Cada día, en México, 10 mujeres son asesinadas en promedio por razones de odio. La crisis de los feminicidios y demás formas de violencia contra este género (como la sexual) debería generar una reflexión de carácter nacional, pues ningún país puede aspirar al pleno desarrollo si consiente que un sector poblacional sea violentado tan brutalmente como sucede con las mujeres por el simple hecho de nacer con este género.

Esa reflexión colectiva debería, a su vez, derivar en formas concretas de atención a estos graves problemas, que pasen necesariamente por reducir los altos índices de impunidad con castigos ejemplares para todos aquellos que violenten a bebés, niñas, adolescentes, adultas y ancianas; ello, sin importar la influencia que los agresores puedan tener tanto en el ámbito político como en el económico, social, cultural o de cualquier índole, incluido el religioso.

Y es que los grados de impunidad son alarmantes y empiezan por la manera en cómo se investigan estos crímenes: de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sólo el 25.6 por ciento de los homicidios dolosos contra mujeres se tipifica como feminicidio e investiga con perspectiva de género.

El feminicidio es el grado culminante de todas las formas de violencia contra la mujer, apunta el análisis Feminicidio e impunidad, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Ello, porque se trata de un asesinato misógino.

Con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Observatorio ha señalado que de enero a septiembre de 2019 se cometieron 2 mil 833 asesinatos de mujeres a nivel nacional, de los cuales sólo 726 se investigan como feminicidios, lo que equivale al 25.6 por ciento; el resto, 2 mil 107 son investigados como homicidios dolosos.

El OCNF agrega que los estados con mayor número de casos de feminicidio son: Veracruz, con 140 casos; Estado de México, 81; Nuevo León, 53; Puebla, 45, y Ciudad de México, 40. Y añade que los municipios con mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son: Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Xalapa y Guadalajara.

“Como OCNF, a través de solicitudes de información a las fiscalías y procuradurías del país, obtuvimos información de Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, que nos refiere que de enero a junio de 2019 las autoridades de los estados referidos registraron 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se están investigando como feminicidio.”

En muchos casos, las autoridades desconocen la relación o vínculo entre la víctima y el victimario. Para el Observatorio, este vacío de información demuestra que “las investigaciones carecen de las diligencias básicas” que requiere una indagación ministerial para reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Por su parte, el análisis del Cesop señala la gravedad del problema reflejada en las estadísticas: entre 2014 y 2015 sumaron 8 mil 904 asesinatos de mujeres; y 2 años después, sólo durante 2017, el total daba 3 mil 256. Lo que claramente muestra una tendencia al alza.

El papel de la impunidad

La falta de castigo para cada agresor de mujeres da pie, sin duda, a que otros hombres con tendencias patriarcales y machistas terminen incurriendo en actos de violencia de género, porque en México es muy fácil evadir la ley.

Baste revisar la historia. El problema de los feminicidios en México se visibilizó como un síntoma de una descomposición social más amplia, resultado de una pandemia de impunidad que puede ubicarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace un cuarto de siglo, apunta el investigador parlamentario Luis Ángel Bellota, en su análisis Feminicidio e impunidad.

Agrega que ni siquiera en aquella ciudad fronteriza la crisis de feminicidios fue motivo suficiente para que se tomaran las diligencias necesarias en el mejoramiento del sistema de justicia, así como una estrategia integral que previniera esta tragedia cotidiana.

Y es que en su análisis publicado por el Cesop se señala que “las muertes y desapariciones de jovencitas en Ciudad Juárez, que tantas críticas internacionales le granjearon al gobierno mexicano”, no propiciaron que éste intentase llegar al fondo del asunto. Así, a pesar de sentar un precedente muy importante del fenómeno, “sorprendentemente, no apuraron una solución”.

Resulta hasta una obviedad que la impunidad ha sido y sigue siendo uno de los factores que más potencia este crimen de odio. Para Bellota, en los años posteriores al foco de atención que generaron las muertas de Juárez, el problema del feminicidio se agravó en otras entidades federativas al calor del aumento de la criminalidad.

“Estamos a punto de que se cumplan 20 años de alternancia política pero no vemos la fecha para que las instituciones que la acompañaron muestren una mejoría e impacten positivamente en la calidad de vida de los mexicanos […]. La comisión de crímenes hasta grados inauditos, los comportamientos anómicos en todas las clases sociales, la corrupción institucionalizada en los tres escalafones del gobierno y el sentimiento generalizado de injusticia no pueden ser compatibles con el deseo que la ciudadanía se planteó en el año 2000. Estos adeudos que horadan las perspectivas de futuro y la vida en común parecen ser la antesala de nuestro propio –y muy mexicano– estado hobbesiano de naturaleza”, concluye el investigador.

En ese contexto, lamentablemente, los feminicidios no sólo no cesan, sino que se incrementan a lo largo y ancho del país, dejando una ola de agravios sociales que van mucho más allá de la pérdida de vida de las mujeres. Por ello es urgente generar ya estrategias efectivas para frenar estos crímenes de odio. Nunca será justo ni justificable el asesinato de seres humanos por el sólo hecho de haber nacido mujeres y eso es, en esencia, el feminicidio.

Nancy Flores

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