La declaración de inconstitucionalidad que ayer hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, “va en la línea de seguir protegiendo la corrupción, de seguir apoyando a las minorías”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ello, porque una mayoría del pleno de ministros determinó que son inconstitucionales los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional –el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal– y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales –el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Una de las tres lecciones de esta determinación, dijo el presidente López Obrador en su conferencia, es “que hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial, y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito; y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderes”. El primer mandatario consideró que la decisión de ayer en la SCJN refleja eso.
En un mensaje muy duro dirigido a los ministros de la Corte, el presidente López Obrador señaló que “es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de [Carlos] Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional que en una de sus partes la está declarando inconstitucional”.
También señaló que no está de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad de la Corte: “creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, no tienen influencias o no tienen para comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”.
Asimismo, comparó: “esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando negaron que se consultara al pueblo para votar si estaban de acuerdo que se reformara la Constitución para la privatización del petróleo, y la decisión de la Corte en ese entonces, en el sexenio pasado, fue que no procedía porque afectaba los ingresos del gobierno. Y ahora es algo parecido: que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que inventan, alteran facturas, que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal, porque se les afecta en sus derechos humanos”.
El presidente López Obrador agregó: “qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios, dueños de despachos fiscales cometen grandes fraudes, de miles de millones de pesos: la Hacienda Pública deja de recibir ingresos que podrían ser utilizados para garantizarle al pueblo el bienestar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, para dar trabajo a los jóvenes y para que no se violen los derechos humanos. Es un asunto de interpretación”.
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