La marcha que concluyó el 29 de noviembre en la plaza San Francisco (La Paz, Bolivia), que había comenzado en Caracollo (Cochabamba) el 22, resultó un hito político que sorprendió a propios y ajenos por su carácter multitudinario. No sería exagerado decir que es la mayor movilización popular que ha visto Bolivia desde que el Movimiento al Socialismo (Mas) ganó la Presidencia, por enero de 2006. A casi 16 años desde entonces, y de los 22 que pasaron desde la Marcha por el Territorio y la Dignidad, los pueblos en la calle han vuelto a hablar con contundencia. Al respecto algunas reflexiones:

Contundencia popular frente al golpismo. Los últimos acontecimientos desestabilizadores con epicentro en Santa Cruz, como los paros arengados por el gobernador Luis Fernando Camacho y su brazo armado ‒el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala‒ en contra de dos leyes económicas, parecieron ser un parteaguas en las perspectivas de la gestión de Luis Arce. La escalada continuó con el planteo de Camacho (con poco eco en otras latitudes bolivianas conducidas por opositores) de la federalización del sistema político del país. Todo indicaba la inauguración de una etapa inusualmente convulsa para un presidente electo hace poco más de 1 año: el gobierno hubo de retirar y abrogar las leyes en disputa, la economía cruceña (de los pequeños) y la vacunación se detuvieron por unos días, y ya parecía que Arce iría a gobernar a la defensiva hasta que culminara su mandato, si es que lo dejaban. El mes pasado, como reveló la última encuesta del Celag, el 57 por ciento de los bolivianos pensaba que podría producirse un golpe de Estado en un futuro cercano. Sin embargo, la poderosa marcha “del millón” que concluyó en La Paz, gritó colectivamente que el golpismo no va a pasar; que la democracia que se recuperó en las urnas se respeta. Otra demanda concordante con la primera, y ésta sí fue hacia los responsables políticos, fue la de justicia y reparación a las víctimas del golpe de Estado.

Unidad. La marcha, encabezada desde el inicio por Evo Morales, pero secundada de cerca por Arce y David Choquehuanca, también mostró que las normales diferencias dentro de una gestión de gobierno, no cuentan cuando las amenazas de desestabilización y golpe se tornan reales. Todos los mensajes fueron inequívocamente en la misma dirección, incluyendo los de los cientos de organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Plurinacional-popular. El componente social de la marcha dijo mucho. A pesar de las diatribas mediáticas que avizoraban la pérdida de apoyo popular al gobierno, la “muerte política” de Evo Morales y una supuesta desastrosa gestión económica que empobrecía a la gente, mientras los líderes hablaban en el palco, la fila de gente llegaba hasta El Alto, a unos 10 kilómetros de ahí. Y no era sólo el Mas, no eran solamente funcionarios del gobierno enviados a “hacer bulto”, como la oposición quiso instalar: mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, campesinos, indígenas, comerciantes, productores; muchos organizados, otros no, pero todos estaban allí, sabiendo que volvían a hacer historia. Historia, porque lo vivido en los últimos años enseñó que la calle no se cede, no se abandona; porque la calle vaciada en una sociedad polarizada es igual al avance de los procesos antipopulares y reaccionarios, como se pudo constatar en 2019.

Liderazgos. El gobierno consiguió un respaldo explícito que posiblemente no esperaba. A pesar de los excelentes indicadores de recuperación económica y protección sanitaria, empezaba a predominar cierto clima de desconcierto respecto del rumbo, de lo acertado o no de las medidas tomadas, de una supuesta “lentitud” en la toma de decisiones, de una inadecuada comunicación, o de la idoneidad de parte del gabinete. La marcha demostró que buena parte del 55 por ciento que apoyó en 2019 respalda a Arce y a Evo. Cada uno de ellos tiene hoy un rol muy diferente al que ejercieron hace unos años, y esta marcha ha demostrado que cada quien ocupa un rol político distinto, pero complementario.

El desafío. Es una incógnita si este apoyo popular en la calle tendrá una lectura que vaya más allá de la defensa de la democracia y del proceso político popular en curso. En cuanto a la evaluación de la gestión, ¿fue sólo una defensa del modelo económico en curso o es, también, una señal de que hay respaldo para medidas más audaces? Como bien afirma Álvaro García Linera, el “nuevo progresismo” tiene como característica, entre otras, la de estar encabezado por “liderazgos administrativos” de las instituciones del Estado en favor del campo popular. Quizás, en el caso boliviano, se hayan abierto las puertas para pensar en la aplicación de un nuevo programa de reformas de segunda generación.

Camila Vollenweider* y Gabriela Montaño**/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)

*Maestra en Sociología por la Universidad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

**Licenciada en Medicina y maestra en Salud Pública por la Universidad Nuestra Señora de La Paz (Bolivia)

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