Una de las empresas de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad de Calderón y actualmente preso en Estados Unidos por presuntamente beneficiar al Cártel de Sinaloa– mantuvo negocios con diversas factureras y también recibió dinero de medios de comunicación: 11 millones de pesos de El Financiero y 13.5 millones de pesos de El Heraldo. Se trata de Glac Security Consulting Technology Risk Managment, donde también participaba Facundo Rosas y a la que el gobierno capitalino, cuando su titular era Miguel Ángel Mancera, le transfirió 50 millones de pesos

Desde el gobierno del entonces panista Felipe Calderón Hinojosa, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente preso en Estados Unidos acusado de proteger a cárteles del narcotráfico–, constituyó empresas de seguridad privada y estableció una relación de negocios que incluyó a exfuncionarios de la SSP y del ya extinto Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) con empresas factureras, medios de comunicación y periodistas.

Una de esas relaciones la estableció con el empresario Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, dueño del periódico El Financiero y de la empresa Comtelsat –dedicada a las telecomunicaciones, medios audiovisuales y servicios de seguridad privada–, la cual, en el último año del gobierno de Calderón (2012), recibió un contrato por adjudicación directa para instalar cámaras en cárceles federales.

Comtelsat también ha recibido ingresos públicos por 1 mil 300 millones de pesos de parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos contratos plurianuales fueron pactados desde el sexenio pasado con la Secretaría de Gobernación, cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre 2017 y 2020, Comtelsat reportó ingresos por 7 mil 300 millones de pesos y gastos por 7 mil 500 millones.

El exsecretario Genaro García Luna; su esposa Linda Cristina Pereyra Galvez; su hermana Esperanza García Luna; el excomisario general de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; su exjefe de escoltas Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, y Mónica Cervantes González aparecen como dueños y representantes legales de la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Managment, la cual mantenía una relación de negocios con empresas que facturan operaciones simuladas (factureras conocidas como EFOS), y también recibió dinero de medios de comunicación: 11 millones de pesos de El Financiero Marketing y 13.5 millones de pesos de El Heraldo.

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México, cuando su titular era Miguel Ángel Mancera, le transfirió a esa empresa de García Luna 50 millones de pesos.

El excomisario policiaco Facundo Rosas fue detenido el 27 de enero pasado por atropellar con su vehículo y matar a una mujer de 62 años, y también fue vinculado a proceso penal por su participación en la operación de tráfico de armas procedentes de Estados Unidos, conocida como Rápido y Furioso.

Otra involucrada con la empresa Glac Securyti es Olivia Lizeth Parra Salazar, nombrada por García Luna en junio de 2012 como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y quien desde entonces mantuvo vínculos con los periodistas Raymundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola, con quienes también ha colaborado en sus espacios noticiosos.

Esta exsubsecretaria de Seguridad Pública fue antes directora general de Planeación Policial de la Agencia Federal de Investigaciones y, según publicó la prensa en aquellos años, fue la operadora junto con su jefe García Luna y el periodista Carlos Loret del montaje televisivo sobre la detención de la francesa Florence Cassez, para promocionar el trabajo de la institución de Seguridad donde laboraba. [Por el caso de Florence Cassez, Luis Cárdenas Palomino –exmando de la Policía Federal y coacusado de García Luna en Estados Unidos– fue detenido y vinculado a proceso en julio del año pasado por las autoridades mexicanas, que lo acusan por tortura.]

Un familiar de Olivia Lizeth Parra Salazar, el abogado Pablo Alejandro Salazar Parra, mantiene una relación laboral con el senador Miguel Ángel Mancera como asesor legislativo del PRD y participó en la elaboración de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica que promueve el actual gobierno.

Para las autoridades, esta exsubsecretaria es considerada “persona de interés” porque, según las investigaciones, también realizó operaciones financieras con empresas factureras.

Los negocios de Comtelsat

Entre otros negocios de Comtelsat, en 2018 la empresa de Manuel Arroyo recibió 1 mil 600 millones de pesos de la compañía Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla (constituida ese mismo año), después de que le adjudicaran a ésta de manera directa el término de la construcción y operación del penal de máxima seguridad de Papantla, el cual estaba inconcluso desde 2012, último año de gobierno de Calderón y donde todavía García Luna era secretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –que incluyen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores–, dicha empresa de seguridad privada Papantla opera sin ingresos y sin nómina, pero sus gastos son por miles de millones de pesos, operaciones que atrajeron la atención de esas autoridades financieras que ahora investigan de dónde provienen esos recursos, con la presunción de que pueda ser dinero de procedencia ilícita triangulado a través de empresas de papel, las cuales comúnmente son utilizadas para evadir el pago de impuestos o blanquear capitales.

Lo interesante de esa empresa Papantla es que en su Consejo de Administración aparece Jaime Domingo López Buitrón, quien fue director del Cisen en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, tiempo en que ese órgano de seguridad nacional sólo fue utilizado para perseguir, amedrentar y espiar a opositores políticos, líderes sociales, empresarios y hasta a periodistas.

