Al cierre de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo ha asignado cinco contratos para la impresión de 11 millones de libros de texto gratuitos, cifra que representa apenas el 5 por ciento de los 220 millones de ejemplares que se requieren en todo el país para iniciar en agosto el próximo ciclo escolar.

Las contrataciones se llevaron a cabo el pasado 29 de abril, mediante un proceso licitatorio conocido como ofertas subsecuentes de descuentos (OSD), que encabezó directamente la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro.

Las empresas ganadoras fueron: la trasnacional Quad Graphics (dos contratos) y las mexicanas Compañía Editorial Ultra, Litografía Magno Graf y Grupo Gráfico.

El resto de los procesos –29– se declaró desierto, porque la oficial mayor de Hacienda insistió en que el costo de los libros fuera de 13.20 pesos por ejemplar, cuando en una de las contrataciones previas se pactó en 15.65 pesos para la impresión de un libro de la misma calidad, aseguran fuentes allegadas a las negociaciones.

Agregan que el descuento que exige Hacienda a los impresores es del orden del 16 por ciento o más, lo que equivale a que la autoridad hacendaria no pague el impuesto al valor agregado. Los productores de libros se dijeron incapaces de solventar el IVA y además castigar sus precios.

En las negociaciones se ha expuesto que el gobierno federal orilla a los productores privados a una crisis sin precedentes, pues a las dos imprentas gubernamentales –Talleres Gráficos de México e Impresora y Encuadernadora Progreso, dependiente del Fondo de Cultura Económica– les paga 25 por ciento más del costo que exige a los privados (más de 16 pesos por libro).

Aunado a lo anterior, la industria se habría manifestado preocupada porque hay empresas al borde de la quiebra: por 8 meses se han mantenido en la incertidumbre y hay empresas totalmente paralizadas, no sólo del ramo de la impresión sino los mercados asociados: papel, tintas, cajas de cartón, fletes, bodegas. De hecho, indican, dos grandes plantas productoras de papel ubicadas en Veracruz (Orizaba y Tres Valles) están paradas desde hace meses.

El problema de este atraso en la producción no sólo es la cancelación de fuentes de empleo y las pérdidas económicas que ya registra la industria, sino sobre todo que al inicio del próximo ciclo escolar una parte del país se va a quedar sin libros, indican las fuentes. Se trata de las zonas más alejadas del centro, justamente donde habitan los menores más necesitados.

Nancy Flores