Las iniciativas de reformas para extinguir siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), permitirían evitar la duplicidad de funciones, pero sobre todo cancelar negocios privados que son contrarios a los intereses del pueblo, expuso la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

En la conferencia presidencial, la funcionaria expuso que en las últimas décadas se crearon órganos constitucionales supuestamente “autónomos” con funciones de las secretarías de Estado. El argumento para duplicar las funciones, dijo, era que la supuesta independencia de esos organismos permitiría tomar mejores decisiones técnicas y garantizar mayor regulación del mercado, sin injerencias externas.

Sin embargo, Alcalde Luján observó que lejos de significar mayor independencia y mejor desempeño de las funciones, estos órganos generaron un mayor gasto para el erario de la nación, así como el crecimiento de estructuras, duplicidad de funciones y pérdida de rectoría del Estado en el diseño de sus planes y políticas.

Por ello, las iniciativas de reformas buscan  desaparecer los siete órganos autónomos o reguladores: Inai, Cofece, IFT, CRE, CNH, Coneval y Mejoredu.

Además, se propone desaparecer 17 organismos descentralizados

desconcentrados federales, que ahora formarían parte de las dependencias responsables de cada ramo, respetando los derechos de sus trabajadores.

Los ahorros se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

En el caso del Inai, la secretaría de Gobernación detalló que fue creado en 2002 como instituto federal, y en 2014 adquirió mayores atribuciones al convertirse en nacional.

La abogada explicó que el Instituto que encabeza el comisionado Adrián Alcalá actualmente tiene un presupuesto anual de 1 mil 97 millones de pesos, y que en el fondo no ha contribuido a una mayor transparencia.

Al contrario, dijo Luisa María Alcalde, el Inai ha solapado casos de corrupción, como ocurrió con las negativas de información en el caso Odebrecht.

Aunque no lo mencionó, en su lámina de exposición también se enunciaba el uso de tarjetas corporativas American Express en bares por parte de sus comisionados, cuya información también fue ocultada por el Instituto.

Y mencionó el caso de Ximena Puente de la Mora, primera comisionada presidenta del Inai que antes de concluir su cargo ya figuraba en la lista de legisladores plurinominales del PRI, como ejemplo de su falta de independencia. Otro caso similar es el de María Elena Pérez Jaén, quien después de ser comisionada de ese organismo ahora es legisladora del PAN.

Por ello, la secretaria de Estado expuso que dado que el Inai canaliza información y da vista a los órganos de control para sancionar incumplimientos, se propone que cada institución cumpla con sus obligaciones y que los órganos de control vigilen su cumplimiento.