresó además su respaldo a la información aportada al Parlamento por el jefe de los servicios secretos sobre la grabación de la aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que acusó a Juan Carlos de Borbón de tener cuentas en Suiza.

Las explicaciones ofrecidas por Sanz Roldán “son las que son, las respaldamos y tiene nuestro apoyo”, afirmó el también líder del PSOE, con lo que cerró, de momento, la posibilidad de avalar la comisión para investigar los supuestos negocios del rey emérito.

Eduardo Rodríguez-Baz/Prensa Latina

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