La información difundida por medios de comunicación a partir de un análisis técnico elaborado por Citizen Lab –laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto–, “no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] de este presunto espionaje” a través de la plataforma Pegasus en contra de tres personas, se señaló esta mañana en la conferencia presidencial.
En la sección del “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Ana Elizabeth García Vilchis expuso que “no es cierto que el gobierno actual espía a periodistas y activistas”. Al referirse a datos de contexto, señaló que “en 2021 se conoció que el programa Pegasus, de la empresa israelí NSO Group se usó para espiar a 15 mil personas en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre las personas especiadas estaba el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su familia, dirigentes de Morena, además de periodistas y activistas”.
Agregó que “la revista Contralínea documentó que el programa Pegasus, dedicado al espionaje, fue contratado desde el gobierno del panista Felipe Calderón cuando, dice la revista Contralínea, se compraron las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos. Hasta aquí la revista Contralínea”.
García Vilchis aseguró que “el gobierno actual ya no espía a la oposición política, ni a periodistas, ni activistas y no hay elementos que comprueben la denuncia de tres personas de que es el gobierno federal quien los espía. Al respecto y confirmando esta afirmación, la propia Secretaría de la Defensa Nacional aclaró ayer: ‘en relación con la contratación del servicio Pegasus, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección Datos Personales, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos’”.
Asimismo, expuso que “Animal Político, uno de los medios de comunicación que encabeza estas acusaciones y que dio a conocer ‘La estafa maestra’ del sexenio pasado, es el mismo que curiosamente ahora le da trato de presa política a Rosario Robles, la funcionaria involucrada en este caso. Dice Animal Político que sólo tiene un compromiso con sus lectores, pero aquí recordamos algunos contratos que tuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto por varios milloncitos de pesos firmados por su actual director Daniel Moreno”. Al respecto, indicó que la suma de los contratos entre 2013 y 2018 de sólo dos partidas, sin tomar en cuenta otro tipo de contratos, estos ascendió a más de 7 millones 700 mil pesos.
Agregó que ese medio tiene un vínculo muy cercano a la organización de Claudio X González Guajardo, “Mexicanos a favor de la Corrupción y la Impunidad. Y según su propio plan de negocios, Animal Político también vende notas pagadas sin que sea claro para sus lectores, con los cuales dice un gran compromiso, cuáles son pagadas y cuáles son informativas. Según su propio documento, su media kit de 2022, por nota patrocinada […] el medio cobra 68 mil 500 pesos; por nota contenido original cobra unos 110 mil pesos; por infografía, 200 mil pesos, pero sin va con video puede costar 250 mil a 350 mil pesos, así un reportaje patrocinado puede sumar más de medio millón de pesos”.
García Vilchis señaló que entre las organizaciones y medios financiados desde el extranjero para impedir la construcción del Tren Maya está Animal Político, “quien recibió un financiamiento de alrededor de 14 millones de pesos, unos 703 mil 751 dólares, de la Fundación Kellogg y Ford”.
Asimismo, presentó un video preparado por Infodemia, esfuerzo de los medios públicos que aborda la manipulación informativa y las noticias falsas. En el video se explica que “diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer, a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo hacktivista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió en 2019 el Servicio de Monitoreo Remoto de Información Fincada a la empresa comercializadora Antsua, SA de CV, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019”.
Ahora se ha señalado que entre 2019 y 2020 un reportero de Animal Político, el opinador Ricardo Raphael y el activista Raymundo Ramos fueron espiados por el software Pegasus, por lo que interpusieron una denuncia el 3 de octubre ante la Fiscalía General de la República.
El video señala que “en redes sociales y medios de comunicación diversos comentaristas impulsaron la etiqueta #GobiernoEspía, sumándose a la afirmación de que fue la Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de los periodistas y activista referidos. Sin embargo, el reportaje no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la Sedena de este presunto espionaje, pues los archivos que en él se expone sólo documentan la contratación del servicio de monitoreo remoto de información, según un contrato de la Sedena con comercializada Antsua, que no refiere a Pegasus”.
Infodemia apunta que “en el reportaje se infiere, pero no se prueba, que la Sedena contrató Pegasus a comercializadora Antsua a partir de un documento filtrado ilegalmente donde la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía, informa a la Sedena que comercializadora Antsua era la única autorizada para representarla de forma exclusiva, lo que no significa que esa empresa sólo preste el servicio de Pegasus y no de otros de monitoreo remoto de información”.
Agrega que “afirman que NSO Group sólo vende a gobiernos e instancias gubernamentales el software Pegasus, por lo que a partir de esa afirmación infieren, sin comprobarlo, que el gobierno de México y sus dependencias son los únicos que cuentan con este software en el país y utilizan como prueba la declaración que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en la que asegura que su empresa sólo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo; sin embargo, a pesar de esas declaraciones, la investigación Pegasus Project documentó que en el pasado gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos”.
Finalmente se dice que “si bien se documentó que la Sedena adquirió el Servicio de Monitoreo Remoto de Información, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa contrató Pegasus y tampoco prueban que fue Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de periodistas y activista que lo denunciaron”.
