Luego de 18 años, tanto Vicente Fox como su amigo Humberto Artigas y su firma de arquitectos continúan impunes. Esta última facilitó la desviación de recursos por cerca 39 millones de pesos, a través de la subcontratación de 10 empresas satélites para, supuestamente, contribuir en los trabajos de remodelación de Los Pinos. La auditoría 2015, que extravió la Función Pública, demuestra que varias compañías eran fachada

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Subcontrataciones, sobreprecios y emisión de diversas facturas globales le permitió al amigo del expresidente, el arquitecto Humberto Artigas, crear la estructura de corrupción para desviar recursos públicos, lo que causó un daño patrimonial de alrededor de 39 millones de pesos, revela en sus 365 fojas la auditoría 2015, de la que Contralínea posee copia.

Las irregularidades se cometieron durante la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos (residencia Miguel Alemán, cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa), realizada entre diciembre de 2000 junio de 2001 por la firma de arquitectos Humberto Artigas y Asociados, con un costo para el erario de más de 61 millones de pesos.

El expediente de fiscalización integrado por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que da cuenta de las diversas violaciones a las leyes en los primeros meses de la administración de Fox, ha sido declarado inexistente por la hoy Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, éste dio cuenta de que, por esas obras, el contratista sólo presentó facturas que sustentan gastos por 23.8 millones de pesos, lo que habría dejado un desfalco de casi 39 millones de pesos. La erogación del erario de la Presidencia nunca se aclaró.

De la auditoría se desprende que el desvío de recursos fue posible mediante la creación de empresas fachada, sin oficinas ni empleados (también conocidas como fantasmas), las cuales se usaron para generar facturas globales que ascendían a 5 millones de pesos; estos comprobantes, sin embargo, no especificaban los conceptos por los cuales se les pagaba (bienes o servicios).

El abogado Roberto Tapia, especialista en derecho administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que la creación de empresas sin oficinas ni empleados constituye un fraude a la ley.

Para el estudioso del derecho, tanto el arquitecto como la representación de la Presidencia violaron la Ley de Obras Públicas y Servicios, específicamente los artículos 134 y 27 de la misma.

De acuerdo con los resultados de la  auditoría, existieron facturas emitidas a nombre de la empresa de Humberto Artigas entre diciembre de 2000 y junio de 2001, por un total de 23 millones 833 mil pesos.

Parte de ese dinero público fue a parar a las empresas satélite, pese a que no contaban “con la infraestructura  y capacidad técnica y financiera para  el desarrollo de los trabajos, lo que no garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás  circunstancias pertinentes”.

Tal fue el caso de la empresa Grupo Aicon, SA de CV, revela el informe. A ésta la firma de arquitectos le facturó un valor total de 2 millones 500 mil pesos por concepto de “pago a cuenta de remodelación [de las cabañas] 1 y 2 de la residencia oficial de Los Pinos”. La empresa Aicon figuraba en los documentos fiscales con el RFC GAI-991208SF3, sin embargo, en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria ya no aparece en la actualidad.

Como ésta se realizaron otras 10 subcontrataciones a empresas diferentes, de las cuales la única que cuenta con un RFC válido y susceptible de recibir comprobantes fiscales es la empresa Construcciones y Destajo Especiales, SA de CV.

El abogado Tapia explica que “durante el tiempo de la remodelación a Los Pinos estaba vigente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en la cual se establecía como una irregularidad grave el no llevar a cabo la contratación de obra pública a través de licitaciones públicas, de acuerdo con el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.

Asimismo, expresa que en dado caso de que dichas irregularidades hubieran sido presentadas ante un juez, la sanción que recibiría la firma de arquitectos sería una inhabilitación de mínimo 20 años para volver a contratar con el Estado, aunque no tendría ninguna pena de cárcel.

“La Secretaría de  la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, se debió haber hecho cargo de este caso, no sólo por las irregularidades que se presentan en la auditoría, sino también por la desaparición de documentos públicos como lo fue la auditoría, ya que durante los siguientes sexenios desapareció”, afirma el licenciado Tapia.

Pagos anticipados al amigo y arquitecto de Fox

Con estos contratos no sólo se incurrió en subcontrataciones. En la auditoría 2015 se documentó que, mediante el contrato AD-0009-001 adjudicado a la empresa del arquitecto Artigas, se efectuaron pagos anticipados en forma de préstamos, lo que violentaba la ley.  

El primer pago de este tipo, por 1 millón 700 mil pesos, se realizó el 25 de enero de 2001. El monto se “justificó” con una serie de facturas que ascienden a un valor de cerca de 11 millones de pesos.

El siguiente pago  se presentó mediante un cheque a nombre del arquitecto por 7 millones 900 mil pesos. El anticipo  se “justificó” con una factura que se emitió después de que la Presidencia generara el cheque.

En total, a la firma de arquitectos se le otorgaron tres cheques que suman un valor total 10 millones 962 mil de pesos. La auditoría señaló que la generación de dichos pagos puso al gobierno federal en un estado de indefensión, al no ser posible efectuar algún tipo de reclamo a la empresa contratada y limitar la posibilidad de aplicar sanciones a la misma. Según la auditoría se violó el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Otras irregularidades en la remodelación

Entre las principales irregularidades expuestas en la auditoría destaca la contratación directa de las empresas Humberto Artigas y Asociados y MYO, sin la debida justificación en la Ley de Obras Públicas y Servicios. El valor total de los contratos adjudicados fue de 61 millones 895 mil pesos. Con esos recursos, ambas empresas subcontrataron servicios a otras 10 sin la debida justificación.

Asimismo se descubrió que la oficina del Ejecutivo incurrió en irregularidades administrativas en la asignación y ejecución de contratos para la remodelación de la residencia oficial de la casa presidencial Los Pinos.

Además de la adjudicación directa bajo conflictos de intereses al amigo del expresidente, otra anomalía detectada fue la de los gastos excesivos en la compra de equipo y enseres domésticos.

El reporte final estableció que el exmandatario Vicente Fox quebrantó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene por objeto reglamentar las funciones y las obligaciones de los servidores públicos a la hora de realizar contratos.

La firma Humberto Artigas y Asociados no sólo obtuvo de forma anómala el contrato para la remodelación de las cabañas 1 y 2, sino que incurrió en violaciones legales durante su ejecución, pues modificó arbitrariamente el plazo para realizar la obra.

No obstante, a la empresa del amigo de Vicente Fox jamás se le fincaron responsabilidades ni se le inhabilitó para futuros trabajos a costa del erario. Hasta la fecha, Humberto Artigas no ha sido llamado a cuentas por el desfalco a la nación.

Lauren Franco/Diego Wilches/Antonio Solorio

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