Antonio Barragán Carrasco, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Xóchitl Ramírez Velasco son algunos de los nombres de las personas consideradas injustamente presas en México. Pasarán otra navidad tras las rejas, a pesar de dos programas federales de excarcelación y del esfuerzo de sus familias y organizaciones sociales que luchan por su liberación.
Seguirán en prisión, incluso, luego de que compañeros de lucha, que habían sido aprehendidos bajo los mismos cargos, ya lograron su libertad. Hay quienes suman 22 años tras las rejas; pero hay quienes fueron detenidos hace 2 años; otros, hace algunos meses.
Todos realizaban actividades políticas cuando se les giraron órdenes de aprehensión. Defensores de sus causas coinciden en que las complicaciones que impiden las liberaciones están a cargo del Poder Judicial; en algunos casos, del Poder Ejecutivo local de estados de la República, y de poderes fácticos.
Al inicio del actual sexenio, eran cuatro los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) encarcelados. La liberación más reciente ocurrió ayer, la de Orlando Ávila Mesino. Fue recibido con júbilo por sus familiares y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, sigue tras las rejas Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas (Coyuca de Benítez, Guerrero, 1995). Está por cumplir 23 años tras las rejas; 13 de ellos sin sentencia. Sufrió, como otros integrantes de la OCSS, la cacería que llevó a cabo Genaro García Luna contra la organización en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La OCSS, surgida en 1994, ha padecido decenas de casos de represión y la desaparición forzada de varios de sus integrantes, entre ellos, liderazgos como el de Gilberto Romero Vázquez. También han sufrido el asesinato de 35 militantes, entre ellos, Eugenio Aguirre Bahena, Ismael Mena Álvarez, Antonio Aguirre, Isidoro Bahena, Eusebio Vázquez Juárez, Transito Mesino Lezma, Alfonso Rosas, Miguel Ángel Mesino y Rocío Mesino.
Antonio Barragán Carrasco está en prisión desde 2001. Mediante la aplicación del protocolo de Estambul se acreditó que fue torturado por los agentes que lo detuvieron para que se declarara culpable de delitos que no cometió.
No sólo es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas. También es víctima de desplazamiento forzado interno desde 1996. Por su situación de pobreza nunca tuvo acceso a una defensa adecuada. Fue sentenciado mediante pruebas prefabricadas en tres causas penales.
Otros casos similares son los de los presos de Eloxochitlán de las Flores, Oaxaca. Llevan 9 años en prisión. De siete aprehendidos en un inicio, permanecen tras las rejas tres: Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco y Francisco Durán Ortiz. Los casos datan de diciembre de 2014. Les achacan un homicidio que no cometieron. En el fondo se trató de una disputa entre intereses privados y los comunitarios de Eloxochitlán.
En situación similar se encuentran los tseltales Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez. Originalmente eran cinco detenidos pero uno ya pudo ser excarcelado. Son habitantes de San Juan Cancuc, Chiapas. Se trata de defensores de derechos humanos que están privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022. Formalmente están acusados de delitos contra la salud.
También destaca el caso de la indígena zapoteca Xóchitl Ramírez Velasco, integrante de la organización civil, Atzin Desarrollo Comunitario. Está presa desde el 3 de mayo pasado, acusada de secuestro.
El Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones, creado a instancias del gobierno federal, reconoce como personas injustamente presas a la mayoría de las citadas. Sin embargo, obstáculos en los procesos judiciales han impedido la excarcelación. La secretaría Ejecutiva de este Comité está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Mientras, la secretaría Técnica, de la de Seguridad y Protección Ciudadana.
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