Recientemente fui notificada por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respecto a la decisión de removerme como directora del Instituto de Matemáticas (Imate). Esto no es lo realmente importante, sino la forma en que se llegó a esta determinación:
1. En primer lugar, todos los argumentos vertidos en mi contra en la solicitud por parte del exrector, doctor Enrique Graue, se basan en consideraciones subjetivas carentes de prueba alguna.
2. La verdadera razón de mi remoción es porque no estuve de acuerdo con manejos irregulares de dinero dentro del Instituto. Únicamente a modo de ejemplo, se me pidió autorizar una “remodelación” a un recién rehabilitado jardín, por más de 1 millón de pesos, aún cuando ese jardín se había ya rehabilitado con menos de 20 mil pesos.
3. La suscrita fue citada a comparecer ante los miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM. En dicha reunión, se me permitió acudir con mi abogado, el licenciado Carlos Orduña, sin embargo, al entrar a las instalaciones de la Junta de Gobierno, la secretaria en un trato totalmente discriminatorio exigió que dejáramos (mi abogado y yo) nuestros teléfonos celulares afuera de la sala de juntas, siendo que todos los miembros de la Junta de Gobierno tenían sus teléfonos con ellos durante la reunión. Al inicio de la reunión, la presidenta de la Junta de Gobierno dijo enfáticamente que mi abogado podía estar presente pero no podía dirigirse hacia ningún miembro de la Junta; es decir, que yo me tenía que defender sola. Se me exigieron respuestas a preguntas jurídicas que yo no conocía y que mi abogado no pudo responder debido a que se le prohibió. Además, se me exigió narrar nuevamente lo que ya había explicado respecto a la violencia cometida en mi contra. Me pidieron detalles, y con esto me hicieron revivir momentos terribles. Me preguntaron cada detalle de lo que ya había expresado, con la amenaza de que, de no responder, se tendría por cierto lo que mis acusadores decían. Podría describir esa reunión como una de las peores experiencias de mi vida, que incluso me causó daño psicológico (cuento con un dictamen pericial en psicología que así lo determina).
La Junta de Gobierno “justificó” su decisión con dos o tres artículos del Estatuto General de la UNAM –por cierto, inaplicables para el caso–, y con un párrafo de tres renglones en el que le dieron valor a dichos, pasando por alto mis derechos incluso constitucionales. Pido que la comunidad universitaria y sociedad en general no se confunda: la decisión de la Junta de Gobierno fue apartada de la legalidad, una arbitrariedad, una regresión en derechos humanos, una vil injusticia.
Yo fui removida de mi cargo porque era la instrucción que tenían los miembros de la Junta de Gobierno, no porque fuera una decisión justa. Me encuentro junto con mis abogados llevando las acciones legales necesarias para que se haga justicia, pero me pregunto: ¿cuántos casos iguales se llevan ante la Junta de Gobierno? Se creen intocables, pero el estado de derecho les demostrará que no lo son. Todas las acciones de mi parte no son sólo para defender mis derechos, sino para alzar la voz de quienes no pueden hacerlo.
Hortensia Galeana Sánchez*
*Doctora Hortensia Galeana Sánchez, exdirectora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora de la máxima casa de estudios.
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