La sentencia del Tribunal de Tamaulipas, por la que 88 personas vinculadas al caso Ayotzinapa han quedado en libertad porque supuestamente fueron torturadas, es igual de grave que la ‘verdad histórica’ del exprocurador Murillo Karam: ambas generaron un profundo daño a la investigación, obstaculizan conocer la verdad y generan impunidad a los responsables, señala el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. Entrevistado por Contralínea, el maestro Arturo Medina revela que hay evidencia de que muchos de esos liberados –que sí participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas o cuentan con información de primera mano– dieron negativo a tortura, pero sus testimonios y las pruebas que se desprendieron de éstos ya no se pueden usar. No obstante, indica que desde la CoVAJ no se renunciará a ninguna línea de investigación derivada de esos procesos. Consultado sobre por qué no han sido citados a declarar el expresidente Peña y los exsecretarios de Defensa, Marina y Gobernación, el funcionario indica que ninguno de ellos figura en las dos carpetas que ha judicializado la FGR. Asimismo, habla de los avances en la investigación, incluidos los de la búsqueda de los jóvenes en campo
Primera parte. Al igual que la mal llamada “verdad histórica” que montó el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para manipular las escenas de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero –ocurrida el 26 de septiembre de 2014–, la sentencia dictada el 31 de mayo de 2018 por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez [1] –del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas– ha causado un daño profundo a la investigación, ha obstaculizado conocer la verdad y dar con el paradero de los jóvenes, y ha generado impunidad a los responsables.
A la fecha, esa sentencia ha dejado en libertad a 88 personas que habían sido vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes, al presumir –pero no comprobar– que fueron torturadas. Ahora se sabe que muchas de esas personas que sí participaron en el crimen no fueron torturadas: los Protocolos de Estambul que se les practicaron, y cuyos resultados se obtuvieron después de sus liberaciones, dieron negativo, revela el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.
En entrevista con Contralínea, explica que esa sentencia por la que se resolvieron los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 “no tuvo por acreditada la tortura, pero presumió la tortura si no se llevaba a cabo [el Protocolo de Estambul en 10 días]. Y te puedo adelantar algo, todavía con algunas reservas, hay evidencia de que muchas de las personas que fueron liberadas dieron negativo en su prueba, en su Protocolo de Estambul. Ya se dará a conocer”.
—¿No se puede adelantar el número de cuántos son?
—No porque ahora estamos procesando la información justamente para saber qué se puede hacer, y sería dar elementos que les podrían generar mayor impunidad. O sea, no podemos comprometer [la investigación]. Pero sí puedo decir que muchos de los que fueron liberados hoy se sabe que, aunque no se terminaron los protocolos en los 10 días, cuando se terminaron, salieron negativos. Sin embargo, lo que declararon: ‘sí yo estuve ahí’; o ‘sí, yo vi quién’; o ‘yo supe quién’ fue anulado. Esta prueba, o este señalamiento, fue anulado. La confesión misma de que lo hayan hecho o hayan participado quedó anulada. Por eso es que nosotros insistimos que esta sentencia tiene que ser revisada, porque si hablamos de generar impunidad, esta [sentencia] es la reina de la impunidad contra los padres y madres porque les negó la verdad; contra los torturados, quienes hayan sido torturados, porque tampoco se va a saber si lo fueron, legalmente no, hoy lo vamos a saber como un documento histórico pero ya no va a servir como verdad jurídica, no se va a sancionar a los torturadores. Por lo menos esas tres cosas que jurídicamente están en la sentencia son igual de graves que la verdad histórica, sólo que acá lo propicio un tribunal del Poder Judicial y lo defendieron algunas organizaciones y algunas agencias internacionales, qué grave ¿no?
—¿De esas 88 personas que fueron liberadas por la sentencia del Tribunal de Tamaulipas se tiene certeza de cuántos habrían participado o habrían tenido conocimiento de primera mano de la desaparición de los 43 estudiantes? –se le pregunta al maestro en derecho Arturo Medina, también titular de la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ).
