El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió que la propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante de homicidio, supuestamente por la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo, es un “grave retroceso  en la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos” que visibilizaron la grave problemática y han contribuido a que el feminicidio sea nombrado, tipificado, investigado y sancionado.

Mediante un comunicado de prensa, el OCNF expresó que la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no responde a un estudio diagnóstico previo que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las procuradurías y fiscalías del país.

Además, señaló que la Fiscalía General de la República no cuenta con elementos para acreditar una dificultad principalmente, porque el feminicidio es un delito del fuero común que no es investigado ni judicializado por dicha instancia.

Asimismo, la OCNF advirtió que existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, se ha documentado la existencia de una “ruta de impunidad” que inicia desde las primeras diligencias, en la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la  violencia de las que son víctimas y/o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes.

Por ello, la organización de la sociedad civil indicó que la justificación del Fiscal General de la República sobre las dificultades del Ministerio Público para acreditar el delito, no es más que “una afirmación falaz y sin sustento práctico”.

“La lamentable postura de Gertz Manero, evidencia la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo la grave problemática que acaba cada día con la vida de 10 mujeres en México no es una prioridad para las autoridades y que antes que la garantía de los derechos de las mujeres se pondera la rapidez y la practicidad, lo que es contrario a la necesidad urgente de una voluntad política para arrancar este delito de raíz”, expresó el Observatorio.

Agregó que están conscientes de las carencias y vacíos que aún se enfrentan en la materia, desde la capacitación para acreditar el delito o el conocimiento de las razones de género, sin embargo, esto “no puede ser un pretexto para dejar aún más en la indefensión a las mujeres en México y a invisibilizar este crimen de odio que cada día prevalece y agudiza”.

Por ello, el Observatorio Ciudadano exigió al Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, así como a la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales:

• Incluir el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas en el Código Penal Nacional Único, con los aportes de la sociedad civil experta en el tema.

• Considerar los aportes y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia expertas en el tema, en la propuesta de la creación del Código Penal Único y las modificaciones al sistema de justicia penal.

• Las autoridades de procuración de justicia, incluyendo la federal, dejen de invisibilizar la violencia feminicida y el feminicidio, y asuman su responsabilidad para la adecuada investigación y sanción del feminicidio.

• Se actualicen y homologuen los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con base en los estándares nacionales e internacionales en la materia, y a la luz de las necesidades del sistema de justicia penal acusatorio.

• Se revisen las investigaciones de muertes violentas de mujeres con el fin de identificar las fallas en la acreditación del tipo penal que conlleva a la impunidad de los casos en las procuradurías y fiscalías generales de justicia de cada estado.

• Se inicien investigaciones y se sancionen a las y los servidores públicos (policías de investigación, peritos y ministerios públicos) encargados de las investigaciones de feminicidios, que por sus acciones y omisiones han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas.

Indra Cirigo