Lo que ahora investigan las autoridades es por qué Comtelsat recibió esas transferencias por un total de 1 mil 600 millones de pesos de la empresa del exdirector del Cisen entre 2018 y 2020, y si el dinero que trianguló Jaime Domingo López Buitrón a Manuel Arroyo es dinero lícito; ello, considerando que de acuerdo con Hacienda, la empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla no reporta fiscalmente ingresos, por lo que se investiga de dónde salieron los recursos.

Ese mismo exfuncionario del Cisen es dueño de otra empresa: LRB Strategy and Intelligence, la cual recibió dinero de algunas dependencias gubernamentales, como Pemex e Infonavit, y en la que aparece también como socio su familiar Juan Martín López Buitrón, quien actualmente es director general de Organización y Recursos Humanos de la CNBV ­–que preside Jesús de la Fuente Rodríguez–, dependencia contra la que López Buitrón litigó en tribunales mediante un amparo para impedir que le quiten el seguro de gastos médicos mayores.

De regreso a los contratos de Comtelsat, la empresa de Arroyo también recibió transferencias por 661 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en gobiernos anteriores, para la instalación de cámaras de seguridad, de las cuales hubo quejas porque no funcionaban.

Otros ingresos de Comtelsat fueron 64 millones de pesos de la Cámara de Senadores por la instalación de equipo audiovisual; 856 millones de TFCF International Channels México; 109 millones de Grupo Lauman Holding, y 962 millones de un RFC genérico (no identificado).

Otras operaciones financieras de Comtelsat fue la triangulación de recursos que hizo con C & L Capital Partners: la empresa de Manuel Arroyo le transfirió 1 mil 100 millones de pesos, y después esta misma empresa envió recursos por 1 mil 200 millones a El Financiero Marketing y 85 millones a Engencap Holding.

C & L Capital Partners, sin nómina, reportó ingresos entre 2018 y 2020 por esos 1.1 mil millones y gastos por 1.3 mil millones de pesos.

Otros depósitos que realizó Comtelsat fueron por 415 millones a la empresa Sissa Monitoring Integral, cuyos representantes legales y socios son Isaac Valencia Trejo y Blanca Delia Alarcón Díaz. Esa empresa Sissa obtuvo ingresos de CRS Morelos por la operación del Cefereso paras Mujeres de ese mismo estado. Uno de los socios de esa empresa es Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien ha sido vinculado a una red de funcionarios y personas que transfirieron dinero al paraíso fiscal de Andorra.

En esa red de empresas y triangulaciones de dinero, Sissa hace negocios con varias empresas que le depositan recursos: Alimentos con Idea, 88 millones; Constructora y Edificadora Gia+A, 20 millones; Operadora de Infraestructura de Oaxaca, 12 millones.

En los gastos de Sissa Monitoring Integral aparecen transferencias a varias personas que, de acuerdo con las indagatorias, hay discrepancias por la elevada cantidad de ingresos que reciben y que no son acordes con su perfil fiscal. Por ejemplo, Ricardo Pérezfort Rosas presenta ingresos entre 2018 y 2021 por 721 millones de pesos, y David de Jesús Ramírez Gutiérrez reporta ingresos entre 2018 y 2019 por 275 millones de pesos, por lo cual ambos ya son investigados.

Además, Sissa depositó 1.5 millones de pesos a la empresa World Android Tegnology, identificada como facturera; también, 102 millones a Impulsora Industrial Monterrey; 61 millones a Industria Electrónica Zen; 35 millones a Compañía Integra Soluciones; 34 millones a CIA Kapital, y 20 millones a Mining Materiales y Refacciones.

Los negocios de Comtelsat en Gobernación

El empresario Manuel Arroyo también logró hacer negocios en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los contratos con la Secretaría de Gobernación fueron clasificados como de “seguridad nacional”, y se firmaron en los cinco años que el priísta Miguel Ángel Osorio Chong fue titular en esa dependencia.

Sólo como ejemplo, Comtelsat obtuvo un contrato plurianual (2017-2020) por 539 millones 997 mil 478.41 pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, número OADPRS/DGA/CC/029/2017, para proporcionar servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de PyRS (Prevención y Readaptación Social).

De acuerdo con las autoridades investigadoras, éste debió asignarse mediante licitación pública nacional; sin embargo, la Secretaría de Gobernación violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de “seguridad nacional”, establecido en el artículo 41, fracción IV, de la LAASSP.

La empresa beneficiada Comtelsat, SA de CV, recibió montos anuales de la siguiente forma: en 2017, 134 millones 999 mil 369.60 pesos; en 2018, 179 millones 999 mil 159.47 millones; en 2019, 179 millones 999 mil 159.47, y 2020, 44 millones 999 mil 789.87 pesos.

De acuerdo con los dictámenes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob y el mismo Órgano Interno de Control, dicho contrato debió licitarse porque en el mercado hay otras empresas mexicanas que prestan el mismo servicio de tecnología, y se pudo obtener un mejor precio y un ahorro de dinero público, además de que Comtelsat fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y dicha resolución quedó firme en 2016, aunque “por sólo un periodo de 3 meses”.

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