—Sí tenemos esa información, pero jurídicamente no la podemos utilizar porque fue calificada de ilegal al ser supuestamente arrancada por tortura.
—¿Se puede difundir el dato de cuántos son?
—Estamos en la revisión. Ahora no te lo puedo comentar pero vamos a integrarla seguramente en los informes y en los reportes que más adelante se darán a conocer. El presidente [Andrés Manuel López Obrador] ha dicho que se tienen pruebas de que hay personas que fueron declaradas inocentes o que fueron torturadas, se sabe que después, [dicho] por ellos mismos, participaron. Y eso está documentado. El presidente habla con una puntualidad y con una precisión porque ha leído el expediente, es impresionante el conocimiento que tiene del caso. Esta metido en este tema y nosotros estamos aportando desde estos ámbitos: territorio, escritorio, de conocimiento técnico, análisis jurídico y diálogo los elementos para poder avanzar y en eso vamos a continuar.
El maestro Medina Padilla señala que esta sentencia “fue un golpe muy duro para la verdad”, pues ha obstaculizado las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas rurales, así como las labores de búsqueda. Y es que el entorpecimiento que ha causado a las indagatorias no poder usar testimonios y evidencias de aquellos que fueron liberados a pesar de su responsabilidad en el crimen, se suma a la manipulación deliberada de las escenas que el exprocurador Murillo Karam llamó “la verdad histórica”, y al pacto criminal de silencio que ha rodeado este caso.
El subsecretario de Derechos Humanos explica que esta sentencia de mayo de 2018 ha generado un obstáculo para conocer la verdad. Con su determinación, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas dejaron en libertad a 88 personas que habían sido vinculadas a proceso por este crimen. Por ello, el funcionario critica que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron esa sentencia de “paradigmática, de histórica, de vanguardista y de garantista de los derechos humanos” [2], cuando en realidad es tan grave como la manipulación que en su momento hizo la Procuraduría General de la República.
Y aunque en un primer momento se acreditó que eran 62 personas liberadas, señala que “los efectos de la sentencia permitieron que, con juicios posteriores y en cumplimiento a esta sentencia, se dejara en libertad a 88 personas. Nosotros habíamos referido 62 [personas] pero la Fiscalía General [de la República] hace unos días nos da la cifra de 88”.
Para el titular de la CoVAJ es muy importante hablar de esta sentencia porque generó triple impunidad: “desde nuestro punto de vista, es igual de grave que la verdad histórica. La verdad histórica simuló una verdad, quiso crear una realidad en la que determinó qué había pasado de manera artificial y a posibles responsables, desviando la atención de la investigación, y eso es muy grave porque se quiso culpar a personas que habían participado o no, y excluyó la responsabilidad de otras. Y se dijo que los jóvenes habían sido llevados a un lugar y que se había dispuesto de ellos, y se quiso cerrar el caso. Eso es muy grave para la investigación y para la justicia y a eso se llamó la verdad histórica. Pero lo que hizo esta sentencia fue todavía más allá: primero permitió la libertad de estas personas a través de ordenar la realización del llamado Protocolo de Estambul. ¿Qué es el Protocolo de Estambul? Es una serie de pruebas médicas, exámenes físicos, especializados o generales, pruebas psicológicas o test, y evaluaciones para saber si fue afectado no sólo físicamente sino emocionalmente con amenazas, con tortura psicológica, que llevan a conclusiones, y estas conclusiones permiten saber si una persona fue obligada a reconocer un acto o a negarlo, eso es tortura. El procedimiento para saber si se torturó a alguien normalmente tardaba en ese entonces de 3 meses a 18 meses, en la experiencia que hemos visto en casos similares. Ordenarlo en 10 días a conciencia de cuánto se tarda, desde nuestro punto de vista, es condenar el expediente a que naufragara”.
