La iniciativa de reforma en materia eléctrica busca acabar con diversas injusticias que se derivan del sistema vigente desde 2013, entre ellas la indebida ventaja a la iniciativa privada por encima del interés público, explicó el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. Entre esas características negativas que se combaten con la propuesta actual está la eliminación de esquemas como el autoabasto ilegal.

Al respecto, el funcionario explicó que en dicho esquema “se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado, como monopolios con despacho automático, y que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a los grandes consumidores”.

Al participar en la conferencia presidencial, Bartlett Díaz detalló que la reforma de 2013 al mercado eléctrico generó ventajas para las empresas privadas en contra de la empresa pública: “en esta falsa competencia, la CFE está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, garantizándoles así su rentabilidad”.

Recordó que también el llamado despacho económico otorga todas las ventajas a las empresas privadas. Por lo que advirtió que “este sistema establece la prelación del interés privado sobre interés público y nacional que representa la empresa del Estado. Por todo lo anterior, el presidente [Andrés Manuel López Obrador] propone reformar el texto constitucional para atender la problemática descrita”.

El director general de la CFE detalló que se reformarían los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para darle prioridad a la soberanía nacional y reforzar a la empresa pública, con lo cual se garantizaría que no aumenten los precios de la energía eléctrica.

“La visión de que la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país, debe estar incluido como principio básico en el texto de la Constitución Política”, aseguró Manuel Bartlett Díaz.

En el caso del artículo 28, explicó que la modificación será para preservar la seguridad y autosuficiencia energética de México mediante la CFE, por lo cual se proveerá al pueblo de electricidad al menor precio posible, evitando el lucro. El añadido a ese precepto legal establece claramente que el Estado mexicano es el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control.

Además, determina que el servicio público de internet que presta la CFE es estratégico. Con ello, se busca evitar que las personas con menos recursos económicos carezcan de internet en su educación, y acceso a la cultura, la economía y la información.

El director de la CFE detalló que en la actualidad la ley sí estipula que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, sino actividades estratégicas del Estado. Sin embargo, al no tener objetivos claros, el sistema eléctrico se desarrolla en ausencia de la atribución del control del Estado. En ese vacío las leyes secundarias son las que regulan el sistema.

Al respecto, el presidente López Obrado afirmó que su gobierno cumple con su compromiso de no aumentar el precio de la luz en términos reales, como también ocurre con el precio de las gasolinas, el diésel y los impuestos. “Pero hacia adelante, como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex y no permitir que regrese la política neoliberal”.