Segunda parte. Era el 11 de octubre de 2009 y en cadena nacional Felipe Calderón Hinojosa se jactaba de haber consumado un acto casi heroico y patriótico con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El presidente argumentaba que la medida sería en bien del futuro de “nuestros hijos” y de las finanzas públicas, pues los altos costos de la empresa pública y el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) eran ya insostenibles.
Al tiempo, su tinglado se ha venido abajo y ahora debe responder ante la Fiscalía General de la República (FGR) por, entre otros delitos, daño patrimonial ocasionado a los bienes de la desmantelada entidad pública y el quebranto financiero a las finanzas públicas por los elevados costos que representó el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrara a prestar el suministro eléctrico a 6 millones de usuarios de la zona centro del país.
El hilo conductor que demuestra la irresponsabilidad e incapacidad del narcogobierno de Calderón en este sentido, se ubica en el Informe de Rendición de Cuentas de la CFE 2006-2012, donde la FGR puede encontrar las pruebas que echan por tierra dos falacias sostenidas en el sentido de que bajarían las tarifas eléctricas y se harían importantes ahorros al erario.
En el informe quedó en claro el porqué miles de usuarios en todo el país vieron incrementarse sus recibos de luz, sobre todo en la zona centro del país. Los funcionarios de CFE expusieron al final del sexenio panista: “La política tarifaria se enfocó al fortalecimiento financiero de la entidad a través de estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo real del suministro eléctrico”.
Y para no dejar duda alguna del sentido antisocial de la política energética en el sector eléctrico, se recalcó: “Las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios municipales fueron actualizadas mensualmente con factores fijos”. Se entenderá ahora porqué muchos ayuntamientos han tenido que suspender servicios básicos a la población como bombeo y suministro de agua potable por los elevados cobros de la CFE pactados en el gobierno de Calderón, como también el alto costo social originado por los abusivos “recibos locos” que de manera descabellada fueron impuestos a la población de escasos recursos. Problema que hasta la fecha se viene arrastrando como herencia de la ineptitud del expresidente.
Otra mentira difundida en cadena nacional fue la supuesta incosteabilidad que representaba la empresa pública a las finanzas del Estado. Según el exmandatario, en 2009 se asignaron recursos por 42 mil millones de pesos, pero de acuerdo al Presupuesto de Egresos de ese año, realmente fueron 33 mil 700 millones de pesos. El panista no solo mintió, sino que nunca aclaró a la nación que las pérdidas de LyFC eran inducidas por el propio gobierno federal y no como consecuencia del Contrato Colectivo del SME, la ineficiencia en el servicio o la falta de productividad de los trabajadores.
En una situación por demás absurda y en un juego perverso de los recursos públicos, los gobiernos neoliberales obligaban a la entonces paraestatal a comprar su energía eléctrica a la CFE a un alto precio, para venderla sin margen de ganancia al público usuario, con tarifas determinadas e impuestas por la Secretaría de Hacienda. Calderón y sus funcionarios deben explicar las razones de inducir a LyFC a una insalvable quiebra técnica.
Pero ahora que la FGR tiene en sus manos fincar responsabilidades al expresidente, debemos hacer la pregunta: ¿Realmente hubo ahorros a las finanzas públicas con el despido de 44 mil electricistas del SME y el cierre de la paraestatal?
El informe de la CFE, dice que no fue así.
Al analizar los incrementos de operación de la CFE a partir de 2009, se descubren las consecuencias financieras de tan garrafal error político. Veamos a detalle: mientras en 2009 el gasto autorizado para la CFE fue de 199 mil 40 millones de pesos, éste se elevó a 241 mil 481 millones de pesos, teniendo un incremento de 42 mil 441 millones; es decir, los 42 mil millones que dijo Calderón eran el equivalente a dos veces el presupuesto de la UNAM y el costo de la campaña para atender a 25 millones de pobres.
El exmandatario debe una amplia explicación a los mexicanos de tan inusual incremento, pues a la distancia surge la duda razonable de si la millonaria asignación formó parte de la dolosa estrategia para intentar desaparecer al SME y extinguir a LyFC, con el objetivo de iniciar el desmantelamiento y privatización del sector eléctrico del país.
Pero los incrementos no pararon ahí: en 2010, de un presupuesto autorizado de 210 mil 459 millones de pesos, su ejercicio se disparó a 267 mil 175 millones; esto es, 56 mil 716 millones extras, y en 2011, de un presupuesto de 238 mil 543 millones, el monto inicial llegó hasta los 285 mil 753 millones, un sobre ejercicio de 47 mil 209 millones de pesos.
Si sumamos los excedentes, estos rebasan los 140 mil millones, cuando se suponía que la CFE y los esquiroles del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), harían la labor de los despedidos del SME a un costo mucho menor.
Como se aprecia, el erario público no tuvo los ahorros anunciados y, por el contrario, el cierre de LyFC fue el pretexto para que los funcionarios de la CFE se enriquecieran junto con los contratistas de los que echaron mano para tratar de suplir, sin éxito, la mano de obra calificada de los electricistas del SME.
En tal sentido, la FGR puede ordenar una auditoría a los contratos autorizados a empresas privadas para comprobar que muchos de ellos se dieron de manera directa, causando un millonario quebranto a las finanzas públicas, amén de la pésima calidad en el servicio prestado a los usuarios.
Nada de esto refiere Felipe Calderón en su libro Decisiones Difíciles, pero más que difícil parece imposible para el exmandatario explicar cómo fue posible que entregara en comodato a la CFE las instalaciones, talleres y toda la infraestructura eléctrica donde operaba LyFC, ofertando de paso y a precio de ganga una red de mil 100 kilómetros de fibra óptica a sus amigos panistas, como fueron los casos de la exsecretarios de Energía de Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales, dueños de la empresa WL-Comunicaciones. Esto como parte de otro saqueo del que hablaremos en la próxima entrega.
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