A partir del decreto del gobierno de la Ciudad de México, oficialmente entró en vigor la reforma al Código Penal Local, con la cual los servidores públicos, que por acción u omisión, permitan la construcción de inmuebles o de pisos adicionales sin cumplir con los requisitos legales podrán ser sancionados, con una pena de 10 a 20 años de prisión. En caso de que sean otorgados a cambio de un beneficio económico, la condena podría aumentar hasta 30 años.

La reforma publicada en la Gaceta Oficial dio efectiva la creación del capítulo XV en el artículo 276 Quater del Código Penal. En éste, se dictamina que los funcionarios públicos, cónyuges, descendientes, ascendientes, socios, sociedades, entre otros, podrán ser sancionados por buscar algún beneficio, al otorgar permisos de construcción inmobiliaria de carácter irregular.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, indicó que estas medidas legales frenarán las irregularidades que su administración ha detectado. Tan sólo en año y medio, fueron identificadas 130 obras relacionadas al “cártel inmobiliario”, el cual involucra a exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez.

De igual manera, puntualizó que la construcción masiva de pisos sin margen legal reduce la disponibilidad del agua; aumenta el costo del suelo, viviendas y rentas, y genera riesgos de protección civil.

“Cuando las obras se permiten sin ton ni son, sin orden, sin cumplir requisitos, sin cumplir con cada paso, ocurren situaciones como la de edificios nuevos que se derrumban con un temblor o, para referirme a un caso gravísimo reciente, la perforación de instalaciones estratégicas, como un túnel del Sistema Colectivo Metro”.

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