Encabezado por Norma Piña, el Poder Judicial acelera la guerra contra la cuarta transformación y mantiene como posibilidad la pretensión de anular las elecciones presidenciales, lo que constituiría un golpe de Estado técnico. Desde agosto de 2023, la ministra presidenta amenazaba con afectar la transición del poder, al declarar que el proceso no sería pacífico ni habría estabilidad democrática si no se les asignaba el presupuesto millonario que pedían; para diciembre, se reunió con el líder del PRI –Alito Moreno–, el ministro González Alcántara y tres magistrados del Tribunal Electoral en plena contienda; en abril pasado abrió y filtró un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro Arturo Zaldívar, quien ahora es parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum; y para el 14 de mayo, consintió que magistrados del TEPJF se reunieran con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para argumentar falsamente que “no hay piso parejo” y que es “elección de Estado”. A eso se suma que, al suplantar al Legislativo, la Suprema Corte ha invalidado 74 leyes y reformas; juzgadores siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción; y han liberado a presuntos delincuentes de cuello blanco, a actores clave del caso Ayotzinapa y a integrantes del crimen organizado, lo que contribuye a la desestabilización por violencia extrema
Cinco sucesos revelan que la sombra de un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial de la Federación se mantiene con la pretensión de anular los comicios del próximo 2 de junio y, con ello, impedir la llegada de la primera mujer de izquierda a la Presidencia de la República. Uno de esos hechos fue la amenaza pública que lanzó directamente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández el 28 de agosto de 2023 [1], cuando advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD.
Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.
A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para asegurar que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado” y mantener abierta la posibilidad de solicitar la nulidad de los comicios.
Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.
De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importa controlar: la calificación de la elección del próximo 2 de junio.
Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [2].
El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.
La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [3], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.
Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.
Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.
Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras sigue tejiendo el escenario que mantiene la posibilidad de declarar nulas las elecciones. Incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.
Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”
Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”
La guerra judicial contra la 4T
La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.
Ya en el mandato de Norma Piña, destaca que la SCJN invalidó, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el próximo 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harían reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces.
En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [4]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.
Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.
Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.
Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.
Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [5].
La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.
Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.
Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.
Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.
Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.
Referencias
[1] https://acortar.link/akQM2A
[3] https://centralelectoral.ine.mx/2023/09/07/inicia-proceso-electoral-federal-2023-2024/
