Promover la idea de que Estados Unidos podría usar la fuerza militar contra grupos criminales en México, o incluso contra el Estado mexicano, es no sólo contraproducente, sino realmente peligroso, advierte experto de la Universidad de Oxford, en referencia a los discursos de políticos del partido Republicano

Descartar la retórica cada vez más militarista de algunos políticos de Estados Unidos –en particular, militantes del partido Republicano– sobre los cárteles de la droga en México, conlleva riesgos reales, asegura Brian Funacone, doctor en antropología por la Universidad de Oxford y exfuncionario de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Señala que “incluso en medio del cansancio de la opinión pública por décadas de ‘guerras eternas’, los formuladores de políticas estadunidenses no han abandonado del todo la costumbre de considerar el uso de la fuerza como un as bajo la manga para cuando se enfrentan a un desafío de política exterior que de otro modo sería imposible de resolver”.

Para el exasesor del gobierno de Estados Unidos sobre cuestiones legales y políticas relacionadas con la lucha contra el terrorismo, el uso de la fuerza militar, y las operaciones militares asociadas, el flujo de drogas hacia Estados Unidos, en particular del fentanilo, reúne las características de tal desafío.

Entre 2016 y 2021, las muertes por sobredosis de esta droga en Estados Unidos se triplicaron con creces. Sin embargo, es difícil saber exactamente a cuántas personas ha matado el fentanilo, porque otras drogas que mezclan con él también pueden causar la muerte, pero tan solo en 2022, unas 83 mil personas murieron por sobredosis de opioides en Estados Unidos.

En su análisis Palabras peligrosas: la arriesgada retórica de la guerra de Estados Unidos contra cárteles mexicanos, Brian Funacone indica que la legislación introducida principalmente con el propósito de fijar una posición corre el riesgo de habituar a los formuladores de políticas a tales opciones militares.

“Estas maniobras en el Congreso y una actitud belicosa en la campaña electoral aumentan la probabilidad de que un futuro presidente considere este tipo de ataque como una opción real. Eso resulta especialmente peligroso, dado que, en la práctica, las restricciones a la capacidad de un presidente para recurrir unilateralmente a la fuerza son débiles.

Mientras tanto, aduce que las conversaciones sobre guerra solo servirán para tensar los lazos entre Estados Unidos y México, lo que podría complicar las relaciones económicas entre los dos vecinos y su capacidad para trabajar juntos en la promoción de una migración segura y ordenada y en la lucha contra el crimen transnacional.

Los políticos estadunidenses deben abstenerse de lanzar eslóganes irresponsables, y los líderes políticos y comentaristas, que de otro modo se inclinarían a ignorarlos, deben expresar enérgicamente su rechazo, para evitar que la fantasiosa y destructiva sugerencia de que Estados Unidos pueda llegar a tomar la decisión de provocar un conflicto en su propia frontera sur se vuelva demasiado tangible, subraya el académico.

Una postura marcial

El experto apunta que en el centro de la postura marcial en el Congreso se encuentra un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes estadunidense. A principios de 2023, los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, republicanos de Texas y Florida, respectivamente, introdujeron la “Resolución de AUFM (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar), sobre la influencia del cártel”.

Explica que en un lenguaje que hace eco de la amplia autorización de 2001 para el uso de la fuerza militar en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001, la legislación pretende facultar al presidente para usar “toda la fuerza necesaria y apropiada” contra aquellas “naciones, organizaciones o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras” que el presidente determine que han cometido delitos específicos relacionados con las drogas o utilizado la violencia para controlar territorio con fines ilícitos.

De ser promulgada, esta ley otorgaría al presidente amplios poderes para iniciar una nueva serie de guerras con redes criminales mexicanas, como los cárteles de Sinaloa y del Golfo, entre otros. Le permitiría al presidente determinar qué grupos entran en el ámbito de la autorización y, por otra parte, señala nueve grupos existentes, incluidos los dos mencionados anteriormente, que estarán incluidos desde el principio.

Aunque no es una declaración formal de guerra, bien podría serlo: la resolución sería un cheque en blanco para que cualquier administración inicie una guerra contra cualquier entidad o persona que se enmarque en sus especificaciones, sin requerir aprobación adicional del Congreso (o incluso sin notificarlo).

El alcance del proyecto de autorización es abrumador. Si se promulga como ley, la amplia expresión “fuerza necesaria y apropiada”, en especial acompañada de la determinación (que quedaría a la entera discreción del presidente) de que México constituye una nación “afiliada” a una organización contemplada, proporcionaría autoridad no solo para ejecutar ataques con misiles contra cárteles como los mencionados por Trump, sino también para invadir y ocupar México.

“Suponiendo, por el bien del argumento, que los promotores del proyecto de ley realmente quisieran que la medida se promulgara (una gran suposición), es posible que tengan la intención de que la resolución permanezca en el estante, sin llegar a ser usada, como un símbolo de la seriedad con la que Estados Unidos se toma su política antinarcóticos. Eso sería una apuesta peligrosa”, asegura el experto.