El maestro Medina Padilla acusa que los magistrados del Poder Judicial federal, que son personas encargadas de procurar justicia, sí sabían cuánto tiempo tardaba la realización de esos exámenes porque se allegan de ese tipo de información, además de la experiencia que generan por juicios similares.
“Si no tomaron en cuenta esas valoraciones, y además dijeron: ‘si no se hace en 10 días los vamos a dejar en libertad, vamos a considerar que fueron torturados’, pues eso es generar impunidad; porque, uno, no acreditas la tortura; dos, el posible torturador tampoco va a ser sancionado porque no acreditaste que torturó; y tres, lo más delicado, no ponderaste el derecho de las víctimas, de los padres. Por eso hay gente que no quiere hablar de esta sentencia y le molesta mucho que se hable y se argumente, porque en el pasado la celebraron, y hoy saben que los efectos perniciosos para la justicia de esta sentencia apenas los vamos a ver, apenas los estamos viendo y los vamos a sentir seguramente en la búsqueda de la verdad”.
Además de que la sentencia de los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez liberó a 88 personas, y entre ellas hubo quienes dieron negativo a tortura en sus protocolos de Estambul y muchas de ellas sí participaron en la desaparición de los 43 jóvenes, el subsecretario advierte que también revictimizó a los familiares al ordenar la creación de una comisión de investigación donde ellos serían los responsables de “hacer justicia”.
“Muchos dicen que es el antecedente de la Comisión de la Verdad; no es así, porque la CoVAJ –donde estamos, donde trabajo el día de hoy– es una comisión de apoyo que coadyuva con las autoridades judiciales: les damos información, procesamos datos, sistematizamos, tenemos personal técnico, atendemos a los padres, hemos tenido más de 76 reuniones con ellos, 18 presididas por el presidente [López Obrador], eso es lo que hace la CoVAJ, y mantiene el diálogo, por eso es muy importante para nosotros. Y la comisión que ordenó crear esa sentencia decía que serían los padres, a través de sus representantes, quienes determinarían las líneas de investigación, y que ellos determinarían qué pruebas se desahogan. Eso es ser juez y parte, es revictimizar a los padres: no solamente son víctimas, también tenían la responsabilidad de hacerse justicia. ¿Y a eso le llaman ser vanguardista en materia de derechos humanos? No hay algo más contradictorio que eso: hacer que los padres determinen la investigación, que la lleven, que la conduzcan, eso es ser juez y parte, eso es ‘ojo por ojo’. Y la cuarta transformación no comparte eso: creemos que la justicia es responsabilidad del Estado, y que la verdad y el hallazgo de los jóvenes depende de las autoridades y tenemos que trabajar para ello. No es obligación de los padres, ellos son un ejemplo de constancia en la búsqueda de verdad para sus hijos. Los padres merecen nuestro respeto por su constancia en la lucha en este proceso tan doloroso para el país, y que nos exige trabajar en coordinación”.
De acuerdo con el Poder Judicial, la sentencia del Tribunal de Tamaulipas “determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). La citada comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos”.
Al respecto, el maestro en derecho critica que esta determinación cancelaba de facto el debido proceso: “ya el Ministerio Público no es el responsable de la investigación, es decir, cambia la tradición del sistema penal sólo para este caso, y ordena cosas que hoy serían tachadas de inconstitucionales por lo menos, inconvencionales, ahora que estamos hablando en este momento de la convencionalidad de las propias disposiciones constitucionales. La propia Corte Interamericana, el sistema regional, el sistema universal han emitido resoluciones que hacen un llamado a respetar el debido proceso, pues aquí no contó. Y esas mismas instancias celebraron esa sentencia”.
Por ello señala que si se habla de impunidad en el caso Ayotzinapa se debe hablar de esta sentencia, porque “dejó sin efecto las declaraciones, los testimonios y las pruebas aportadas que supuestamente fueron arrancadas por tortura. Y si fueron arrancadas por tortura, pues claro que tienen que ser nulas, el Estado mexicano tiene que estar en contra de la tortura, pero aquí no se acreditó la tortura”. Muchas de esas 88 personas, indica, han sido señaladas de pertenecer a grupos criminales, y los otros eran autoridades locales o municipales.
