Hace unos días, en la conferencia matutina del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que el nuevo gobierno revisa los acuerdos que hay con Estados Unidos en diversas materias, entre ellas la seguridad.
“Tenemos la instrucción del señor presidente de revisar todos los acuerdos con Estados Unidos que tienen que ver con muy diferentes agencias (de seguridad). Y eso es lo que ya estamos haciendo. Ya que lo terminemos, pues ya podremos presentar un diagnóstico”, afirmó el secretario.
Circunstancia urgente si se toma en cuenta que en el último medio siglo los gobiernos panistas y priístas permitieron a los cuerpos policiales estadunidenses actuar con impunidad en todo el país, vulnerando la seguridad y soberanía nacionales.
A pregunta del reportero de Contralínea Zósimo Camacho, el titular de la SRE explicó que se evalúan los instrumentos jurídicos que regulan la relación de México con las agencias de seguridad estadunidenses, como la DEA (Agencia Antidrogas), la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el Departamento del Tesoro, entre otras.
“Estamos nosotros revisando todo. Hay muchos tipos de instrumentos jurídicos; son desde notas diplomáticas, memorándums de entendimiento, en fin, relativos a la relación con Estados Unidos”, dijo el canciller, quien añadió que se elabora un diagnóstico de la cooperación de agencias de seguridad estadunidenses con México y que se dará a conocer cuando esté listo.
Contralínea ha documentado la presencia de 13 agencias estadunidenses en territorio mexicano, incluso con personal y oficinas, desde el sexenio de Felipe Calderón. Entre ellas, además de la DEA y la CIA, el FBI, el Servicio Secreto, la ATF y la ICE.
Y razones no faltan para contener la operación arbitraria de cuerpos policiales de Estados Unidos en territorio nacional. Un ejemplo de esa actuación y que explica una operación encubierta estadunidense de lavado de dinero se plasma en un documento confidencial del Departamento del Tesoro, con la clave MX02B$98SE0013/GP, dirigido a la Procuraduría General de la República en donde le expone:
“De conformidad con el acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para el Intercambio de Información y apoyo mutuo en investigaciones, doy referencia al oficio… y el cual se le envió a usted con el propósito de obtener el consentimiento del Gobierno de México. Dicha solicitud fue formulada mediante un escrito solicitando las cuentas bancarias encubiertas. Inicialmente le habíamos solicitado tres cuentas encubiertas, pero ahora nuestros Agentes nos indican de urgencia que necesitan utilizar cuatro cuentas bancarias encubiertas. Nuestros Agentes están llevando a cabo el proceso de otras cuentas encubiertas en los países de Canadá y Panamá en relación con esta misma investigación y que ha han cumplido con nuestra solicitud de abrir cuentas bancarias encubiertas.
“Con respecto a nuestra conversación de hoy, le comunico que la información que desarrolló la Aduana de los Estados Unidos indica que las organizaciones narcotraficantes están haciendo uso de transferencia electrónica de fondos para facilitar las operaciones de lavado de dinero en vez de enviar grandiosos volúmenes de dinero en autor, trailers y otros medios de transporte.
“La manera más reciente para facilitar el lavado de dinero es usada por comercios pequeños que utilizan empresas mayores en los Estados Unidos, los cuales se dedican a transferir dinero sin ser detectado y que es producto de las ventas ilícitas de drogas. Estos comercios pequeños han manejado el movimiento de 35 hasta 100 millones de dólares al año. Uno de los comerciantes está cooperando con la Aduana Americana y ha mostrado el esquema de cómo se está transfiriendo el dinero sin ser declarado. El esquema es simple. Agentes remitentes o comerciantes pequeños entregan dinero a comercios mayores, quienes transfieren dinero a bancos en México. También, ciertas fuentes de información indican que los agentes remitentes aceptan con gusto a participar en el manejo de productos de ventas de drogas.
“Esta es Operación encubierta Clase I que fue aprobada por los Departamentos de Justicia y del Tesoro. El nombre de la Operación es Video Águila.
“La Aduana Americana tendrá a su disposición una gran cantidad de dinero que será usada para la operación encubierta.
“Cantidades para transferencia electrónica. Al principio se depositarán entre 2,000 y 5,000 dólares; después, la Aduana dará cantidades más grandes entre 12,000 y 25,000. Quizás las empresas enviarán cantidades menos de 10,000 o quizás enviarán cantidades mayores.
“No hay bancos mexicanos involucrados en esta investigación.
“Todas las transacciones al final del día serán reportadas a la Dirección de la PGR y la División de Lavado de Dinero de Hacienda.
“Una vez que su dirección nos dé el consentimiento, le avisaremos a la Dirección de Lavado de dinero de Hacienda.
“La Aduana abrirá tres cuentas de ahorros y una cuenta de cheques. Una cuenta en cada una de las siguientes ciudades: México, Guadalajara, Morelia y Tijuana.
“Un ciudadano mexicano, quien radica en México, apoyará a la Aduana en abrir las cuentas bancarias.
“Hasta hoy no hay información sobre las cuentas propuestas porque las cuentas no se han abierto.
“Antes de que los Estados Unidos les hagan cargos criminales por el lavado de dinero, los Agentes Remitentes tendrán que haber lavado aproximadamente 100,000 dólares de los fondos encubiertos.
“Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle la más alta de mis consideraciones.”
Firma el Agregado Interino de Aduanas de los Estados Unidos.
Han sido los gobiernos desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto los que han abierto más las puertas del país para operaciones encubiertas a las agencias policiales estadunidenses, lo que se ha traducido en una mayor violencia en México y una concentración mayor de drogas que intentan cruzar por la frontera Norte, aumentando los volúmenes de dinero sucio que circulan en el país.
Es momento de que el nuevo gobierno de López Obrador ponga un alto a la impunidad con que operan en el país los policías de Estados Unidos y se revise cuidadosamente los intercambios y acuerdos que siempre resultan benéficos sólo para el país vecino.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