El precedente más adecuado (y preocupante) podría ser la autorización del Congreso de 2002 para usar la fuerza en Irak. Algunos demócratas dijeron que votaron a favor de esta medida para darle a la ONU una mayor influencia en las negociaciones con Saddam Hussein sobre las inspecciones de armas. Su intención importó poco cuando la resolución se convirtió en la base legal para una desastrosa guerra.

El exfiscal general Bill Barr respaldó la medida como un “paso necesario”, y varios de los principales candidatos presidenciales republicanos se han pronunciado a favor de una acción militar contra los cárteles mexicanos, incluido el favorito, el expresidente Trump, así como el senador Tim Scott de Carolina del Sur y la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el rival más fuerte de Trump, prometió participar en “en acciones directas adicionales según sea necesario para contrarrestar las actividades de los cárteles” y manifestó su voluntad para imponer un bloqueo naval de los puertos mexicanos.

Gestos preocupantes

Si bien la autorización propuesta para el uso de la fuerza es única en lo que respecta a posturas temerarias, hay otras maniobras recientes que suscitan inquietudes similares, destaca el analista.

En mayo, por ejemplo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó por votación oral la Ley del Proyecto Precursor, que, entre otras cosas, busca exigirle al secretario de Estado que intente enmendar la Convención sobre Armas Químicas para incluir el fentanilo en la lista de armas químicas.

En sus comentarios al Comité, su actual presidente, Michael McCaul, congresista republicano de Texas, dijo: “Es hora de clasificar los fentanilos ilícitos como lo que son: armas químicas, a las que la China comunista hace la vista gorda a propósito, y que los cárteles de la droga usan para perpetrar asesinatos de estadunidenses en masa”.

Las probabilidades de que la legislación se promulgue en su forma actual son inciertas. Es muy posible que la Casa Blanca considere inconstitucional la directiva que exige la enmienda de la Convención sobre Armas Químicas y amenace con vetar o ignorar la disposición si llegara a aprobarse en el Congreso. Además, incluso si la medida se convierte en ley y el Departamento de Estado emprende una campaña diplomática para cambiar la Convención, es muy posible que no tenga éxito.

Pero pase lo que pase con el proyecto de ley o la Convención, la premisa de la Ley del Proyecto Precursor (que los cárteles mexicanos están usando un arma química contra ciudadanos estadunidenses) tiene una implicación potencialmente peligrosa.

Podría alimentar la sensación de que Estados Unidos tiene una base de legítima defensa en virtud del derecho nacional o internacional para atacar a las organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluso en ausencia de una ley que lo autorice.

Algunos podrían incluso argumentar que no es necesario alegar legítima defensa. En Siria, Estados Unidos afirmó que el uso de armas químicas (así no fuera contra estadunidenses), generó suficiente interés nacional para que el presidente Trump ordenara el bombardeo de instalaciones en ese país.

Aunque expertos jurídicos internacionales consideraron ampliamente que los ataques estadunidenses en 2017 y 2018 violaron el derecho internacional (algo que el gobierno de Estados Unidos no ha negado), los abogados del gobierno estadunidense consideraron que la lógica del “interés nacional” era lo suficientemente buena como para justificar los ataques bajo la legislación nacional.

Ley para poner fin a los narcos

Preocupaciones similares suscita una reciente carta de 18 fiscales generales estatales al presidente Joe Biden en la que solicitan que designe el fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Los firmantes afirman que su propósito es impulsar la cooperación interinstitucional dentro del gobierno estadunidense para contrarrestar el fentanilo y enmarcar la sustancia como una amenaza para la seguridad nacional, no sólo como una cuestión de abuso de drogas.

Pero la carta recuerda inquietantemente la justificación utilizada por la administración de George W. Bush para usar la fuerza contra Irak. Además, existe un concepto jurídico de la era Bush, escrito por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que concluye que el presidente tiene autoridad constitucional (incluso en ausencia de autorización del Congreso) para usar la fuerza para contrarrestar armas de destrucción masiva.

Por último, en el Senado, Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, presentó la Ley para poner fin a los Narcos de 2023, que busca designar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

La designación como organización terrorista extranjera (OTE) acarrea una serie de consecuencias, incluida la imposición de sanciones financieras y la criminalización del “apoyo material” a las OTE, lo cual se define ampliamente para incluir el suministro de bienes y servicios tangibles e intangibles.

Una designación de este tipo podría tener consecuencias significativas para los civiles mexicanos que viven en zonas controladas por las organizaciones de narcotráfico designadas, dificultando la interacción de las organizaciones de la sociedad civil y otros proveedores de servicios con ellas.

