El presidente Felipe Calderón ha impulsado una restructuración de la Armada de México que privilegia el uso de su componente terrestre, la infantería de Marina, como fuerza de reacción contra bandas del crimen organizado. De esa manera, el equilibrio entre las misiones de defensa externa e interna se ha alterado, profundizando la conversión de la Marina de guerra en una fuerza que “mira hacia adentro” en lugar de proyectarse como poder naval hacia el exterior.

 

Estamos llegando a la mitad del periodo de 25 años que la Secretaría de Marina (Semar) se trazó para realizar la restructuración operativa de la Armada de México, creando fuerzas de reacción anfibia para el combate regular contra un enemigo externo además de agrupamientos de infantería de marina, brigadas navales y fuerzas especiales adaptadas para el combate irregular en el ámbito interno. Esa restructuración, junto con la renovación de las unidades de superficie y la construcción de buques cañoneros de la clase Holzinger, le daría a la Armada la posibilidad de modernizarse como una fuerza naval ligera, pero moderna.

 

Sin embargo, aunque ya han transcurrido 11 años desde que la Semar trazó esos objetivos de restructuración, las metas aún están lejos de ser cumplidas. El empeño del presidente Calderón en usar a las Fuerzas Armadas en una estrategia de contención de la actividad delictiva, desarme de los grupos del sicariato profesional y desmantelamiento de las estructuras de liderazgo criminal, ha distraido a la Armada y generado dificultades para equilibrar sus misiones externas e internas.

 

Aunque en el contexto internacional han disminuido las hipótesis de guerra y por lo tanto las necesidades de defensa nacional, la Armada de México sigue teniendo las misiones externas como uno de sus objetivos principales. Entre ellas están la protección aeronaval de la Sonda de Campeche, así como de las principales instalaciones hidroeléctricas del país contra agresiones externas.

 

Temerosos de que un conflicto interno en Cuba pudiera generar ataques contra intereses estadunidenses en México, los marinos mexicanos veían como un riesgo la existencia de los aviones MIG 21 en la isla del Caribe, pues su radio de autonomía podría llegar hasta la península de Yucatán y el área de la Sonda de Campeche.

 

El cambio en el gobierno cubano, las reformas paulatinas en la isla, y la lenta, pero importante, distensión entre los gobiernos de La Habana y Washington han disminuido esa hipótesis de conflicto.

 

Por otro lado, las amenazas no tradicionales, como el narcotráfico marítimo, llamaron la atención de la Armada y mantuvieron su decisión de reforzar un despliegue estratégico que aumentara su capacidad para proteger el mar territorial, los litorales del país y las instalaciones estratégicas cercanas a las costas mexicanas.

 

Los narcotraficantes fueron prácticamente obligados a recurrir al mar, ante la eficacia de un escudo de radares aéreos distribuidos en toda la frontera con México y en las bases de avanzada (llamadas FOL, Forward Operating Locations) de Comalapa, El Salvador; las Antillas Holandesas de Aruba y Curazao, así como la base ya desmantelada de Manta, Ecuador.

 

Volcadas entonces al tráfico marítimo, las bandas criminales aumentaron sus operaciones en los mares de Centroamérica y explotaron la debilidad de las armadas, incluida la mexicana, sumidas todas ellas en una condición precaria de naves y armamento.

 

Con una flota naval de guerra obsoleta, compuesta por destructores de la Segunda Guerra Mundial y fragatas de la guerra de Vietnam, la Armada de México apenas iniciaba su restructuración para enfrentar ese viraje del narcotráfico.

 

El gobierno de Vicente Fox intentó conducir a la Armada hacia la integración como una fuerza eficaz para detener el flujo de drogas por el mar territorial mexicano. La Semar decidió entonces transformar su infantería de Marina y distribuir a sus 11 mil 812 elementos en dos fuerzas de reacción anfibia, cuatro agrupamientos de infantería de marina para la seguridad de instalaciones estratégicas y 54 brigadas navales y fuerzas especiales. El diseño de esa fuerza tendía a lograr un equilibrio entre la defensa exterior e interior.

