La Corte Federal para el Distrito de Arizona dictó una sentencia favorable para el gobierno mexicano, respecto a su segunda demanda contra los vendedores de armas del Estado de Arizona.
De acuerdo con la sentencia de la juez Rosemary Márquez, las tiendas distribuidoras tenían el conocimiento de que las armas terminarían siendo usadas por los grupos del crimen organizado en territorio nacional. Por ello, afirmó el derecho de México a demandar en nombre propio y de su población.
De igual manera, reconoció el argumento planteado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a que las tiendas no gozan de inmunidad por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, debido a sus prácticas comerciales negligentes, con las cuales han favorecido a traficantes.
Se espera que la demanda permanezca en el análisis de la Corte para su pronta resolución, pese a los recursos de apelación que se puedan interponer. Se estima que en las siguientes etapas se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de los demandados, informó la SRE en un comunicado.
“México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías de su alcance”.
La SRE indicó que el fallo emitido el 25 de marzo es un avance para mitigar los daños colaterales de la industria armamentista, así como al flujo del tráfico de armas para los cárteles del narcotráfico.
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