Además, aunque la designación de una OTE no autoriza en absoluto el uso de la fuerza militar, puede interpretarse como una señal de que se avecina un compromiso militar. La designación de una OTE es la herramienta más poderosa que tiene el gobierno estadunidense para indicar que considera que una organización está sobrepasando los límites.

Adicionalmente, existen notables coincidencias entre los grupos designados por Washington como OTE (como Al-Qaeda y afiliados como Al-Shabaab) y los grupos que combate en el marco de la llamada guerra contra el terror. En este contexto, designar a los cárteles como “organizaciones terroristas”, mientras los líderes políticos consideran que trafican con armas químicas o armas de destrucción masiva, podría impulsar la idea de que son un objetivo legítimo para la fuerza militar.

El mayor riesgo de esta postura legislativa y retórica beligerante no es que resulte en la promulgación de una nueva autorización de guerra contra las organizaciones narcotraficantes mexicanas. Las perspectivas de que la ley contra los cárteles reciba el apoyo de la mayoría en ambas cámaras del Congreso a corto plazo son escasas, y la Casa Blanca no ha mostrado ningún interés en estas medidas.

Sin embargo, existe cierto peligro de que estos discursos de guerra animen a los líderes políticos a considerar seriamente una serie de ideas que serían altamente contraproducentes.

Entre más se normalice este conjunto de ideas, mayor será el riesgo de que un futuro presidente estadunidense que se enfrente a una versión futura de la crisis del fentanilo se sienta atraído por la idea de emprender una acción militar unilateral.

En ese improbable, pero no inimaginable evento, las débiles restricciones sobre la capacidad del presidente de EE. UU. para dirigir usos limitados de la fuerza que se consideren de interés nacional le darían un amplio margen para iniciar hostilidades.

La herramienta equivocada

Una intervención militar estadunidense en México sería un error en múltiples niveles, ya que perjudicaría tanto los intereses de Estados Unidos como los de la región e impediría la colaboración de los dos gobiernos para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes de seguridad.

En primer lugar, cualquier intervención estadunidense probablemente tendría que llevarse a cabo sin la cooperación de México. El gobierno mexicano ha indicado que se opone a una acción militar de Estados Unidos contra los cárteles, lo que significa que esas operaciones serían ilegales según el derecho internacional, lo que comprometería cualquier posibilidad que pudieran tener de lograr un éxito operativo.

Una acción unilateral por parte de Washington podría llevar a México a poner fin a la cooperación antidrogas con Estados Unidos.

En segundo lugar, incluso si una intervención de Estados Unidos consistiera en ataques en gran parte simbólicos del tipo que Trump propuso (lo que parece probable dado el costo y la perspectiva de una guerra a gran escala), el riesgo de que resulte contraproducente es enorme.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha calificado la propuesta de autorización de guerra contra los cárteles como “irresponsable” y “una ofensa al pueblo de México”. Es difícil imaginarlo a él o a cualquier otro líder mexicano asumiendo una intervención unilateral sin exigir un precio significativo a cambio.

Una acción unilateral por parte de Washington podría llevar a México a poner fin a la cooperación antidrogas con Estados Unidos, o a reducir los esfuerzos para trabajar con Washington en la gestión de los movimientos migratorios hacia este país.

México también podría responder económicamente, interrumpiendo las cadenas de suministro de Estados Unidos que se han vuelto cada vez más dependientes de la manufactura mexicana, una característica del impulso hacia la “deslocalización cercana” –el nearshoring– como estrategia para reducir la dependencia económica de Estados Unidos en China. Las inversiones energéticas estadunidenses en México también podrían estar en riesgo.

En tercer lugar, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en México reflejaría una incapacidad para aprender del pasado, como la Operación Condor en la década de 1970 y la Iniciativa Mérida 2008-2020, han demostrado el fracaso de la guerra contra las drogas.

El esfuerzo militar pudo haber eliminado a los capos del crimen, pero éstos fueron reemplazados con facilidad, mientras que las organizaciones que dirigían se fragmentaron en bandas más pequeñas. En los últimos 15 años, la cantidad de grupos criminales en México se ha más que duplicado, llegando a al menos 200.

Brian Funacone considera que es casi seguro que el Estado mexicano tendrá que seguir usando la fuerza durante algún tiempo para controlar la criminalidad, pero debe hacerlo como parte de una estrategia calibrada. Plantea que serán necesarias otras medidas, como la judicialización sistemática de las redes criminales, en particular de los agentes de cuello blanco que ofrecen servicios logísticos y de lavado de dinero en ambos lados de la frontera, y que a menudo también proporcionan acceso crucial a funcionarios estatales deshonestos, garantizando que los negocios criminales sigan siendo rentables.

Acabar con la impunidad también es esencial para debilitar a los grupos criminales, algo que no se puede lograr sólo con el poderío militar. Yes indispensable, considera, cambiar las condiciones que hacen que a los grupos delictivos les resulte demasiado fácil encontrar nuevos reclutas.