 

Sin embargo, bajo la exigencia del presidente Calderón de orientar a todas las Fuerzas Armadas al combate contra la delincuencia organizada, la Armada modificó su distribución territorial, desapareció la Región Naval Central, pasó de seis a siete regiones navales, de nueve a 13 zonas navales militares y de 11 a 14 sectores navales, además de formar 30 batallones de infantería de marina.

 

Con esos cambios, los efectivos de la Armada se alejaron del mar territorial, los litorales y los cuerpos de agua e incursionaron en zonas infestadas de narcotraficantes, con retenes carreteros, persecuciones de convoyes de los cárteles y localización de líderes criminales. Esas misiones alejadas del mar reducían a la Armada a la condición de una policía militarizada que buscaba adaptar su doctrina militar a las misiones de seguridad pública.

 

Calderón puso además a la Secretaría de Marina Armada de México al frente de varias operaciones de alto impacto contra el tráfico de drogas. La más notoria, desarrollada en diciembre de 2010 en Cuernavaca, arrojó la muerte de Arturo Beltrán Leyva, jefe de uno de los cárteles con más fuerza en México. El incidente fue empañado por el ultraje al cadáver del narcotraficante sinaloense por parte de un grupo de paramilitares y la venganza atroz de los narcos al asesinar a los familiares de uno de los infantes de Marina que pereció en el combate.

 

Las unidades de infantería de marina, pensadas originalmente como una fuerza que se despliega desde las embarcaciones hacia los litorales mexicanos para proteger al territorio nacional de fuerzas externas, ahora se movilizan por la parte Norte de Tamaulipas y Nuevo León, estableciendo retenes carreteros y enfrentando a columnas de sicarios que se movilizan entre Reynosa, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León.

 

Tras algunos de los enfrentamientos ocurridos con la aparente ruptura entre el cártel del Golfo y Los Zetas, los marinos, apoyados por helicópteros de la Fuerza Aérea Naval, sostuvieron combates con una columna de Zetas. Recientemente, un batallón de infantería de marina, apoyado por tres helicópteros Black Hawk, invadió un campamento de entrenamiento de Los Zetas en la frontera entre Nuevo León y Texas.

 

El uso intensivo de la infantería de marina también puede afectar el equilibrio entre el Ejército Mexicano y la Armada de México, pues los datos gubernamentales indican una caída de las operaciones del Ejército y un aumento pronunciado de las operaciones de la Armada de México desde 2007.

 

El presidente Calderón ha logrado disminuir el descontento en la Armada por la congelación de los ascensos a almirante durante el sexenio pasado, pero la relación especial que ha logrado con la Secretaría de Marina no ha arrojado un desarrollo equilibrado de su fuerza naval, sino sólo el empleo intensivo de la infantería de marina en las mismas funciones que ya cumplían los grupos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

 

Sería equivocado pensar, por otra parte, que éste es el gobierno de la Armada y no del Ejército. A pesar de que las operaciones terrestres de la Armada han aumentado, al contrario de las operaciones del Ejército, éste mantiene una presencia territorial con más de 211 mil elementos; 70 mil de ellos dedicados al combate al narcotráfico. La Armada tiene apenas una tercera parte (más de 58 mil marinos) y como fuerza terrestre no podría cubrir todo el territorio nacional.

 

Los 30 batallones de infantería son insuficientes para cubrir el despliegue estratégico nacional que implicaría controlar todos los territorios con actividad significativa del narcotráfico y la delincuencia organizada.

 

A pesar de los esfuerzos de coordinación con el Ejército, la Armada sigue luchando por su propio presupuesto, aceptando todas las misiones que le confiere el presidente en turno, aunque con ello postergue su restructuración como una fuerza naval capaz de proteger los litorales, el mar territorial y ser la primer línea de defensa del país.

 

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington