El Plan Nacional de Vacunación en marcha implica un despliegue cívico-militar sin precedentes. Representantes del gobierno mexicano estarán ingresando por primera vez en años, o lustros, a regiones controladas por grupos armados del narco o a zonas de sangrientas disputas entre los cárteles.
La semana pasada inició en México la vacunación masiva contra el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19. Sigue siendo, en una primera etapa, sólo para trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia en los hospitales y clínicas de las 32 entidades federativas. Ochocientas setenta y nueve son las brigadas desplegadas en este momento. Pero a fin de mes o principios de febrero se espera que sean 10 mil las que estén cubriendo todo el país, incluyendo las comunidades más apartadas. El componente militar de estas cuadrillas es evidente y, en el caso de algunas regiones –aquellas dominadas por el narco–, parecería obvio.
Llamadas Brigadas Correcaminos, cada cuadrilla que aplicará las inoculaciones está compuesta de 12 personas: un médico, un enfermero, dos servidores de la nación, dos trabajadores de programas sociales, cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y/o la Guardia Nacional, y dos voluntarios.
En principio, es esperanzador que en el mundo se cuente –a 1 año del descubrimiento del nuevo coronavirus– con varios desarrollos biológicos contra la pandemia. Y es de reconocerse que en México el Plan Nacional de Vacunación sea universal, gratuito y escalonado por sectores prioritarios de la población. Ya hay berrinches de quienes, acostumbrados al privilegio, despotrican porque no podrán pagar para que sean inoculados antes. También es de reconocerse que el dinero, en esta ocasión, no será el criterio para acceder a la vacuna contra la enfermedad Covid-19.
Son las Fuerzas Armadas las encargadas de llevar las dosis. La Secretaría de Salud (Ssa) se montará en el despliegue a cargo de las tres Fuerzas Armadas Permanentes y la cuarta de reciente creación: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México y la Guardia Nacional. Es una expansión militar por todo el territorio nacional.
En el papel, el Plan Nacional de Vacunación se aplicará casa por casa en las regiones más apartadas donde haya personas mayores de 60 años de edad –o incluso menos– que no puedan desplazarse. Lo anterior implicará el ingreso de las Brigadas Correcaminos a regiones controladas por cárteles del narcotráfico desde el sexenio de Felipe Calderón. Se trata de puntos rojos sin presencia real de representantes formales del Estado mexicano.
Todos esperan una tregua. La vacuna podría replegar a los ejércitos privados y a los sicarios del narcotráfico. La salud de la población bien valdría la pena. Son cientos de “puntos rojos” en toda la geografía mexicana controlados por el narcotráfico y varias guerras, entre ellas: Cártel de Sinaloa (CS)-Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); CS-Nuevo Cártel de Juárez; CJNG-Cártel de Santa Rosa de Lima; CJNG-Nueva Familia Michoacana (NFM); Cártel del Golfo-Los Zetas (reminiscencias y grupos sueltos); Los Ardillos-Los Rojos.
Y por regiones, destacan cuatro que en realidad no son simples “puntos rojos” sino amplias franjas del territorio nacional. Está el primer triángulo serrano que comparten Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Una amplia comarca de la Sierra Madre Occidental regada con masacres como la de Tesopaco o la de los LeBarón: zona de disputa entre los ejércitos privados Los Salazar (Cártel de Sinaloa) y la Línea (Nuevo Cártel de Juárez)
El otro triángulo, el “Dorado”, también implica territorios de Sinaloa y Chihuahua, pero en colindancia con Durango. Aquí hay franjas controladas totalmente por el CS pero en disputas internas entre los grupos considerados de Ismael Zambada Niebla, el Mayo, y los de los Chapitos, Jesús Alfredo, Iván, Ovidio y Jesús Guzmán. También hay incursiones del CJNG y zonas controladas por lo que quedó de los Beltrán Leyva.
La otra región dominada por grupos armados (y en plena guerra) es la de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. Los retenes son del CJNG y de las “autodefensas”, algunas vinculadas al narcotráfico y otras, las menos, sin vínculos con la delincuencia. En la región operan, además de estos actores, otros que responden al CS y a la NFM, y los grupos que quedaron de Los Caballeros Templarios.
La cuarta región es la de la Montaña de Guerrero, con amplias franjas controladas por los cárteles de Los Ardillos y Los Rojos, antiguas facciones que respondieron a los Beltrán Leyva y hoy, en guerra, han constituido sus propias estructuras delictivas y gobiernan decenas de poblaciones montañeras.
Por verse si el narcotráfico simplemente se replegará, dejará pasar a las Brigadas Correcaminos o jugará algún papel en el Plan Nacional de Vacunación en marcha.
Otra situación, muy distinta, será la de los territorios autónomos, las comunidades en resistencia y con proyectos autogestivos antisistémicos. Los pueblos ejercerán sus derechos según lo que evalúen y consideren cada uno de ellos.
Fragmentos
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se fue contra la DEA (la agencia antidrogas estadunidense) como probablemente ningún otro jefe de Estado. Al enfrentar los cuestionamientos por el no ejercicio de la acción penal contra el general salvador Salvador Cienfuegos Zepeda –que determinó la FGR–, el titular del Ejecutivo mexicano dijo que los estadunidenses sólo buscaron debilitar al gobierno de México y enfrentarlo con el de Estados Unidos. Y, por ello, puso un alto –reforma a la Ley de Seguridad Nacional mediante– a la operación de los agentes extranjeros en el territorio nacional. El gobierno mexicano ofreció hacer público el expediente del que fuera secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto. A reserva de lo que señale la documentación, veremos si el gobierno de la 4T logra replantear las relaciones bilaterales. Por verse si empieza un trato digno y de iguales o continúa el sometimiento mexicano que con Vicente Fox y Felipe Calderón llegó a la abyección.
