Ante la situación de impunidad estructural por los crímenes de lesa humanidad en México, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, urgieron al Estado mexicano a remitir dichos casos a la Corte Penal Internacional (CPI) para que los investigue.
Durante la conferencia en línea “¿Y la impunidad?, situación de México y Colombia”, Idheas y la FIDH destacaron que, en la actualidad, las fiscalías mexicanas carecen de metodologías de investigación efectivas en el estudio de las hipótesis de los hechos para hallar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Pues no indagan sobre el contexto de los crímenes, sobre los autores intelectuales, las cadenas de mando, los superiores jerárquicos y máximos responsables, así como sobre las redes de macro criminalidad.
En el documento “Situación de impunidad en México”, detallaron la falta de justicia y acceso a la verdad en esos crímenes. Mencionaron que desde 2006 se han registrado más de 60 mil hechos de desaparición y 300 mil asesinatos. Asimismo, dijeron que las deficiencias ya habían sido enviadas a la Corte Penal Internacional en años anteriores.
Hasta ahora, FIDH e Idheas se han dado a la tarea de mostrar la existencia de crímenes de lesa humanidad en México, documentando las falencias de las investigaciones conducidas por autoridades carentes de independencia e imparcialidad, así como complicidad entre autoridades gubernamentales y el crimen organizado.
Por ello, las organizaciones señalaron que si el Estado remite la situación del país a la CPI o si la Fiscalía de la CPI decide abrir un examen preliminar, “facilitaría que México dé un giro indispensable en la metodología de investigación de casos inmersos en contextos de violencia estructural, de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, así como un espacio de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad”.
Finalmente, aseveraron que la justicia internacional es la última puerta a la que pueden acudir las víctimas de crímenes graves para acceder a la verdad, justicia y reparación integral. Esta situación representaría un paso indispensable en la erradicación de la impunidad en México.