Consultado por Contralínea de si alguna de esa evidencia no puede ser utilizada para generar nuevas líneas de investigación o para seguir algunas pistas, el subsecretario de Derechos Humanos indica: “nosotros no vamos a desperdiciar ninguna línea de investigación, no vamos a cerrar ni vamos a renunciar ninguna línea de investigación, que sean los tribunales los que nos digan si se puede o no. Ahora, también hay que decir algo, yo estoy comentando algo que está en competencia de la UEILCA, del doctor Rosendo [Gómez Piedra] que es el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, y ellos están integrando [las carpetas]. Nosotros vemos una gran voluntad del fiscal general [Alejandro Gertz] y también del fiscal especial en esto. No se va a renunciar a ninguna línea de investigación. Y ya será cuestión de los tribunales determinar lo conducente, sólo esperamos que también haya vocación de verdad y de justicia a quien [desde el Poder Judicial] le toque revisar estos expedientes, y que no sea algo tan trágico como esa resolución a la que he referido y que nos aleja de la verdad, más que acercarnos, que parece que abrió una brecha, un abismo que pareciera difícil de cruzar, pero que poco a poco estamos avanzando para ello”.
Expresidente y exsecretarios no figuran en carpetas
En este tema de la impunidad, Contralínea preguntó al titular de la CoVAJ que ha impedido que el expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; y de Marina, Vidal Soberón, sean citados a declarar para que aporten los datos de los que tuvieron conocimiento, el maestro Medina Padilla indica que aunque se investigan todas las líneas de probables responsabilidades, en las dos carpetas de investigación judicializadas por la FGR no se ha llegado a ese nivel jerárquico.
“Nosotros no hemos renunciado a ninguna línea de investigación, pero la UEILCA ha procedido donde tiene elementos para hacerlo; y en este caso el presidente [López Obrador] ha sido muy claro: donde hay elementos para investigar lo vamos a hacer, donde evidentemente no hay ningún elemento pues no hay que hacerlo. Y también hay que separar: hay dos carpetas de investigación principales, en una se investiga la desaparición de los jóvenes, que es nuestra prioridad y no vamos a perder el foco para encontrarlos; y otra que tiene que ver con los actos realizados después de la desaparición y que tuvieron por objeto ocultar responsabilidades. Entonces son dos grandes paquetes: el de la desaparición y el de la llamada ‘verdad histórica’, que es esta simulación, y se están haciendo las investigaciones en esas dos carpetas. No hay, esos funcionarios que refieres no son parte de ninguna de las dos carpetas. De ese nivel no. Pero sí hay unos que vale la pena mencionar: nosotros, el gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General, se ha ejecutado orden de aprehensión contra un exprocurador general de la República [Murillo Karam], se tiene a un exfiscal general antisecuestros [Gualberto Ramírez Gutiérrez], se tiene a otro exfiscal de robo y robo de vehículos, se tiene a ministerios públicos, peritos, policías federales y elementos de diversas corporaciones sujetos a proceso”.
Al respecto, abunda que son 124 personas detenidas, y que por lo menos hay 40 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. “Entonces el actuar de este gobierno a lo largo de este sexenio pues ha sido, desde nuestro punto de vista, comprometido con la búsqueda de la verdad. Y hay un abismo entre lo que se hace hoy y lo que se hizo en el sexenio anterior. Y los números hablan por sí mismos: el nivel de los funcionarios, las dependencias a las que pertenecían o pertenecen, la profundidad en la investigación, el trabajo en campo y la ruptura del pacto criminal para no hablar. Entonces creo que sí se está atendiendo la investigación en todos los sentidos y se ha solicitado el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General cuando ha habido elementos para hacerlo”.
Referencias
[1] https://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2018/notaInformativa19.pdf
